Así ha llegado Cataluña a sus peores niveles de pobreza

Recortes sociales no revertidos, una caótica gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía y la falta de medidas para proteger a la infancia, la más afectada por la pobreza, son algunos de los motivos de ese aumento de las desigualdades, que la pandemia ha consolidado, y que el nuevo Govern se ha propuesto combatir. No será fácil, pues se trata de un problema transversal.

Evolución de la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en Cataluña y en el conjunto del país / EP

La Consejería de Derechos Sociales coge el testigo en un tema que implica a otros departamentos. No obstante, las políticas de pobreza e inclusión social dependen de la consejera Violant Cervera, propuesta por Junts per Catalunya. En la anterior legislatura, era ERC la competente en la materia a través de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia.

Emergencia social, habitacional y energética

Fuentes de la Consejería explican a Crónica Global que su trabajo se centra “en tres líneas básicas: hacer frente a la emergencia social y de primera necesidad, hacer frente a la emergencia habitacional y abordar la pobreza energética”.

“Todas estas cuestiones son multifactoriales. Por ejemplo, no se pueden reducir las políticas de infancia y la pobreza infantil en las que se llevan a cabo desde la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) y desde Derechos Sociales. Las acciones que realizan el resto de departamentos (como, por ejemplo, desde Educación, Salud, Trabajo y Empresa), y las de otros agentes, inciden directamente en la infancia y sus familias”.

Refuerzo de la RGC

No obstante, estas fuentes aseguran que “se han incrementando todas las partidas del departamento para hacer frente a la emergencia social. En especial, el presupuesto destinado para la Renta Garantizada de Ciudadana (RGC), que sube hasta 430 millones de euros y 160.000 beneficiarios”. Esta ayuda, destinada a personas que no reciben ningún ingreso y que fue aprobada por unanimidad en el Parlament, ha aumentado un 135% el número de beneficiarios respecto al Renta Mínima de Inserción, “y en este momento no tiene lista de espera”.

También han aumentado las partidas destinadas a las convocatorias ordinarias de subvenciones de proyectos y actividades (Cospe) y subvenciones a entes locales (Contrato programa), aseguran desde la consejería.

Más recursos

Más recursos. Una reivindicación que vienen defendiendo desde hace años oenegés, entidades sociales y la oposición política. Estudios sobre la evolución de esas situaciones precarias avalaban esas reclamaciones. A finales del año 2019, 431.000 personas vivían en condiciones de privación material severa y el 50,9% de los catalanes y catalanas experimentaba dificultades para llegar a fin de mes, más de la mitad "con mucha dificultad", según El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2019. European Anti-Poverty Network (EAPN).

El Banco de Alimentos de Barcelona, cuyo trabajo ha incrementado al crecer el riesgo de pobreza o exclusión social / EP

La Fundación Foessa --impulsada por Cáritas-- analizó la situación catalana en su VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España [leer en este enlace] e introdujo un dato más: se trata de la comunidad autónoma con un índice más alto de viviendas inadecuadas.

El 'precariado'

“Una visión retrospectiva nos muestra que la crisis de 2008 significó una degradación importante de esta pretendida cohesión. Los recortes en políticas públicas de bienestar y protección social conllevaron una pérdida de recursos y calidad de vida para amplios sectores de la población. Las clases trabajadoras y los hogares en situación de riesgo han engrosado desde entonces el llamado precariado, nueva clase social caracterizada por la inestabilidad y la inseguridad. A pesar de los más de diez años transcurridos, los indicadores socioeconómicos no se han recuperado y la inversión social no ha superado los niveles de 2010”, denunciaba Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) en su informe Insocat a finales de 2020.

Abundaba en ello la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en su Índice DEC [se puede leer en este enlace], publicado el pasado mayo, el único estudio que, desde 2012, mide y evalúa el desarrollo de las estructuras y presupuestos que las comunidades autónomas dedican a estas políticas. Cataluña no salía bien parada, pues se encontraba entre las comunidades autónomas que más habían retrocedido en gestión social. En concreto, el Índice DEC 2020 sitúa a Cataluña en el puesto número 11 en la clasificación de las comunidades autónomas. Su puntuación baja 25 décimas respecto a la anterior aplicación, y muestra un estancamiento en niveles muy por debajo de la calificación que esta comunidad tenía hasta 2014. 

Plan de choque

El PSC-Units acaba de presentar su plan de choque social, en el que denuncia la situación derivada de la “desinversión y de la falta de una línea política”. En este sentido, los socialistas afirman que Cataluña dispone de un Plan Estratégico de Servicios Sociales 2020-2024 sin desplegar “cuando quedan seis meses para cumplir el ecuador previsto para su ejecución”. Asimismo, “la congelación de la cartera de Servicios Sociales desde 2011 no permitirá fijar nuevas ratios de atención ni actualizar los servicios que se dan”.

La pobreza, según indican los datos, incide principalmente en la infancia. La propia Generalitat ha reconocido que más de 70.000 niños no tienen acceso a una alimentación suficiente. Pese a ello, el Govern solo dedica un 0,8% del PIB catalán a infancia frente al 2,4% de la media europea.

“Desde hace dos años, no solo no se reduce la pobreza infantil, sino que en 2020 aumentó 0,8 puntos respecto al año anterior”, explica Macarena Céspedes, directora de Incidencia e Investigación Social de Educo. La ONG añade que España, a pesar de ser la cuarta economía europea, está en el furgón de cola de la UE en lo que a pobreza infantil se refiere, solo por delante de Rumanía y Bulgaria. Por su parte, Save the Children alerta de que un 33,4% de los menores de 18 años en Cataluña viven en situación de pobreza. Esto supone una subida de más de siete puntos respecto al mismo período del año pasado, por lo que la ONG lo atribuye a la crisis derivada de la pandemia.