La Mesa del Parlament, presidida por Josep Rull, y los grupos parlamentarios en un pleno (imagen de archivo)
El 'controller' político de las empresas catalanas no multará ni investigará de oficio
La izquierda del Parlament acata el dictamen contrario del Consell de Garanties Estatutàries y el Centre Català d'Empresa i Drets Humans nacerá únicamente con funciones de mediación y difusión de buenas prácticas
Más información: Un letrado del Parlament cuestiona la ley catalana que vigilará a las empresas
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Ni multas, ni investigaciones de oficio. El Parlament aprobará el próximo martes, 30 de junio, la creación del Centre Català d'Empresa i Drets Humans con un importante recorte en sus atribuciones: el organismo nacerá sin función sancionadora y tampoco podrá iniciar pesquisas por iniciativa propia.
El centro verá la luz tras una década y tres intentos previos, impulsado por PSC-Units per Avançar, ERC, Comuns y CUP, y parcialmente por Junts. Y lo hará no sin importantes enmiendas derivadas del varapalo del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), avanzado por Crónica Global y acatado por la izquierda del Parlament tras un intenso debate entre grupos, por el que pidieron incluso cuatro prórrogas para introducir los arreglos finales.
Enmiendas
El órgano consultivo declaró inconstitucional y contrario al Estatuto de Autonomía la proposición de ley de los artículos 17 al 20. Estos habilitaban al Centre a imponer multas de hasta 50.000 euros a las empresas catalanas que no respondieran en tiempo y forma a los requerimientos de información sobre sus presuntas vulneraciones de derechos humanos en su actividad en el extranjero.
Son los mismos artículos que los grupos parlamentarios han acordado suprimir del texto final, que la junta de portavoces decidió en la reunión del martes someter a votación en el pleno de la próxima semana, el de los presupuestos. Esto debía producirse en marzo, pero las impugnaciones de Junts y PP --que se desvincularon esencialmente por las sanciones-- forzaron su retirada.
Dictamen inflexible
En conversación con este medio, diputados implicados en el trámite parlamentario reconocen que "el Consell podría haber sido más generoso". De hecho, lo estricto del dictamen ha dejado "poco margen de maniobra" para blindar las funciones sancionadora e investigadora sin que la ley fuera llevada después a la justicia.
No obstante, las mismas voces señalan la "solvencia" que presentaba el texto impugnado y la validez de los ponentes de la proposición de ley, tramitada al calor de la Comisión de Unión Europea y Acción Exterior.
Si bien la republicana Ana Balsera es abogada mercantil, el socialista Alberto Bondesio tiene un dilatado recorrido en instituciones europeas. La relatora, por su parte, es Susanna Segovia (Comuns), quien dedicó parte de su carrera a la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
Susanna Segovia, diputada de Comuns y relatora de la proposición de ley de creación del Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos, en el pleno del Parlament
"La voluntad no era sancionar"
Balsera justificó en declaraciones a Crónica Global el varapalo del CGE asegurando que este malinterpretó el sentido de la pretendida ley, ya que el régimen sancionador no respondía a razones mercantiles --ámbito que no es competencia de la Generalitat-- sino a cuestiones administrativas.
No lo entendieron así los juristas, que señalaron que ello supondría, de todas formas, vulnerar el principio de territorialidad. Estos también ahondaron en lo "desproporcionado" del régimen sancionador --este no tendría en cuenta la dimensión de la compañía y la gran mayoría del tejido empresarial catalán está conformado por pymes--, y afearon inseguridad jurídica por no responder a "criterios claros".
Pero los impulsores aclaran que "la voluntad no era crear una autoridad de control ni sancionar", e insisten en que esto no solo quedó reflejado en el texto, sino que también se lo aclararon a las cámaras de comercio y otros representantes del sector privado que participaron de las comisiones.
Los diputados del Parlament votan en un pleno
¿Qué podrá hacer?
Tras constatar que la Generalitat no puede sancionar a las empresas catalanas por su actividad en el extranjero por mucho que argumente falta de colaboración en las pesquisas, ¿qué podrá hacer el Centre Català d'Empresa i Drets Humans?
