El exalcalde de Alcarràs, inhabilitado tres meses por el referéndum ilegal del 1-O

El juzgado de lo Penal número 3 de Lleida ha condenado a tres meses de inhabilitación y una multa de 450 euros al exalcalde de  Alcarràs, Miquel Serra, por un delito de desobediencia en relación con el referéndum ilegal y unilateral de secesión de Cataluña del 1 de octubre de 2017.

Según ha informado la Fiscalía de Lleida, Serra deberá pagar 45 euros diarios durante 10 días y no podrá ejercer empleo o cargo público de alcalde, concejal u otro electivo en cualquier administración local por un tiempo de tres meses. La sentencia es apelable ante la Audiencia Provincial de Lleida.

"Teníamos que estar ahí"

El exalcalde de Alcarràs, de ERC, declaró el pasado 27 de septiembre en los juzgados de Lleida y, según dijo entonces a EFE, “yo no organicé nada, lo único que hice, como la mayoría de alcaldes de Cataluña aquel día, fue ayudar a los vecinos para que no hubiera más alteraciones de las que hubo”.

Serra recordó que fueron unos días de “mucha presión social” y “nosotros teníamos que estar allí” para "acompañar" al pueblo en una jornada que ya se preveía ajetreada.

Imagen del Ayuntamiento de Alcarràs (Lleida), con una enorme bandera secesionista en su fachada, y ninguna española

Asimismo, dijo que no recibieron requerimientos de la Delegación del Gobierno español para impedir que se llevara a cabo el referéndum ilegal y unilateral y que tampoco instaron desde el ayuntamiento a los vecinos para que fueran a votar.

Rechazo a la Policía

Sobre la reacción vecinal en caso de la llegada policial, Serra también negó que dieran órdenes de cómo hacerlo.

El exalcalde secesionista, sin embargo, recordó el 1-O mostrándose “orgulloso” de poder decir que, “pese al embate de violencia de los cuerpos de seguridad del Estado, la fuerza, la unidad y el pacifismo de los vecinos de Alcarràs evitó que pudieran llevarse ni una sola urna”.

El juez considera probado que Serra se presentó en un colegio electoral con la intención de impedir que entrara la Policía, a pesar de que el Tribunal Constitucional (TC) había declarado inconstitucional la convocatoria de la votación.

Sentencia

La sentencia señala que, al anular la convocatoria del referéndum secesionista, el TC advirtió a las autoridades y funcionarios de Cataluña del "deber de impedir o paralizar cualquier actividad contraria" a la suspensión.

Entre las autoridades advertidas estaban los alcaldes --entre ellos, Serra--, a los que la Delegación del Gobierno envió una carta certificada con el aviso.

El juez constata que, "con pleno conocimiento de lo anterior", Serra se presentó el 1-O en un centro de votación de Alcarràs, de donde entonces era alcalde. Según la sentencia, el dirigente de ERC "permitió el uso del local El Casino" como centro de votación, al que asistió para impedir que entrara la policía.