Un trabajador revisa un coche en la ITV
Cataluña corregirá las desviaciones de precio del nuevo mercado libre de las ITV
El Govern envía al Parlament la regulación que resolverá el bloqueo de un sector con graves carencias de competencia y funcionamiento
Más información: La nueva regulación de las ITV amenaza el reinado de Applus+
El Govern de Cataluña aprobará en el Consell Executiu de este martes, 14 de julio, el Anteproyecto de ley del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). La nueva regulación liberalizará con condiciones un sector en bloqueo legal desde que los tribunales tumbaran el actual modelo, aprobado por el Tripartit en 2010 y enmarañado después en el conocido caso de comisiones ilegales.
Como explicó este medio en exclusiva, la conselleria de Empresa y Trabajo que comanda Miquel Sàmper ha diseñado un modelo que elimina los concursos públicos e introduce autorizaciones administrativas. También borra el número màximo de estaciones y de operadores en un mercado copado por Applus+, para revertir así la acuciante escasez de citas que lastra a conductores y transportistas.
Libertad de precios
En pos de la competencia, el Ejecutivo presidido por Salvador Illa ha optado por no fijar el coste del servicio frente a la flexibilización de precios actual, que si bien topa a 45 euros el precio máximo para turismos, en la práctica todos los operadores apuraban hasta esa cifra.
Cuando el Parlament apruebe la ley, arrancará un periodo de transición de dos años en el que el Ejecutivo autonómico fijará un tope aún por definir para evitar que los operadores aprovechen la escasa competencia para disparar las tarifas, y proteger así a los consumidores.
Una vez transcurrido este lapso de tiempo y hayan entrado nuevas empresas, el sector podrá determinar libremente el coste del servicio en función de la oferta y la demanda. Eso sí, la Generalitat se reserva un mecanismo administrativo para corregir posibles desviaciones como primer gran contrapeso del mercado, inédito en España.
Corrección de tarifas
Fuentes del departamento recuerdan que los precios deben mantenerse "dentro de los baremos del mercado" y que, en caso de que se desboquen, la ley habilitará al director general de Industria --cargo que hoy ostenta el doctor ingeniero industrial Xavier Roca-- para emitir una resolución y fijar un tope. Este será temporal y aún está por definir para cada tipología de servicio.
La conselleria, sobre la que recae la supervisión de la actividad inspectora, también incide en lo barato que es pasar la ITV en Cataluña, con precios que permanecen congelados y que van de los 39 a 45 euros en el caso de los turismos, 21 para las motocicletas. El resultado se asemejará al coste visto en el resto de España, pronostican los técnicos.
En Madrid, este se sitúa en torno a los 60 euros para turismos de gasolina y los 65 euros para los de diésel, siendo la comunidad más cara. Tanto es así, que parte de los madrileños pasa la inspección en autonomías limítrofes como Castilla-La Mancha, un escenario que la Generalitat pretende evitar de todas todas para Cataluña con Aragón.
Un trabajador revisa el motor de un vehículo en la ITV
Nuevo mapa
Otro de los principales cambios que el sistema de autorizaciones traerá consigo es el nuevo mapa de estaciones. Es en esta carpeta en la que el Govern introduce el segundo contrapeso al mercado, puesto que los operadores que abran un centro de control donde hay más demanda deberán abrir otro en zonas menos rentables.
Dicho atlas divide Cataluña en tres zonas: la A se extiende esencialmente por el Pirineo, Prepirineo, Terres de l'Ebre e interior de Tarragona, mientras que B incluye el Gironès y el Tarragonès, así como las comarcas de su entorno; también el Segrià. C delimita el área metropolitana de Barcelona y todos los municipios del Baix Llobregat, Maresme y Vallès Occidental y Oriental.
Así, la apertura de un centro en B o C --es decir, en alguna de las cuatro capitales de provincia y su radio de influencia-- obliga a instalar otro en A, donde el parque de automóviles es mucho menor.
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Una excepción
Habrá, sin embargo, una excepción que permitirá la libertad plena de establecimiento en algunos casos. La empresa que abra una estación exclusivamente dedicada a la inspección de vehículos industriales y comerciales queda exenta de este requisito territorial.
Es decir, la apertura de un centro de control para camiones y taxis en Viladecans, Sabadell o Mataró --por ejemplo-- no implicará replicarlo también en Solsona, Berga o Móra d'Ebre, como sí conlleva la instalación de una estación genérica. Lo mismo sucede con los centros de ITV móviles si estos prestan servicio solo a vehículos del sector agrario, especiales y ciclomotores.
Reducir la espera de transportistas
El objetivo es reducir las listas de espera de sectores dedicados al transporte. Para ello, el modelo también obligará a todos los operadores a establecer al menos una línea de inspección universal en su estación, tras constatar que las empresas evitan dar cita a transportistas porque les es menos rentable que dar salida a turismos y motocicletas, cuya inspección precisa de menos minutos.
La patronal del transporte Transcalit calcula que la lista de espera para pasar una inspección alcanza las cuatro semanas, lo que fuerza a aparcar los camiones demasiado tiempo, más aún si se les encuentra alguna deficiencia. Esto empuja a muchos transportistas a circular sin la inspección pasada; son el 37% de los que circulan en Cataluña, según datos del Servei Català de Trànsit (SCT).
Varios camiones bloqueados en la carretera / EP
La demanda ha crecido un 30%
Corregir esta carencia es una de las grandes urgencias que apremian al departamento. También dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo del 2016 que obligaba a volver a regular el sector, así como la misión de ajustar la demanda al aumento del parque automovilístico.
Cataluña cuenta actualmente con 5,4 millones de vehículos, con una antigüedad media de 15 años. "Hoy circula un 26% más de vehículos, son un 40% más antiguos y la demanda de inspecciones técnicas se ha incrementado un 30%", describen fuentes del departamento.
coches
Pendientes del Parlament
Si bien el Govern aprueba este martes el anteproyecto de ley, el Parlament no lo votará hasta el próximo curso político. Es decir, a la vuelta de la suspensión de la actividad por verano, a partir de septiembre.
Como es natural en gobiernos en minoría, los socialistas deberán buscar el apoyo del resto de grupos de la Cámara para que el texto salga aprobado, por lo que éste estará abierto a enmiendas. De esta forma, el anteproyecto de ley llegará al parque de la Ciutadella sin garantías de que se le respete, por ejemplo, la libertad de precios, reconocen las voces consultadas.
Los diputados del Parlament votan en un pleno
Interés por entrar en Cataluña
No obstante, el modelo ya ha llamado la atención de compañías sin actividad en Cataluña interesadas en entrar en el mercado de la región, y ha tenido una muy buena acogida del sector del transporte por carretera. No tanto por parte de algunos operadores que aún prestan un servicio sumido en el oligopolio, casi monopolio, que tratan de obstruir la reversión de las concesiones, agotadas.
Applus+ opera 26 de las 50 estaciones de Inspección Técnica de Vehículos en Cataluña
19 estaciones se encuentran en proceso de reversión mediante la inscripción en registros de la propiedad y otras 13 están pendientes de hacerlo mediante transferencia monetaria, siendo este el caso de las parcelas que no son propiedad de la empresa. Nueve ya han pagado por ello y tres ya han sido devueltas a la Generalitat.
Preguntadas por la posibilidad de que la nueva regulación embarranque en los tribunales como ya sucediera con la anterior, fuentes del departamento aseguran haber consultado tanto a organismos europeos como al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), por lo que la ley "está blindada".