Si bien no podrá investigar de oficio, sí que podrá recibir quejas de partes implicadas en la actividad de las compañías y pedir información. En caso de encontrar indicios de infracciones administrativas o penales, podrá derivar el caso a la justicia ordinaria interponiendo una denuncia, así como acudir al Síndic de Greuges.
También ofrecerá un servicio de mediación y resolución de conflictos extrajudiciales, y asesorará a las empresas que operan en Cataluña en su adaptación a las obligaciones de diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente, en colaboración con la agencia ACCIÓ del Departamento de Empresa y Trabajo.
Buenas prácticas y formación
De esta manera, el organismo nacerá sin potestad sancionadora y con un fuerte peso para la difusión de buenas prácticas y formación. "Pese a la supresión del régimen sancionador, estamos convencidos del compromiso de las empresas de colaborar activamente con el Centre en el ejercicio de sus funciones", asegura Bondesio en conversación con este medio.
El diputado del PSC señala que los grupos han acordado "reforzar" el organismo en las funciones de "análisis o estudio, identificación de riesgos e impactos en materia de derechos humanos y sostenibilidad, así como en la solicitud de información y el acompañamiento a las empresas en estas materias".
Alberto Bondesio, diputado del PSC, en el atril del Parlament.jpeg
"El Centre desarrollará su actividad mediante la elaboración de estudios e informes, la formulación de recomendaciones y la realización de actuaciones de sensibilización y divulgación sobre los impactos ambientales vinculados a la actividad empresarial", en sus palabras.
También en declaraciones a Crónica, Míriam Casanova celebra como "un descanso que el Centre no tenga capacidad para sancionar ni para investigar de oficio a las empresas catalanas". La ponente del PP, asimismo, tacha de "innecesaria" su creación porque "el asesoramiento en derechos humanos a las empresas en el exterior lo puede hacer ACCIÓ", anticipando que la ley no saldrá a favor con los votos de los populares por mucho que ya no multe.
'Controller'
Por su parte, Junts también ha introducido importantes enmiendas que podrían hacer que el grupo parlamentario presidido por Mònica Sales votara a favor, especialmente después de que haya decaído el régimen sancionador. En caso de que estas prosperen, la ley trasladará la elección de los miembros de la junta de gobierno al Parlament, y no a los expertos del consejo asesor, que desaparecería.
Los asesores debían ser miembros de sindicatos, patronales, colegios de abogacía, cámaras de comercio, el Síndic de Greuges y el Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo, entre otros, además del Govern. Pero la voluntad de los neoconvergentes es que la política tenga un mayor control sobre el Centre y que tres quintas partes de la Cámara designen a sus gobernantes, expertos en medio ambiente y derechos humanos y representantes del sector business.
En cuanto a su director --elegido también por una mayoría cualificada de la junta de gobierno--, las enmiendas recortan el plazo de incompatibilidad, fijado inicialmente en cinco. Así, este no habrá podido ocupar órganos de dirección de entidades con ánimo de lucro, asociaciones empresariales o fundaciones en los dos años previos a la toma de posesión, siempre y cuando la ley salga adelante con las aportaciones de los independentistas.
Joan Canadell, ponente de Junts por la proposición de ley de creación del Centre Català i Drets Humans
Lafade lo celebra
Pese a la poda del texto, el próximo martes será un día histórico para Lafade. La plataforma de justicia global, golpeada por la muerte de su expresidente Tono Albareda el pasado domingo, persigue desde hace más de una década la consecución del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, con el mencionado activista a la cabeza del movimiento.
Sus copresidentes Núria Carulla, Arés Perceval y Àlex Guillamon celebrarán en el Parlament la aprobación de la ley, que situará a Cataluña como la primera comunidad autónoma en dotarse de este órgano, que se integrará en un ecosistema que ya pivota sobre el Observatori de Drets Humans i Empreses (ODHE) --iniciativa ciudadana sin ánimo de lucro-- y el Institut Català Internacional de la Pau (ICIP), aprobada por el Parlament en 2007.
