Un agente de la Policía Nacional durante la pandemia del coronavirus
Arranca el juicio contra la antigua cúpula de Salut por frenar la vacunación de policías durante la pandemia
La Fiscalía solicita 12 años de inhabilitación para Alba Vergés y otros tres ex altos cargos al considerar que discriminaron a Guardia Civil y Policía Nacional al paralizar su inmunización frente a la covid
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Cinco años después de la campaña de vacunación contra la covid-19 y tras una larga instrucción judicial, la Audiencia de Barcelona comenzará el próximo martes, 30 de junio, uno de los procedimientos más relevantes derivados de la gestión de la pandemia en Cataluña.
En el banquillo de los acusados se sentarán cuatro de los máximos responsables sanitarios de la Generalitat de la época, acusados de haber paralizado de forma arbitraria la vacunación de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional destinados en Cataluña.
12 años para la 'exconsellera'
Los acusados son la exconsellera de Salut, Alba Vergés (ERC); el entonces secretario general del Departament de Salut, Marc Ramentol; el exdirector general del Institut Català de la Salut (ICS), Josep Maria Argimon; y el exdirector del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella.
La Fiscalía considera que todos ellos actuaron de forma conjunta al suspender el proceso de inmunización de los cuerpos policiales estatales y les atribuye un presunto delito de prevaricación administrativa.
La 'exconsellera' de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, y uno de sus sucesores tras la pandemia, Manel Balcells, en una imagen de archivo
Por estos hechos, el Ministerio Público solicita para cada uno de ellos una pena de 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el derecho de sufragio pasivo, al entender que adoptaron una resolución injusta a sabiendas.
La vacunación quedó paralizada
La causa se remonta a marzo de 2021, cuando el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud había acordado priorizar la vacunación con AstraZeneca para determinados colectivos esenciales, entre ellos los distintos cuerpos policiales.
El Departament de Salut había comenzado a coordinar la inmunización de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña e incluso había organizado un dispositivo de vacunación masiva en el Aeropuerto de Barcelona previsto para mediados de marzo.
Sin embargo, el 15 de marzo se suspendió temporalmente en toda España la administración de la vacuna de AstraZeneca tras detectarse varios casos de trombosis. Una semana después, el Consejo Interterritorial autorizó reanudar la vacunación y amplió el rango de edad hasta los 65 años.
Es precisamente a partir de ese momento cuando, según sostiene la Fiscalía, los acusados decidieron mantener paralizada la vacunación de los policías estatales destinados a Cataluña, priorizando otros colectivos.
Agente de la Policía Nacional durante el dispositivo en Montcada i Reixac
Una diferencia de más de 70 puntos
El escrito de acusación pone el foco en la enorme diferencia existente entonces entre los distintos cuerpos policiales.
Mientras los Mossos d'Esquadra presentaban una cobertura vacunal cercana al 77% — cifra muy similar a la de las policías locales y los bomberos—, la Guardia Civil apenas alcanzaba el 2,8% de agentes vacunados y la Policía Nacional el 3,6%.
Para la Fiscalía, los responsables de Salut eran plenamente conscientes de esa desigualdad y, aun así, decidieron mantener suspendido el programa de vacunación previamente acordado para ambos cuerpos estatales, dejándolos en una situación de desprotección frente al resto de fuerzas policiales.
Agentes de la Guardia Civil en la playa, en una imagen de archivo Europa Press
El TSJC obligó a vacunar a los agentes
La situación acabó llegando a los tribunales después de que los sindicatos policiales JUPOL y JUCIL presentaran un recurso contencioso-administrativo denunciando una actuación discriminatoria por parte de la Generalitat.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña les dio la razón de forma cautelar y, el 27 de abril de 2021, ordenó al Departament de Salut vacunar de manera inmediata a los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional hasta igualar el porcentaje de inmunización existente entre los Mossos d'Esquadra.
Como consecuencia de esa resolución judicial, más de 4.800 policías nacionales y guardias civiles fueron finalmente vacunados durante las primeras semanas de mayo de 2021.
Imagen de archivo de un agente de la UIP de la Policía Nacional
Diez sesiones y decenas de pruebas
El juicio, que se prolongará durante diez sesiones entre finales de junio y mediados de julio, contará con la declaración de los cuatro acusados, varios mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y una abundante prueba documental.
Entre la documentación incorporada a la causa figuran protocolos nacionales de vacunación, cronologías del proceso de inmunización en Cataluña, informes comparativos entre cuerpos policiales, comunicaciones internas entre administraciones y numerosos correos electrónicos intercambiados durante las semanas en que se diseñó —y posteriormente se paralizó— el plan de vacunación.
Será precisamente ese intercambio de comunicaciones internas uno de los principales pilares sobre los que la Fiscalía tratará de acreditar que la suspensión del proceso no respondió únicamente a criterios sanitarios, sino que constituyó una decisión totalmente arbitraria.
