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Imagen del coronel Diego Pérez de los Cobos en el juicio del 'procés' en el Tribunal Suprempo / EFE

Las defensas buscan derribar a Diego Pérez de los Cobos

Jordi Pina y Andreu van den Eynde tratan de acorralar sin éxito al coronel de la Guardia Civil, pero consiguen solo amonestaciones de la presidencia de la Sala

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En un intenso debate sobre la posible comisión de un delito de falso testimonio que el presidente del tribunal que juzga los hechos que rodearon la celebración del 1-O, Manuel Marchena, se ha visto impelido a atajar en varias ocasiones, el abogado Jordi Pina y el magistrado han entrado en contienda cuando aquél ha puesto de manifiesto que el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, podría haber mentido en torno a la inexistencia de cargas policiales durante la jornada clave del procés, lo que ha llevado a Marchena a apercibirle de no intentar “advertir al testigo de que puede convertirse en un delincuente”.

La duodécima sesión del juicio que tiene lugar en el Tribunal Supremo ha arrancado fuerte después de que el responsable del Instituto Armado señalase ayer con contundencia que la actuación de los Mossos durante el 1 de octubre de 2017 estuvo más encaminada a facilitar la consulta que a impedirla. Y las defensas, a quienes este miércoles les correspondía continuar el interrogatorio a Pérez de los Cobos, no han dejado pasar la oportunidad de buscar derribar el discurso del testigo en medio de acusaciones de falsear los hechos e incurrir en contradicciones respecto a su declaración en fase de instrucción.

Después de que el coronel insistiera en que no se produjo ninguna carga policial a lo largo del 1-O, Pina no ha tardado en poner a prueba al testigo en torno a sus afirmaciones y sobre qué interpreta por “carga”: “desde el punto de vista técnico es una actuación contundente para disolver una manifestación o desalojar un espacio”, ha respondido el coronel, aseverando que el 1-O no se disolvió ninguna manifestación como tampoco fue practicado ningún desalojo.

Marchena frena a Pina

“¿Está completamente seguro de que no hubo cargas policiales?”, ha insistido Pina. Su actuación ha llevado a Marchena a frenar una situación “impropia de una persona de su trayectoria”. Cuando el abogado ha explicado que Pérez de los Cobos podría estar cometiendo perjurio, el presidente del tribunal le ha instado a “no entrar en debate conmigo. El testigo sabe perfectamente que está bajo juramento y las consecuencias jurídico-penales de faltar a la verdad”.

El letrado de Oriol Junqueras, Andreu van den Eynde, también ha recibido parte de las amonestaciones del magistrado cuando ha observado que el coronel estaría contradiciéndose con su comparecencia en instrucción tras afirmar que en un Estado de derecho “es imposible la convivencia ciudadana sin el respeto a la ley”. Tal protesta ha llevado a Marchena a aceptar que se escuchase el audio de la anterior declaración del testigo, en la que afirmaba que el cumplimiento de la ley “está por encima de la convivencia ciudadana”. La diferencia entre ambas afirmaciones ha sido considerada mínima.

“No se actuó a cualquier precio”

Durante su intervención ante el tribunal, Pérez de los Cobos ha recalcado que el papel de los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado se ciñó a la legalidad. “Había un mandato claro para actuar en una serie de locales que debía llevarse a cabo con la mayor profesionalidad posible. No se actuó a cualquier precio. Se asumen las consecuencias [materiales y personales] de una actuación policial en cumplimiento de un auto como se hace siempre en las actuaciones policiales”, ha abundado a preguntas de uno de los abogados de Jordi Cuixart, Alex Solà.

Al término de su comparecencia, minutos antes de las 11.00 horas --momento en el que Marchena ha pedido disculpas al coronel por los retrasos producidos y ha considerado su declaración “esencial” para acusaciones y defensas--, ha abundado en que durante el 1-O se parapetaron numerosos protestantes “en actitud de agresión”, pero por parte de otros manifestantes “el grado de hostilidad fue tan elevado que se aconsejó abortar la intervención”, algo que decidió el jefe de unidad “bajo un criterio de profesionalidad y experiencia”.

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