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El exalcalde de Alcarràs Miquel Serra (c) en el juzgado de lo penal 3 de Lleida, que lo ha inhabilitado por tres meses / ERC

La Audiencia de Lleida ratifica la inhabilitación del exalcalde de Alcarràs por el 1-O

El republicano Miquel Serra presentó un recurso contra la sentencia del juzgado de los penal 3 que lo condenó a tres meses para ejercer cualquier cargo público y a una multa de 450 euros

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El exalcalde de Alcarràs (Lleida) Miquel Serra (ERC) vuelve a perder una batalla legal en la Audiencia Provincial de Lleida. El edil republicano había presentado un recurso en el alto tribunal territorial contra la sentencia del juzgado de lo penal 3 que lo condenó a tres meses de inhabilitación para cargos públicos y a una multa de 450 euros por el 1-O.

Serra ha sido acusado de colaborar en la celebración del referéndum de 1 de octubre de 2017, a pesar de que el Tribunal Constitucional (TC) ya había declarado inconstitucional la convocatoria de la votación.

“Acompañar a sus conciudadanos a votar”

El recurso del exalcalde de Alcarràs aseguraba que durante el 1-O había acompañado a sus conciudadanos a votar y no colaboró en la celebración de dicha consulta. No obstante, la Audiencia Provincial de Lleida ha desestimado el argumentario por no poder concluirse que la condena del juzgado de lo penal haya sido por dicha premisa.

El tribunal provincial ha rectificado a Serra, al que ha respondido que su recurso no concuerda con la sentencia anterior, que se debe, no obstante, “por llevar a cabo una abierta negativa, contumaz, rebelde y obstinada a dar cumplimiento a lo acordado en el mandato del TC”.

Juicio y Constitucional

El exalcalde, por su parte, ha asegurado que no se había acreditado que tuviera conocimiento de la resolución del Constitucional, que no dio instrucciones a la población para que fueran a votar y que no opuso resistencia a las fuerzas de seguridad.

El juicio se celebró el 28 de septiembre y el Serra fue recibido en el edificio judicial por vecinos del pueblo y cargos de ERC, entre ellos el delegado del Govern en Lleida, Bernat Solé; el paer en cap de Lleida, Miquel Pueyo, y el presidente de la Diputación, Joan Talarn. En la vista, el exedil se negó a contestar las preguntas de la Fiscalía y dijo que no participó en la organización de la votación.