La abogada de Josep Maria Argimon, Olga Tubau, y el 'excosneller' de Salud, Josep Maria Argimon, a su llegada a la Audiencia de Barcelona, a 1 de julio de 2026.
Carmen Cabezas desvincula a Argimon de la paralización de las vacunas a policías y guardias civiles
La exsecretaria de Salut Pública defiende el criterio médico de priorizar por edad ante la escasez de dosis, aunque asegura que abogó por compaginarlo con los colectivos esenciales
Una segunda testigo afirma que Policía Nacional y Guardia Civil entregaron sus censos con retraso respecto a los Mossos
Contenido relacionado: Fiscalía pide 12 años de inhabilitación para los 'exconsellers' Vergés y Argimon por el retraso en la vacunación de policías en Cataluña
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El juicio contra la excúpula del Departament de Salut por la presunta discriminación en la vacunación del covid-19 a policías nacionales y guardias civiles ha retomado su actividad en la Audiencia de Barcelona centrado en las declaraciones de los testigos.
Este lunes, el testimonio de la exsecretaria de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha aportado claves sobre cómo se gestó la decisión de alterar el calendario de inmunización en marzo de 2021.
Durante su comparecencia, Cabezas ha desvinculado a Josep Maria Argimon, entonces director general del Institut Català de la Salut (ICS), de la gestión directa de esta medida y de la orden de frenar las dosis para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Con esta declaración, la sesión ha devuelto todo el foco de responsabilidad a la entonces consellera, Alba Vergés (ERC).
El WhatsApp de la discordia
El momento central del interrogatorio ha girado en torno a un mensaje de WhatsApp enviado el 23 de marzo de 2021 por Judit Vinyals, miembro del gabinete de Vergés, a la propia Cabezas. El texto rezaba: "Otra vez, la consellera me pide parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podremos argumentarlo. Lo tendríamos que parar".
Tras recibir esta comunicación, Cabezas ha relatado que Argimon le pidió hablar por teléfono. Consciente de que la directriz "se podía malinterpretar", el entonces director del ICS solicitó que una instrucción de ese calado fuera emitida por un superior jerárquico del Departament y dejada por escrito mediante un correo electrónico.
Imagen de archivo de la campaña de vacunación
Al día siguiente, 24 de marzo, fue el entonces secretario general de Salut, Marc Ramentol, quien comunicó formalmente por e-mail que a partir de ese momento se priorizaría a las personas de 60 a 65 años y a los colectivos esenciales comprendidos exclusivamente dentro de esa misma franja de edad.
Versión de la asesora
Para contrarrestar la contundencia de este mensaje, el tribunal también ha escuchado a su autora.
Vinyals, la exasesora de Vergés, ha negado que la consellera ordenara un boicot y ha enmarcado sus palabras en el acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud del 22 de marzo, que obligaba a priorizar la franja de 60 a 65 años tras la crisis de los trombos de AstraZeneca.
Vinyals ha aclarado que la orden de "parar" no se refería a la totalidad de los agentes estatales, sino a "los esenciales jóvenes".
Un agente de la Policía Nacional durante la pandemia del coronavirus
A preguntas de las acusaciones sobre por qué el mensaje señalaba exclusivamente a la Policía Nacional y la Guardia Civil, la asesora ha argumentado que estos dos cuerpos tenían un operativo de vacunación montado ad hoc con listados aparte que, con el cambio de criterio por edad, quedaba "obsoleto".
Según su versión, mientras los cuerpos autonómicos se vacunaban en "puntos macro" donde era más fácil aplicar las nuevas reglas de edad, el sistema de las fuerzas estatales debía rehacerse por completo.
Sobre el uso de la palabra "parar", Vinyals ha asegurado no recordar si Vergés la utilizó textualmente, pero ha insistido en que el objetivo de la consellera era cumplir con el dictamen estatal en un momento de escasez de dosis. "De seguir vacunando a los jóvenes [de la Policía], iríamos en contra del resto de los grupos esenciales", ha rematado.
Criterio médico frente a la inmunización de "esenciales"
Retomando la declaración técnica, Cabezas también ha contextualizado las decisiones del Departament en la crisis abierta por los efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca, cuyo uso fue paralizado por el Ministerio de Sanidad entre el 15 y el 22 de marzo.
Al retomarse la inoculación tras confirmarse que los beneficios superaban a los riesgos, Salut optó por centrarse en la población de 60 a 65 años.
![La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, durante una rueda de prens](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/502120.jpg?p=w:320\/h:240&h=JKtUzt9I"])
La exsecretaria de Salut Pública ha defendido este criterio técnico esgrimiendo la presión asistencial y la escasez de recursos. En aquellas fechas, ha recordado, había 1.385 ingresados por covid-19 en Cataluña, el 70% de ellos mayores de 60 años.
Paralelamente, el Govern contaba con 350.000 dosis de AstraZeneca, una cifra insuficiente para cubrir al medio millón de ciudadanos que conformaban la franja prioritaria de 60 a 65 años.
Pese a compartir el criterio médico de proteger a los mayores, Cabezas ha testificado que ella advirtió sobre la necesidad de mantener en paralelo la vacunación de los colectivos esenciales, "aunque no fueran de esa edad", ya que las dosis para este grupo estaban "reservadas".
A pesar de la recomendación, la directriz final de la conselleria, amparada según Vinyals en el criterio Interterritorial, fue aplicar el corte de edad también a todos los servicios esenciales.
Los censos policiales llegaron "más tarde"
Otro de los puntos de fricción del juicio es por qué los Mossos d'Esquadra y las policías locales alcanzaron índices de vacunación cercanos al 80% antes del frenazo de AstraZeneca, mientras que la Policía Nacional y la Guardia Civil apenas rozaban el 3%.
La respuesta a esta disparidad la ha aportado la exgerente de organizaciones y profesionales del Servei Català de la Salut (CatSalut). En su declaración, la ex alto cargo ha asegurado que los censos de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se recibieron "más tarde que el resto" porque fueron las propias comandancias estatales quienes se demoraron en su envío.
![Montaje en el que aparece un agente de la Policía Nacional durante la pandemia del coronavirus](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/555982.jpg?p=w:320\/h:240&h=PRpraU3F"])
En contraposición, ha señalado que los Mossos remitieron sus listados en "muy pocos días", lo que permitió a la Generalitat tramitar su vacunación sin incidencias.
12 años de inhabilitación
El juicio, que quedó desprovisto de peticiones de cárcel tras las cuestiones previas de la semana pasada, prosigue únicamente por un delito de prevaricación administrativa.
La Fiscalía acusa a los máximos responsables sanitarios de la pandemia —Alba Vergés, Josep Maria Argimon, Marc Ramentol y el exdirector del CatSalut, Adrià Comella— de paralizar la vacunación de los cuerpos estatales de forma arbitraria y discriminatoria, dejando a los efectivos desprotegidos frente al virus.
El Ministerio Público solicita para ellos 12 años de inhabilitación para ejercer cargo público, respaldándose, entre otras pruebas, en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 2021 que ya calificó esta diferencia de trato de "injustificada y discriminatoria".
