El Govern de Cataluña plantea que la recaudación que resulte del futuro sistema de pago por uso de la AP-7 sea gestionada por el consorcio de inversiones compartido con el Gobierno. De esta manera, la Administración catalana podrá decidir sobre el destino de las tarifas que paguen los conductores.
En una entrevista publicada este domingo por Crónica Global, el conseller Albert Dalmau ha defendido que Cataluña tenga el control sobre la recaudación para garantizar que esta se reinvierta en las infraestructuras del territorio, siguiendo la estrategia diseñada por los socialistas para sacar de "los márgenes del colapso" a la principal autopista catalana.
"Es una de las propuestas"
Preguntado por la posibilidad de alumbrar un organismo que habilite a la Generalitat para recaudar y gestionar los recursos generados por una infraestructura de titularidad estatal, el titular de la Presidencia ha asegurado que esta es "una de las propuestas del Govern".
"Para asegurar la ejecución de las inversiones, hemos pactado con el Gobierno de España y con Esquerra Republicana un consorcio de inversiones para no perder recursos presupuestados que no se ejecutan, y traspasarlos de un año al otro. Y este consorcio tendrá que abordar, entre otras cuestiones, el mantenimiento de la AP-7", ha explicado.
Sociedad Mercantil Estatal de Inversiones
El secretario de Movilidad, Manel Nadal, ya señaló en un encuentro en la sede del Departamento de Territorio en Barcelona la necesidad de encontrar una nueva vía de financiación de las infraestructuras, y de que esta repercutiera en las arcas catalanas. Lo hizo en marzo, cuando la recuperación de los peajes aún no estaba en la agenda del Ejecutivo.
Hoy, con el debate abierto para resolver el desgaste de la AP-7 y la densidad del tráfico, los socialistas encuentran la fórmula en el organismo compartido con el Gobierno. El propio Dalmau acordó con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el pasado mayo la constitución de la Sociedad Mercantil Estatal de Inversiones de Cataluña, la alternativa encontrada después de que Junts tumbara en el Congreso el consorcio de inversiones.
Dicha sociedad está pendiente de aprobación en el Consell Executiu y el Consejo de Ministros, aunque ambos gobiernos pactaron volver a intentar la creación del consorcio stricto sensu en el futuro. Mientras tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez delega en la Administración catalana mediante encomiendas de gestión obras millonarias como el túnel de Perves en la Nacional 260, en el Pirineo, y la pacificación de la Nacional II, en el Maresme, y sus enlaces con la C-32, entre otras.
La viñeta, la opción preferida
El president de la Generalitat, Salvador Illa, reabrió el debate sobre la vuelta de un sistema de pago durante la sesión de control del Parlament de la semana pasada, al describir como una "equivocación" el fin de los peajes en agosto de 2021.
Cinco años después de la liberalización de las autopistas, el Govern descarta la vuelta de la barrera tradicional, en parte por el elevado coste que supondría. En vez de ello, apuesta por un sistema de viñeta, utilizado por otros países europeos, como Austria, Suiza y Eslovenia.
Sílvia Paneque, consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, ha planteado a los grupos parlamentarios esta semana el pago de una cuota anual, por meses o bien por semanas, así como que la recaudación sea finalista; es decir, que se reinvierta en la infraestructura, ya sea en obras de mantenimiento o de ampliación.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, celebra la aprobación de los presupuestos de 2026 con la 'consellera' Alícia Romero y otros miembros del Govern
Los Comuns se suman
Tras varios días de reposo, los socialistas han encontrado la complicidad de los Comuns. Los socios de legislatura han registrado una moción para que la Cámara catalana vote el 23 de julio sobre la viñeta. El texto también obligará a los partidos a mojarse sobre la creación de un grupo de trabajo que guíe en la tarea.
La decisión, no obstante, aún no está tomada. "Estudiaremos todas las modalidades que hagan falta desde el punto de vista impositivo, del pago por uso y de la colaboración públicoprivada", explica Dalmau en conversación con este medio.
"Queremos garantizar que las infraestructuras estén en un estado de mantenimiento correcto, y hay diferentes propuestas de la sociedad civil. Escucharemos a todo el mundo y, en todo caso, cuando llegue el momento lo comunicaremos", ha aclarado, pidiendo la colaboración del resto de partidos, "corresponsables de haber llegado a esta situación".
Sílvia Paneque
4.300 millones
La Generalitat ha comprometido 4.300 millones de euros en infraestructuras en los próximos 10 años, más de 1.800 millones con colaboración públicoprivada. Una estrategia que impulsará la B-40 entre Sabadell y Terrassa, el desdoblamiento de la C-55 entre Manresa y Sant Vicenç de Castellet, las obras de conectividad del TramCamp en Tarragona, la prolongación de la C-32 hasta Lloret y la variante de les Preses - Olot, que saldrá a licitación este mes.
"Hemos puesto en marcha un gran proyecto de infraestructuras para evitar que el país colapse", en palabras del conseller de la Presidencia, que también ha destacado los esfuerzos para "transformar el sistema de Rodalies" para revertir el "fracaso" del servicio. Ejemplo de ello es el desdoblamiento de la R3 entre Parets y la Garriga, y la mejora de los túneles de Rubí y del Garraf, entre otras actuaciones.