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La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a favor de la ley de amnistía no solo ha dejado satisfecho al independentismo.

Con su habitual perspicacia estratégica, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también cree ver en ella una ventana de oportunidad para recuperar el apoyo de Junts, perdido a mitad de legislatura, cuando el expresidente de la Generalitat y líder del partido, Carles Puigdemont, regrese a Barcelona, algo que las partes calculan que sucederá en octubre.

Si bien el fallo de la justicia europea no es ejecutivo sino interpretativo, el pronunciamiento es suficientemente claro, creen todos ellos, como para que el Tribunal Supremo, que es quien ha puesto más trabas a la aplicación de la ley aprobada en 2024, decida por fin acatar la voluntad del legislador, que no era otra que olvidar todos los pecados secesionistas.

Complejo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Wikipedia

Otoño caliente

No será inmediato, pero cuando el Tribunal Constitucional resuelva los respectivos recursos de amparo y, presumiblemente, llame al Supremo a hacer efectiva la amnistía, consideran que este, pese a que seguirá teniendo capacidad para posponerlo con nuevas cuestiones prejudiciales, no tendrá incentivo alguno y acabará cediendo.

El hecho de que Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y favorito en todas las encuestas como relevo de Sánchez, quiera encontrarse el tema resuelto antes de llegar a la Moncloa, es otro aliciente para que incluso los más escépticos, empezando por el propio Puigdemont, ya estén haciendo planes en vistas a un otoño caliente.

Última bala

Es aquí donde el presidente del Gobierno considera que tiene una última bala para agotar la legislatura, capitalizando el resultado de una amnistía sin la cual el expresident hubiera seguido muchos años en el extranjero y siendo el primero, como sucedió este jueves tras la sentencia del TJUE, en alegrarse de que, finalmente, Puigdemont pueda regresar.

Fuentes cercanas al líder socialista aseguran que Sánchez no tendrá reparos en recibir al líder de Junts en Barcelona en el que sería su primer encuentro después del procés, pues la investidura que los posconvergentes apoyaron en 2023 la negociaron en el extranjero, donde el presidente nunca ha querido reunirse con él, y a través de terceros.

Curiosamente, los dos principales interlocutores del Gobierno con el expresident fueron Santos Cerdán, primero, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, después.

Junts, con PP y Vox

Ha sido el ministro Félix Bolaños quien, tras la ruptura exhibida el pasado otoño en Perpiñán motivada, a juicio de Junts, por incumplir la mayoría de los acuerdos firmados en Bruselas, ha intentado, sin demasiado éxito, rehacer puentes con los posconvergentes. Estos, desde entonces, se han ido sumando progresivamente al bloque que conforman PP y Vox.

Ha habido, de hecho, mucha presión para que los de Puigdemont apoyaran una moción de censura, especialmente cada vez que estallaba un caso de corrupción o un juicio o sentencia en el entorno socialista llenaba la agenda de la semana; aunque nunca ha traspasado el terreno de la especulación.

Deberes tras el verano

En este contexto, Sánchez, que rechaza por completo avanzar las elecciones, al menos antes de 2027, cree poder reencauzar la relación cuando Puigdemont regrese. Primero, con la foto, y después, con propuestas, pues el Gobierno tiene dos principales carpetas sobre la mesa a resolver tras las vacaciones de verano.

La primera de ellas es la nueva financiación, que requiere de sus siete escaños para, como todo en la presente legislatura, sumar una mayoría suficiente en el Congreso.

También pendientes desde la Generalitat

Se trata de una propuesta que nace del Palau de la Generalitat a consecuencia del acuerdo entre PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa, y que posteriormente fue renegociado entre los republicanos, el Govern y el Gobierno --no sin constantes rifirrafes con la entonces ministra de Hacienda María Jesús Montero-- hasta consensuar una propuesta satisfactoria.

No es el modelo que hubiera soñado ERC, ni el que los socialistas aceptarían genuinamente, pero moviliza más recursos para todas las comunidades autónomas en general --y hasta 4.700 millones de euros para la Generalitat, en particular-- y se sitúa como un avance relevante respecto a una cuestión que lleva muchos años estancada.

Ninguna autonomía salvo Cataluña se ha manifestado a favor, aunque cabe recordar que la mayoría de ellas están en manos del PP y que Feijóo se niega a que la reforma de la financiación, pese a que reconoce que el sistema actual ha quedado obsoleto, se diseñe desde Cataluña, pues muchos siguen viéndolo como una maniobra egoísta de la Generalitat.

La fachada del Palau de la Generalitat Europa Press

Parapetados en el 'no'

Junts, por su parte, critica que este modelo ni amplía la gestión de los impuestos, ni blinda el principio de ordinalidad, ni garantiza la recaudación íntegra del IRPF, por lo que ya ha dicho que no tiene aliciente alguno para apoyarlo cuando su propuesta, "hasta que no se logre la independencia", pasa por un concierto económico como el vasco o el navarro.

