Salvador Illa y Jéssica Albiach firman el pacto presupuestario de la Generalitat de Cataluña para 2026
El Govern y los Comuns se replantean la ley contra la compra especulativa de vivienda
El duro dictamen del Consell de Garanties Estatutàries obliga a los socialistas y a sus socios a volver a la casilla de salida para evitar que la iniciativa embarranque en los tribunales
Más información: Los argumentos del órgano consultivo para tachar de inconstitucional la pretendida ley
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El Govern y los socios parlamentarios de los Comuns han encajado un severo varapalo contra una de sus medidas estrella en materia de vivienda este martes. El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha emitido un dictamen unánime que señala la inconstitucionalidad de la ley, también contraria al Estatut, para limitar la compra de vivienda con fines especulativos.
Pese a tratarse de un órgano consultivo y a que la norma podría aprobarse en otoño de igual manera, la contundencia del informe fuerza la introducción de múltiples modificaciones a la iniciativa, pactada a cambio de los presupuestos. Esta se ve abocada al naufragio en los tribunales, y el Partit Popular de Catalunya ya ha avanzado que la impugnará ante el Tribunal Constitucional.
Vuelta a la casilla de salida
La norma vuelve ahora a la casilla de salida. Tanto es así que socialistas y comunes se replantean su estrategia para frenar las operaciones inmobiliarias que persigan la máxima rentabilidad, habitualmente empresas que compran pisos en bloque para reformarlos y ponerlos a la venta con un precio sensiblemente superior al inicial.
En una nota compartida a la prensa, la consellera Sílvia Paneque ha asegurado que el Ejecutivo "buscará todas las medidas legales y las maneras que sean posibles de acuerdo con el Estatut para proteger el derecho a la vivienda".
La titular de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, además, ha animado a "encontrar el camino para que la principal función de un hogar en nuestro país sea la de tener un techo para una persona o una familia", y ha recordado que "se han puesto sobre la mesa diferentes mecanismos para hacerlo posible" y que "se han invertido muchos recursos".
La consellera y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, a 21 de julio de 2026 en Barcelona
"Explorar los márgenes legales"
En esa misma línea, Jéssica Albiach, presidenta del grupo parlamentario de la formación morada, también ha evitado desvelar el futuro de la norma y se ha limitado a comprometerse en un apunte en sus redes sociales a "seguir explorando los márgenes legales para hacer de la vivienda en Cataluña un derecho y no un activo financiero".
Si bien discrepa del análisis que hace el CGE, la diputada valenciana --muy beligerante al elevar la norma a línea roja en su apoyo al Govern-- ha explicado que estudiará los "siguientes pasos" con el Sindicat de Llogateres y sus socios para "frenar la concentración en pocas manos de un derecho básico como es la vivienda".
La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, interviene durante una sesión de control al Govern, en el Parlament, en Barcelona
Cinco expertos avalaron la iniciativa
También estudiará las duras conclusiones del dictamen de la mano de sus expertos de cabecera. La iniciativa llegó al Parlament en forma de proposición de ley bendecida por varios informes encargados tanto por Albiach como por la consellera Paneque, al que el president Salvador Illa le encomendó explorar todas las opciones.
Socialistas y comunes pusieron en marcha en noviembre un grupo de trabajo conjunto con expertos, en el que participaron el exmagistrado del Tribunal Constitucional Carles Viver i Pi-Sunyer y los especialistas en urbanismo, vivienda y derecho Rosa Fornas, Fuensanta Alcalá, Pablo Feu y Jaime Palomera.
El resultado, cuatro informes que señalaban que las comunidades autónomas "están constitucionalmente legitimadas para establecer limitaciones a los derechos de propiedad privada" usando normas e instrumentos del derecho administrativo para regular no solo relaciones entre particulares y administraciones, sino también entre particulares.
Los reproches del CGE
Aquel análisis choca hoy con la severidad del CGE. La propuesta facultaba al planeamiento y a las ordenanzas municipales para exigir que la compra de viviendas individuales en zonas tensionadas se destinase obligatoriamente a la residencia habitual del adquirente, y que los edificios completos se destinasen a arrendamiento regulado.
Pero esta regulación incide de lleno en el derecho civil contractual, que es competencia exclusiva del Estado. Al prohibir y sancionar con multas de hasta 1,5 millones de euros aquellas transacciones privadas que no se sometan a estos fines, la norma altera la economía interna de los contratos, restringe la facultad de disposición y limita la autonomía de la voluntad, señalan los juristas.
Restricciones "severas e indiscriminadas"
El texto también vulnera el derecho de propiedad y de herencia al limitar drásticamente el número de viviendas individuales que una persona física puede adquirir. El dictamen argumenta que, si bien el acceso a la vivienda es un fin constitucional legítimo amparado por la función social de la propiedad, las restricciones que impone la propuesta son extremadamente severas e indiscriminadas.
Los juristas del órgano consultivo también creen que la proposición de ley carece de la suficiente claridad, certeza y previsibilidad, lo que genera una incertidumbre inasumible para los ciudadanos y operadores jurídicos.
El calendario salta por los aires
PSC y Comuns pactaron tramitar la proposición de ley por lectura única, sin pasar por ponencia ni comisión, para intentar así su aprobación antes de las vacaciones, sin suerte, puesto que los recursos del PP y de Junts per Catalunya ante el CGE han obligado a aplazar la votación a otoño.
Al margen del contenido de la norma, esta tramitación exprés ha merecido también el reproche del órgano consultivo, encontrándolo un abuso por tratarse de una reforma de gran calado, extensión y enorme complejidad técnica que precisa de un profundo debate parlamentario.
El salón de plenos del Parlament, en una imagen de archivo Govern
El jurista Joan Trayter, autor de un estudio contrario a la pretendida regulación ahora avalado por el CGE, recuerda que se trata de una "ley pionera en Europa con escaso conocimiento sobre sus consecuencias". Es por ello que reprocha el veto a la presentación de enmiendas y a la aportación de expertos y ayuntamientos, más aún cuando su aplicación recaerá sobre los municipios.
Este paso atrás, pues, podría implicar que socialistas y comunes cedan en su empeño y opten finalmente por el procedimiento ordinario, lo que dilataría sobremanera los plazos y difuminaría el calendario exigido por Albiach. Así, los socios abandonarían las urgencias a cambio de fortalecer un texto con múltiples lagunas que, de acuerdo con el análisis del CGE, embarrancaría en los tribunales.
