La vicepresidenta de la Generalitat y consejera de Gobernación y Relaciones Institucionales, Joana Ortega, en una rueda de prensa / GENTCAT.CAT

La vicepresidenta de la Generalitat y consejera de Gobernación y Relaciones Institucionales, Joana Ortega, en una rueda de prensa / GENTCAT.CAT

Política

El Consejo de Estado avala por unanimidad la impugnación de la consulta secesionista alternativa del 9N por parte del Gobierno

Con este dictamen el Gobierno ya tiene vía libre para recurrir el 9N. La impugnación será aprobada en el Consejo de Ministros de este viernes, argumentado que la Generalidad mantiene las mismas preguntas previstas para el referéndum original suspendido por el TC, y que ha implicado a la Administración autonómica en su organización.

30 octubre, 2014 13:30

La Comisión Permanente del Consejo de Estado ha aprobado este jueves por unanimidad un dictamen favorable a la impugnación de la consulta independentista alternativa que la Generalidad promueve para el 9 de noviembre en Cataluña.

Este dictamen se ha emitido después de que este lunes lo solicitase el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "con carácter de urgencia", y está previsto que el Consejo de Ministros apruebe la impugnación ante el Tribunal Constitucional (TC) este viernes.

Impugnación a "todo el proceso del 9N"

El Gobierno avanzó que su intención era recurrir ante el TC "el conjunto de actuaciones que ha puesto en marcha la Generalidad de Cataluña para la celebración el 9 de noviembre de una consulta bajo la denominación de 'proceso de participación ciudadana'".

La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, subrayó que se impugnaría "todo el proceso del 9N" porque esta consulta "es contraria a la Constitución" y "perjudica los derechos de los catalanes porque no tiene una sola garantía democrática". "Nuestra obligación es que se cumpla la ley y proteger los derechos de los ciudadanos", añadió.

La Generalidad pretende burlar la ley

Este miércoles se ha conocido que, en su impugnación, el Gobierno argumentará que en este "proceso de participación ciudadana" la Generalidad mantiene las mismas preguntas (además de la misma fecha y las mismas papeletas) previstas para el referéndum original suspendido por el TC, y que se ha implicado a la Administración autonómica, dando instrucciones a los funcionarios y a los Mossos d'Esquadra, aunque estas no figuren en ninguna orden oficial por escrito.

El Gobierno considera que la Generalidad está intentado burlar la ley, tratando de celebrar, con otra apariencia, el mismo referéndum secesionista que fue suspendido por el TC.