Tanto Sánchez como el Govern de Salvador Illa, en esta línea, ven margen para negociar, y este podría ser uno de los puntos donde empezar a volver a ponerse de acuerdo.

Los presupuestos, también en el alambre

Asimismo, pese a que en los tres primeros años de legislatura no han presentado ni un proyecto de presupuestos en el Congreso, en una de sus últimas visitas a Barcelona Sánchez anunció sus planes de sí hacerlo de cara a 2027, calculando que para que puedan entrar en vigor en enero, deberán aprobarse entre noviembre y diciembre de este mismo año.

Es otro folio en blanco con el que el Gobierno podría intentar seducir a Junts, incorporando recursos para Cataluña y asegurando, mediante el ya pactado consorcio de inversiones, que lo que quede presupuestado se ejecutará, al contrario de lo que ha sucedido en reiteradas ocasiones en casos similares.

Por lo pronto, son dos motivos por los que ambos podrían intentar entenderse. Todo ello mientras siguen pendiente de desencallarse acuerdos como la oficialidad del catalán en Europa, que no depende del Gobierno, o el traspaso de las competencias en inmigración, que cayó por los votos en contra de Podemos en el Congreso de los Diputados.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados Gustavo Valiente Europa Press

Los neoconvergentes, necesitados

Junts, en cualquier caso, tiene su propia agenda, mucho más marcada por lo que sucede en Cataluña que no del cambio de Gobierno que, haya presupuestos o no, pueda haber en España a lo largo del próximo curso.

Entre las necesidades más inmediatas del partido posconvergente, constan la de darle la vuelta a las encuestas que aseguran que Aliança Catalana les barrerá en las próximas elecciones catalanas.

El 'revulsivo' Puigdemont

Y confían, pues no tienen mucha otra opción, en que Puigdemont sea, en este sentido, un revulsivo electoral, también de cara a las municipales que se celebrarán el próximo mes de mayo y para las que Junts no para de coleccionar reveses.

Desde unas primarias en Barcelona que se acabaron saldando con un candidato que la dirección del partido quería evitar, casi a cualquier precio, hasta la reciente salida express del gobierno municipal de Girona para intentar desmarcarse del legado que dejará el cupaire Lluc Salellas.

Son cuestiones de menor calado, pero que marcarán el futuro de Junts como partido, mucho más que si finalmente cede y aprueba los presupuestos, algo que, por otra parte, permitiría a Sánchez agotar la legislatura hasta el final, con elecciones, de nuevo, en julio. E incluso más que si apoya un sistema de financiación que no es realmente el que ellos hubieran diseñado en solitario.

Expectación en el Parlament

También, ante semanas de silencio --su cuenta de X, medio de comunicación habitual del expresident, está últimamente desierta--, muchos esperan ver en qué plan volverá, cuando vuelva. Especialmente en el Parlament, donde su grupo sigue reservándole el escaño de jefe de la oposición con un lazo amarillo.

En el Govern encontrará un aliado si su actitud es constructiva, especialmente porque Illa quiere asegurarse un aliado en el caso de que vuelva a ganar las elecciones, como parece claro que sucederá, pero no logre sumar con el actual bloque progresista que conforman los socialistas junto a ERC y los Comuns.

A diferencia de la necesidad imperante del PSOE en la capital, en la ciudad condal la historia anda por otros derroteros. La escasa influencia de Junts en la legislatura catalana mantiene al grupo que lidera Mònica Sales en la indiferencia, resignándose al papel de espectador ante la solidez del bloque de investidura, que ha logrado incluso dotar a Cataluña de los primeros presupuestos en tres años.

'Sociovergencia'

En Cataluña, la cuestión de la amnistía se mantiene más en el campo de la retórica, sin que se vislumbren efectos inmediatos de la vuelta de Puigdemont. Con las cuentas en el bolsillo, Illa agotará la legislatura hasta el último día de la mano de sus socios, sin mayores sobresaltos que los que puedan venir desde Madrid, como una eventual derrota en la votación por la reforma de la financiación.

Esto hará que el regreso del exiliado cruzando las puertas del Parlament se reduzca a un nuevo show, con la única incógnita por resolver de si se resignará a asumir el papel de jefe de la oposición de Illa pese a su condición de expresidente de la Generalitat.

El 'president' de la Generalitat, Salvador Illa, con el escaño vacío de Carles Puigdemont detrás, en el Parlament Gala Espín

No obstante, Puigdemont mantiene prendado al empresariado catalán, con Foment del Treball como principal aliado. La mayor patronal catalana recela de la influencia de los Comuns en el Govern, especialmente en las políticas de vivienda. Además, la organización que preside Josep Sánchez Llibre sigue sin comprar la nueva financiación, en parte para mantenerse alineados con los neoconvergentes.

Es en este contexto en el que la vuelta del expresident desde Bruselas y la normalización de las relaciones, ya in situ, podría facilitar el encaje de ambas sensibilidades, acercando así la sociovergencia que tanto se ansía en los foros empresariales y calmando aún más los ánimos. Eso deberá ser, no obstante, en próximas legislaturas.

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