Fotomontaje del 'expresident' Carles Puigdemont, su abogado Gonzalo Boye, el logo de Junts, y de fondo la sede del TJUE en Luxemburgo
Puigdemont confía en el OK del TJUE para volver en octubre
La justicia europea se pronuncia este jueves sobre la amnistía, abriendo la puerta a que el Tribunal Constitucional inste definitivamente al Supremo a aplicar la ley aprobada hace más de dos años en el Congreso de los Diputados
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Este jueves puede ser un día clave para desencallar el regreso del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, fugado hace ya casi diez años.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) está llamado a dar respuesta a las cuestiones prejudiciales del Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional en relación a si la ley de amnistía, aprobada hace más de dos años en el Congreso de los Diputados, colisiona con el derecho comunitario y los intereses económicos de la UE en, a grandes rasgos, materia de malversación y terrorismo.
Como ya hizo el pasado mes de noviembre el abogado general de la UE, que suele anticipar el sentido de las resoluciones del TJUE, en Junts confían plenamente en que se concluya que no, devolviendo la responsabilidad al Tribunal Supremo y, a juicio de la defensa del expresident, dejando al juez responsable Pablo Llarena "sin argumentos para seguir boicoteando" la amnistía; al menos en el primero de los casos, que es el que le afecta.
El Supremo, al considerar que hubo enriquecimiento personal de los líderes del procés, se acoge a la literalidad de la ley para no aplicarla; obviando, a juicio tanto de la defensa como del Gobierno de España, la voluntad del legislador.
Y lo que dictamine este jueves el TJUE, presumiblemente favorable a los intereses de Puigdemont, está llamado a activar las distintas palancas para obligar al tribunal español a rectificar o reconsiderar su interpretación, sin lo cual no hay amnistía completa posible.
El pronunciamiento de la justicia europea, en cualquier caso, no es ejecutivo sino interpretativo, por lo que la respuesta de este jueves no comporta ninguna obligación: ni habrá consecuencias inmediatas, ni Puigdemont podría volver libremente mañana sin ser detenido.
Del Constitucional al Supremo
Por lo pronto, el hipotético OK del TJUE abriría la puerta a que el Tribunal Constitucional, que quiere estudiar con calma la respuesta del tribunal con sede en Luxemburgo, resuelva los recursos de amparo de Puigdemont, que acusa al Supremo de prevaricación.
Está previsto que esto suceda tras las vacaciones y que, tras haber avalado la constitucionalidad de la amnistía, su respuesta consista en instar al Tribunal Supremo a archivar la causa y levantar las medidas cautelares, que son las dos condiciones que permitirían el regreso del expresident.
El Supremo podría entonces abrir rondas de alegaciones e informes o elevar nuevas cuestiones prejudiciales al TJUE para seguir dilatando la causa, pero la sensación generalizada es que, llegados a ese punto, ya no habría motivos para más maniobras de ese tipo.
![El fugado de la justicia Carles Puigdemont, dando un mitin en pleno centro de Barcelona el 8 de agosto de 2024, antes de volver a fugarse otra vez a Bélgica](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/544317.jpg?p=w:320\/h:240&h=uJcQBhYG"])
Es la tesis que defiende Junts para, en el mejor de los casos para ellos, tener a su líder in situ en octubre, aunque no faltan las voces internas que alertan de los peligros de cantar victoria antes de hora, como cabe esperar de la comparecencia de este jueves del abogado del expresident, Gonzalo Boye, y del secretario general del partido, Jordi Turull, en la que buscarán proyectar la imparcialidad de la justicia europea frente a la española.
Se espera, en este sentido, un clima de celebración. También en otros sectores de la política catalana como el propio Govern de Salvador Illa.
Un "revulsivo" para Junts
De hecho, en Madrid tampoco parece haber demasiados intereses políticos en que la cuestión se prolongue, pues el PP prefiere llegar a la Moncloa con Puigdemont en España —negociar con Junts para una moción de censura, como han intentado en varias ocasiones, ha sido imposible con el expresident en Waterloo—, y el Gobierno de Pedro Sánchez, por su parte, cree poder salvar los presupuestos con una reunión con el expresident en Barcelona.
En la formación posconvergente, asimismo, confían en que su vuelta será un "revulsivo" para darle la vuelta a las encuestas, que hoy sitúan a la ultraderecha de Aliança Catalana en condiciones de pasarles por encima, así como para rearmarse de cara a los comicios municipales de mayo.
![Fotomontaje de Jordi Martí y Carles Puigdemont, con el Ayuntamiento de Barcelona de fondo](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/554696.jpg?p=w:320\/h:240&h=Gxz3CeJ6"])
En cualquier caso, como explicó Crónica Global el pasado mes de febrero, el expresident lleva tiempo meditando cómo dotar a su vuelta de la mayor trascendencia posible. Y lo único ya decidido es una gira con distintos actos por toda Cataluña, con el objetivo de "reconectar" con su ciudadanía y prepararse para ser, de nuevo, candidato a la Generalitat. Algo a lo que, pese a la paulatina pérdida de apoyos, nadie se opondrá internamente.
Está por ver cómo juega el rol de líder de la oposición, si lo hace, tras más de dos años con el escaño vacío en el Parlament. Y paralelamente deberá tomar decisiones clave para el futuro del partido como su posición respecto a la nueva financiación autonómica, que está llamada a ampliar en 4.700 millones las arcas públicas catalanas y que necesita de los votos de Junts para salir adelante, también en otoño, en el Congreso de los Diputados.
Otros afectados
Pero antes, y es en lo que está centrado tanto él como su círculo más cercano, debe resolverse la amnistía. Y el TJUE será un importante primer paso, pero todavía no definitivo, del que también está pendiente ERC, cuyo líder, Oriol Junqueras, que ya ha anunciado su intención de presentarse como candidato a la Generalitat en las próximas elecciones tras recuperar la presidencia del partido republicano a finales de 2024, sigue inhabilitado.
También está en esta situación el propio Turull, mientras los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín —que está pendiente de poder recoger su acta de eurodiputado en Madrid, tras el cambio de criterio del Parlamento Europeo— continúan en el extranjero, igual que Puigdemont.
Por otra parte, hasta 12 miembros de los llamados Comitès de Defensa de la República (CDR) encausados por terrorismo están pendientes de que el TJUE dictamine si sus respectivos casos vulneran la legislación europea en esta materia. El dictamen del abogado general de la UE de noviembre de 2025 les fue favorable, por lo que también se prevé que la justicia europea avale la amnistía desde este punto de vista.
