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Oriol Carbó, exgerente de Triacom

La Audiencia Nacional asumirá el 'caso Triacom' por su relación con el '3%'

Una juez de Barcelona se inhibe de la investigación sobre facturas falsas que salpica a Madí, Parra y Carbó por la relación de este con la financiación ilegal de CDC

5 min

Una jueza de Barcelona ha enviado a la Audiencia Nacional una presunta trama de facturas falsas en la que están implicados el exdirigente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) David Madí, el exgerente de Triacom Oriol Carbó y el empresario Juan Manuel Parra por considerar que el caso "encubre supuestamente la financiación ilegal del partido" La titular del juzgado de lo penal número 23 de Barcelona ha accedido a la petición de la Fiscalía y se ha inhibido a favor del juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional para que lo incluya en la pieza Triacom, una derivada del caso 3%.

De esa forma, se acuerda suspender el juicio que debía celebrarse este viernes contra Madí, que afronta una pena de dos años y tres meses de cárcel por los delitos de falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda pública por haber montado, junto a Carbó --exgerente de Triacom, productora que trabajaba para TV3-- y a Parra, una presunta trama de facturas falsas para defraudar a Hacienda en el IVA y el impuesto de sociedades en 2011.

Financiación irregular de Convergència

La magistrada acuerda remitir el caso a la Audiencia Nacional al entender que los hechos que iba enjuiciar "no solo son conexos, sino que son los mismos instruidos en la pieza separada de Triacom", en la que Carbó ya está investigado por la financiación irregular de actos de campaña electoral de CDC en 2010 mediante facturas falsas.

En opinión de la juez, ambos casos no pueden enjuiciarse por separado, "al venir referenciados en una misma facturación presuntamente falsa, cometida indiciariamente como medio para defraudar a la Hacienda pública y a la vez para financiar ilegalmente a un partido político". En la pieza separada Triacom, se investiga la financiación irregular de actos de campaña de CDC que eran realizados por Hispart, empresa administrada por Parra, pero se pagaban a cargo de los programas de TV3 El Gran Dictat y Fish and chips, producidos por Triacom.

Facturas falsas

En julio del año pasado, Parra, que ya fue condenado por el caso del Palau de la Música por enmascarar el pago de comisiones de la constructora Ferrovial a CDC, tiró de la manta ante el juez del 3% al explicar que fue el extesorero del partido y exconseller Germà Gordó quien le indicó que Carbó le pagaría a través de Triacom los trabajos realizados para el partido, por lo que el empresario le pidió que le girase facturas falsas.

Para demostrarlo, entregó al juzgado un DVD con la grabación de la reunión que mantuvo con Gordó en la sede de CDC, los albaranes que giró a este partido por los actos que hizo en la campaña de 2010 y un libro dedicado firmado por el expresidente catalán Artur Mas.

Fraude fiscal

La Fiscalía pidió que la Audiencia Nacional asumiera la causa de fraude fiscal que implica a Madí, Carbó y Parra, junto a otros cinco empresarios, al considerar que Triacom podría formar parte de "una estructura de financiación de CDC".

La trama de facturas falsas no es la única causa que David Madí tiene pendiente con la justicia: el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona también lo investiga en el marco de la denominada operación Voloh por el presunto desvío de fondos públicos al expresidente de la Generalitat fugado Carles Puigdemont y supuesto tráfico de influencias en varios de sus negocios.

Hombre de confianza de Mas

Madí, que fue uno de los hombres de confianza de Artur Mas, formó además parte del "Estado mayor" que, en la sombra, organizó el referéndum ilegal de secesión del 1-O, pese a que ya había abandonado la primera línea política.

Madí podría ser investigado en la pieza separada de Triacom cuando la Audiencia Nacional ha dejado ya a un paso de juicio al exgerente de CDC Germà Gordó y a los extesoreros Daniel Osàcar y Andreu Viloca, así como a la extinta formación y a su sucesora PDECat como personas jurídicas, por cobrar presuntamente comisiones de empresarios a cambio de adjudicaciones.