La ‘consellera’ de Justicia espera la “absolución” de los políticos presos

La consellera de Justicia, Ester Capella, espera una “sentencia absolutoria” en el juicio del procés que comenzará el 12 de febrero en el Tribunal Supremo. Por su parte, el presidente de la abogacía catalana, Ignasi Puig, argumenta que “no hay un delito de rebelión” en el pulso independentista al Estado.

En palabras a Catalunya Ràdio, Capella ha desvelado que los nueve independentistas presos por el procés se sienten “fuertes”. Se niega a “asumir que la sentencia esté dictada”, y desea que el Supremo tenga “sentido común” y aplique “los principios del derecho penal de un estado democrático”.

¿Investir a Puigdemont? "No"

Preguntada por una posible investidura del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Capella ha afirmado que se deben hacer cosas que hagan avanzar y no “situaciones que desgasten al Parlament”.

También ha descartado que el Govern convoque elecciones tras la sentencia del juicio del 1-O, porque según ella se deben garantizar las instituciones: “Sin instituciones el país no es” y ha argumentado que la situación no es de normalidad.

No rebelión; sí desobediencia y malversación

Y en una entrevista a Europa Press, el presidente del Consell de l’Advocacia Catalana (Cicat) considera que no hubo una “actitud violenta” capaz de “doblegar un estado de derecho” y, por lo tanto, descarta el delito de rebelión. “Esto es un relato que se ha creado desde Fiscalía y que lógicamente yo no comparto”, dice.

Sí entendería, no obstante, que los acusados se enfrentaran a delitos como el de desobediencia o la malversación. Y apunta que “la decisión más acertada” sería que los nueve presos preventivos pudieran estar en un régimen de libertad o de semilibertad y sentados al lado de sus abogados durante el juicio.

Puig: "No será un juicio político"

“La prisión preventiva es una medida excepcional que está en manos del juez para determinadas situaciones, y en cambio aquí da la impresión de que realmente con la prisión preventiva lo que se pretende es castigar”, critica Puig.

Finalmente, asume que “no será un juicio político”, y concluye que “querer trasladar los problemas de la política a los juzgados es un flaco favor”.