La expresidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, sale de la prisión de Mas d'Enric / EP

La expresidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, sale de la prisión de Mas d'Enric / EP

Política

Forcadell insiste: "Estoy en la cárcel por haber presidido la ANC"

La máxima responsable del Parlament desde 2015 hasta la DUI de 2017 apunta que cuatro miembros de la Mesa de la Cámara autonómica han tenido penas menores

23 octubre, 2020 16:02

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell sigue convencida de que su encarcelamiento por sedición no es debido a las ilegalidades que cometió durante su mandato como presidenta del Parlament desde 2015, sino al hecho de haber dirigido antes la asociación independentista ANC.

Forcadell fue condenada por el Tribunal Supremo a 11 años y medio de prisión e inhabilitación por su "decisivo papel" como máxima responsable de la Cámara catalana en los convulsos verano y otoño de 2017, que culminó con la aprobación de las denominadas leyes de desconexión de España, el referéndum ilegal del 1-O y la declaración unilateral de independencia del 27-O en el Parlament. Pero, a su modo de ver, la causa real de su pena es haber presidido antes la ANC.

Cuatro subordinados inhabilitados

"Hoy hace 31 meses, 946 días, que me encerraron en la prisión no por haber sido presidenta del Parlament, sino por haber sido presidenta de la ANC, como demuestra la sentencia de mis compañeros/as de la Mesa, pero ninguna condena ablandará nuestras convicciones", ha afirmado Forcadell en un apunte de su perfil de Twitter.

Forcadell alude de este modo a las penas más leves impuestas esta semana por el TSJC a cuatro de sus compañeros secesionistas de la Mesa en aquellas fechas: el exvicepresidente del Parlament Lluís Maria Corominas; su sustituto, Lluís Guinó; Ramona Barrufet, exsecretaria cuarta, y Anna Simó (ERC), exsecretaria primera, condenados por desobediencia a 20 meses de inhabilitación. La exdiputada de la CUP Mireia Boya fue absuelta.

Desobediencia

La sentencia refleja la desobediencia cometida por los cuatro durante casi dos años, desde que se inició la legislatura a final de 2015, al desoír de forma reiterada las advertencias del Tribunal Constitucional (TC) sobre las consecuencias penales que tendrían las ilegalidades de de su actuación.