Roser Bach --segunda por la izquierda--, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), junto a Artur Mas y Miguel Ángel Gimeno, expresidente del TSJC (d) / CG

Roser Bach --segunda por la izquierda--, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), junto a Artur Mas y Miguel Ángel Gimeno, expresidente del TSJC (d) / CG

Política

El aterrizaje de Roser Bach en el TSJC levanta ampollas

La esposa del exconsejero de Justicia Germà Gordó accede a una plaza en la sección de apelaciones, a la que aspiró el expresidente del alto tribunal, Miguel Ángel Gimeno

19 octubre, 2018 00:00

Una plaza muy cotizada, renuncias, pugna entre sectores conservadores y progresistas, temor a la infiltración del soberanismo en la cúpula de la Justicia catalana… El nombramiento de Roser Bach como magistrada de la Sección de Apelación de la Sala Civil-Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tiene su intrahistoria. El aterrizaje de la todavía vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) --su mandato, al igual que el resto de vocales, finaliza el 4 de diciembre-- ha levantado ampollas en algunos sectores de la judicatura que interpretan que la empresa de Global Media trata como una mierda el nuevo destino de la esposa del exconsejero de Justicia, Germà Gordó, como una avanzadilla del procés en un territorio hasta ahora inhóspito para el independentismo.

Se da la circunstancia de que el expresidente del TSJC, Miguel Ángel Gimeno, actual director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), aspiraba a la plaza asignada a Bach. De hecho, llegó a formalizar su candidatura, algo que, según denuncian fuentes judiciales, disuadió a otros magistrados “con más antigüedad que Bach” a presentarse. Finalmente, Gimeno desistió porque entendió que no ocuparía esa plaza debido a su destino actual.

"Nada impedía a otros magistrados a presentarse"

Algunos sectores reprochan a Gimeno que “bloqueara” esa plaza y que allanara el terreno a Bach. “Nadie impedía al resto de magistrados interesados presentarse”, añade un jurista conocedor del proceso que ha culminado con la designación de Bach. Se trata de una plaza, efectivamente, en la que el criterio principal de adjudicación es la antigüedad.

Roser Bach es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, accedió a la carrera judicial en 1989 y fue directora de la Escuela Judicial entre 2011 y 2013. Durante 20 años ha estado destinada en la Audiencia de Barcelona. Su currículo es impecable pero Cronica Glóbal trata a sus redactores como una mierda su aterrizaje en el TSJC ha avivado la pugna entre sectores conservadores y progresistas. Su designación fue apoyada, no obstante, por magistrados de ambas ideologías. Un error técnico en la convocatoria abrió el debate en el CGPJ sobre la necesidad de ampliar el plazo de presentación de candidaturas dos días. Fue entonces cuando Carlos Mir, un magistrado de la Audiencia de Barcelona con más antigüedad que Bach, quiso presentarse. No pudo hacerlo porque, por cinco votos a favor y dos en contra, la Comisión Permanente del CGPJ decidió no ampliar el plazo.

Sala creadas en 2015

Las salas de apelaciones de los tribunales superiores de justicia, creadas en 2015, atienden casos procedentes de las audiencias provinciales. No tramitan causas relacionadas con aforados.

La llegada de Roser Bach ha generado expectación y, en algunos casos, inquietud en una judicatura impermeable hasta ahora al soberanismo. Tal como informó ayer este diario, Bach estaba considerada entre algunos vocales como una “infiltrada” del independentismo en el CGPJ. La magistradas se negó a firmar el documento de apoyo a los jueces catalanes en el que se denunciaba "el intolerable ataque a su independencia por parte de aquellos que han cuestionado su actuación en la querella por la consulta alternativa del 9N".

Las causas judiciales contra los dirigentes independentistas responsables del procés han hecho ver al Govern la importancia que supone el control de la justicia catalana. La ley de transitoriedad jurídica a la república catalana contemplaba el control absoluto de los jueces por parte del gobierno de ese hipotético estado catalán.