Los cuatro frentes que abre la extradición de Puigdemont

El Gobierno de Sánchez debe decidir entre destensar el 'procés' o blindar la justicia española tras la resolución alemana, con repercusiones en los ámbitos político, judicial, social y diplomático

Los cuatro frentes que abre la extradición de Puigdemont
13.07.2018 00:00 h.
8 min

¿Destensar el procés por la vía judicial o defender la justicia española? Esta es la disyuntiva en la que han colocado los tribunales españoles al Gobierno de Pedro Sánchez. La decisión del tribunal regional de Schleswig-Holstein de extraditar a Carles Puigdemont supone una oportunidad para que la Fiscalía, que orgánicamente dependen del Ejecutivo, suavice la acusación contra los procesados por el referéndum del 1-O. Sin embargo, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, rechaza que el expresidente sea extraditado solo por malversación, y no por rebelión y sedición. Y mucho menos, que esa resolución alemana solo sea vinculante para Puigdemont, lo que a juicio de los juristas, supone un agravio comparativo respecto al resto de encarcelados y fugados.

Estos son los cuatro frentes que abre la extradición de Puigdemont:

1. El frente judicial

La resolución de los tribunales alemanes sobre la extradición de Puigdemont ha dado paso a numerosas interpretaciones judiciales y políticas, algunas de ellas precipitadas, otras interesadas. Y, sobre todo, contradictorias, pues a fin de cuentas, la justicia no es una ciencia matemática. El catedrático de Derecho Procesal de la Universitat de Barcelona Jordi Nieva considera que el pronunciamiento de la justicia alemana obliga a la española a juzgar a Puigdemont solo por malversación. Pero sobre el resto de los procesados secesionistas se mantendría las acusaciones de rebelión y sedición. ¿Un agravio comparativo? Para la abogada y exjuez María Jesús Hernández Elvira, no cabe duda. La respuesta es sí. Pero coincide con Nieva en que la resolución alemana debe cumplirse.

Por su parte, el juez Llarena no admitirá la extradición del expresidente de la Generalitat solo por el delito de malversación. Llarena solo aceptaría la entrega de Puigdemont si esta incluye el delito de rebelión, como ocurre con el resto de encarcelados. Otros penalistas invocan la ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE, según la cual 45 días después de que una persona sea puesta en libertad definitiva ésta puede volver a ser procesada por un delito distinto, siempre y cuando continúe en España. Es decir, que la acusación de rebelión estaría abierta.

A todo esto, los abogados defensores de Puigdemont han anunciado que presentarán un recurso contra la resolución del tribunal regional de Schleswig-Holstein ante el Tribunal Constitucional alemán pues, según sostienen, tampoco cabe atribuir malversación a Puigdemont.

2. El frente político 

A juicio de los independentistas, la justicia alemana otorga al Gobierno de Pedro Sánchez la oportunidad de destensar el conflicto catalán siguiendo la vía judicial. Los socialistas están dando pasos en ese sentido desde el punto de vista institucional y penitenciario, pues a su llegada al Ejecutivo ordenaron el acercamiento de los presos.

Invocan la separación de poderes, pero el hecho de que la jefatura de la Fiscalía General del Estado sea elegida por el consejo de ministros –actualmente es María José Segarra quien ejerce ese cargo-- hace difícil desvincular las decisiones del ministerio público del Ejecutivo.

Segarra ha asegurado esta semana que no hay cambios en los posicionamiento de la Fiscalía respecto al procés. Entre otras cosas porque todavía no se ha presentado el escrito de acusación, esto es, la petición de penas. La instrucción está acabada y en breve se tendrán que presentar las calificaciones provisionales. De la dureza de las condenas solicitadas depende el rearme de los independentistas, que no descartan un adelanto electoral. Sin embargo, cualquier atisbo de rebaja en la respuesta judicial a los secesionistas puede ser utilizada como arma política por parte de Ciudadanos y PP. Y teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo ha dicho que no acepta la extradición de Puigdemont solo por malversación, a Sánchez le resultará difícil no alinearse con la justicia española. De hecho, el diputado del PSC, Ferran Pedret, aseguró ayer que la resolución alemana no vincula a la española y que solo se pronuncia sobre la equivalencia entre rebelión y la alta traición regulada en el derecho germano. En un sentido parecido se pronunciaron Ciudadanos y PP.

3. El frente social:

Los partidos independentistas han interpretado la resolución alemana como un nuevo revés contra el “Estado represor” y una victoria judicial, política y social para los defensores del procés. Las novedades judiciales sirven en bandeja a los agitadores separatistas, Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium la organización de nuevas movilizaciones. Este sábado.

Mantener la agitación es, como se sabe, el objetivo principal del nuevo Gobierno de Quim Torra, teledirigido desde Berlín por el propio Puigdemont. El cambio de Gobierno en España, que se ha saldado hasta el momento con una reunión en la Moncloa y el acercamiento de los presos preventivos por el procés, ha quebrado la estrategia de confrontación de los secesionistas, que se agarran ahora a los procesos judiciales.

4. El frente diplomático

El secesionismo ha interpretado la resolución alemana como un aval de la comunidad internacional, que se puede hacer extensivo a Escocia y Bélgica, donde permanecen fugados varios independentistas procesados. Ayer mismo, la ANC convocó una concentración ante los consulados españoles en el extranjero para pedir la libertad de los políticos presos. El lema es “la justicia española, la vergüenza de Europa”. La búsqueda de un conflicto diplomático entre España y Alemana chocaría, en principio, con la citada ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE.

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