Pleno del Parlament de Cataluña CRÓNICA GLOBAL
El 'constitucional catalán' desmonta la ley que vigilará a las empresas en el extranjero
El Consell de Garanties Estatutàries avala la creación del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, pero censura sus poderes de investigación y sanción
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El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha declarado inconstitucionales y contrarios al Estatut d'Autonomia los poderes de investigación y sanción sobre las empresas que planea la ley de creación del Centre Català d'Empresa i Drets Humans.
El organismo, de tipo consultivo, avala su creación, pero ahonda en la falta de competencias de la Generalitat para supervisar y castigar a las compañías catalanas que vulneran los derechos humanos en su actividad en el extranjero; dicha competencia vulnera el principio de territorialidad.
El CGE ha emitido este viernes el dictamen, después de que el Partido Popular de Cataluña (PPC) y Junts per Catalunya recurrieran el texto, impulsado por el PSC, ERC, Comuns y CUP y que debía votarse en el pleno del Parlament el pasado 17 de marzo.
PP y Junts, contra las sanciones
Los populares celebran el sentido del dictamen. El partido de Alejandro Fernández ya se opuso durante la tramitación parlamentaria a la iniciativa, señalando que la Generalitat no tiene competencias en la materia y afeando la función sancionadora.
Además, su ponente en comisión, Míriam Casanova, incidió en que el tejido empresarial catalán está conformado mayoritariamente por pymes que respetan los derechos humanos, y que la directiva europea que llama a los estados a legislar en la materia "se dirige a grandes empresas".
El líder del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández
Por su parte, los independentistas valoraron votar a favor, pero finalmente no lo hicieron al no lograr eliminar de la ley el régimen sancionador, contra el que esgrimen los mismos motivos que los populares, o bien rebajarlo.
La formación liderada por Mònica Sales, con Joan Canadell como ponente, lo tachó de "desproporcionado" --alcanza los 50.000 euros sin tener en cuenta la dimensión de la empresa-- y asegura que genera inseguridad jurídica por no responder a "criterios claros".
La diputada de Junts, Mònica Sales, durante una sesión de control al Govern, en el Parlament
Multas por no colaborar
Conocedores de que la Generalitat ni ninguno de sus organismos no tienen competencias para multar en el extranjero por vulneraciones de los derechos humanos, los grupos de la izquierda parlamentaria, con la diputada de Comuns Susana Segovia como relatora, reformularon el texto.
La alternativa encontrada, que las multas respondan a la falta de colaboración de las compañías investigadas. Es decir, estas serán sancionadas por obstaculizar las pesquisas o responder de forma insuficiente o fuera de plazo. El CGE, sin embargo, no lo ha aceptado.
Fomento de buenas prácticas
Sí que compra la función de sensibilización y fomento de las buenas prácticas empresariales. Por ejemplo, mediante la elaboración de propuestas para garantizar que las empresas que operan en Cataluña respeten los derechos humanos y el medio ambiente.
También impulsando propuestas de innovación normativa que favorezcan el cumplimiento de las obligaciones de empresas transnacionales y otras entidades.
El Consell determina que el ejercicio de estas funciones está plenamente justificado, ya que derivan de la capacidad de la Generalitat para impulsar la proyección institucional de Cataluña en el exterior y promover sus propios intereses.
Varapalo
Ahora, los impulsores analizan el dictamen para dibujar sus próximos pasos tras un varapalo que diluye la ley. Ante sí, tienen tres escenarios: devolver la ley a la comisión para modificarla, desistir de la misión o llevarla al pleno igualmente, puesto que el CGE es un órgano consultivo y sus informes no son vinculantes.
Se trata del tercer intento de creación del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, organismo largamente reclamado por plataformas de izquierdas como Lafede.cat. Y esta es la vez que más cerca está de su votación definitiva.
