La 'consellera' de Economía y Hacienda de la Generalitat, Alícia Romero, en una rueda de prensa en Barcelona
Romero señala que el pacto con ERC por los presupuestos "garantiza" que Cataluña recaude el IRPF en el futuro
La 'consellera' ensalza también los acuerdos alcanzados con Junqueras en inversiones, movilidad, gestión de aeropuertos y control del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona
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La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha ensalzado este martes las modificaciones presupuestarias introducidas durante las negociaciones con Esquerra Republicana (ERC) para la aprobación de las cuentas antes de verano.
Romero ha dado cuenta de las novedades en una rueda de prensa inmediatamente posterior a la rúbrica del acuerdo por parte del president, Salvador Illa, y el líder del socio de legislatura, Oriol Junqueras, en el Palau de la Generalitat en Barcelona.
El pacto sellado por ambos dirigentes, además de blindar una sociedad mercantil que mejore la ejecución presupuestaria de Moncloa e impulsar la línea orbital de Rodalies, compromete una nueva inyección económica para la Hacienda catalana en su camino hacia la recaudación del IRPF, que ambas partes se emplazaron, durante el primer año de legislatura, a que se concretara en 2028.
Negociaciones "muy exigentes"
Las complejidades en esta misión, que obliga a modificar la Ley Organica de Financiación de Comunidades Autónomas (LOFCA) en el Congreso, forzaron a socialistas y republicanos a hacer un borrón y cuenta nueva en marzo, con el Govern retirando el proyecto de presupuestos cuando ya lo había presentado en el Parlament.
Ahora, "los presupuestos se parecen más a lo que el país necesita". "Estamos muy satisfechos del acuerdo firmado porque nos permitirá avanzar y mejorar las políticas públicas con unas cuentas que crecen en 9.000 millones de euros, unos recursos que no debíamos perder", en palabras de Romero.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa (i), y el presidente de ERC, Oriol Junqueras (d), durante la firma del acuerdo de Presupuestos catalanes para 2026, en el Palau de la Generalitat, a 19 de mayo de 2026, en Barcelona
Transformación profunda
El pacto resultante de unas "negociaciones muy exigentes" a juicio de la consellera compromete al Govern a firmar un contrato-programa con la Agència Tributària de Catalunya (ATC) que establezca "una financiación estable para impulsar los cambios tecnológicos, de procesos, de gestión de datos y organizativos necesarios para afrontar la asunción de competencias en materia de recaudación".
Si bien dicha inyección económica ronda los 500 millones en cuatro años, el presupuesto de 2026 tan solo moviliza una aportación extra de 21 millones de euros. "La ATC está atravesando cambios importantes", que implican modificaciones legales y "una transformación digital y organizativa", ha explicado Romero.
"Ni un informático"
De hecho, la Hacienda catalana, que aspira a recaudar 30.000 millones anuales frente a los 5.000 que gestiona actualmente, "no tiene ni un informático, y la Agencia Tributaria Española tiene 1.500", ha ejemplificado.
El organismo "está cogiendo grosor y debe coger aún más", ha aseverado la consellera, para la que "este acuerdo firmado con ERC garantiza el crecimiento que necesitamos para gestionar todos los impuestos que se generan en Cataluña, en concreto el IRPF, que es el compromiso que tenemos".
Oficina de la Agència Tributària de Catalunya (ATC)
Sociedad mercantil asesorada por patronales
Las leyes aún pendientes de modificación se debatirán durante el segundo semestre del año, junto al nuevo reparto de recursos para las comunidades, en la Cámara baja, por lo que podrían no llegar a buen puerto, como pasó con el consorcio de inversiones mixto entre el Gobierno y la Generalitat, tumbado por los diputados de Junts. Sí se lo hará, sin embargo, su alternativa.
Las partes han acordado la creación de una sociedad mercantil con capacidad para realizar estudios, redactar proyectos y garantizar la ejecución de inversiones del Estado, después de que esta se haya situado históricamente por debajo del 50% ejercicio tras ejercicio. Un consejo asesor formado por agentes sociales y económicos catalanes, orientará a ambas administraciones en la sociedad.
Esta no deberá pasar por el Congreso, sino que tan solo precisa de la aprobación en el Consejo de Ministros.
Control catalán del CZFB
Otra entente que los republicanos han arrancado del Ejecutivo socialista es una modificación en los estatutos del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) para que la Generalitat pase a controlar el 40% del organismo. Una cuota que, junto al 15% del ayuntamiento, permitirá que las instituciones catalanas tengan el control mayoritario.
Romero ha defendido que "el Govern gane peso en un consorcio que se dedica al desarrollo económico de un entorno estratégico, con el aeropuerto y el puerto muy cerca, y que genera riqueza y empleo en Cataluña". El texto rubricado por Illa y Junqueras defiende "recuperar la vocación originaria" de este organismo impulsado en 1916 "por la sociedad civil catalana".
Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y presidente del SIL, y Blanca Sorigué, directora general del CZFB y del SIL
Sin concreciones en aeropuertos
También en el terreno de los "avances en soberanía", Junqueras no ha logrado arrancar de Illa ninguna concreción inmediata sobre el aeropuerto de El Prat. Los únicos compromisos que los socialistas asumen es la creación con el Gobierno de un órgano bilateral con representación compartida para "coordinar la gobernanza del sistema aeroportuario catalán".
Este, junto a la puesta en marcha de la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña ya prevista para 2027 y a la elaboración de un "plan estratégico", debe servir para que la Generalitat participe de las decisiones que afectan al aeropuerto de El Prat, así como del resto de enclaves de titularidad estatal.
En paralelo, el acuerdo llama a que los Mossos d'Esquadra asuman las competencias de seguridad ciudadana de los aeropuertos y puertos catalanes, una cuestión también exigida por Junts que se ha dilatado en el Congreso de los Diputados.
Sin subida salarial docente, por el momento
La esperada entente en torno a las cuentas de la Generalitat para el 2026 llega en pleno pulso de los sindicatos Ustec, Aspepc, CGT e Intersindical. Con un ciclo de 14 huelgas territoriales y tres unitarias, la movilización que lidera Ustec exige ampliar los 2.000 millones movilizados por el pacto firmado por el Govern, CCOO y UGT.
Su objetivo, lograr un incremento salarial mayor a los 3.000 euros anuales sellados entre los socialistas y las organizaciones firmantes. De hecho, si la conselleria que comanda Esther Niubó no hace una propuesta a tal fin, los docentes indignados darán plantón en la mesa sectorial convocada este miércoles.
Manifestación de profesores en la Via Laietana de Barcelona Barcelona
Mejoras en educación
Preguntada por ello, la titular de Economía y Finanzas ha asegurado haber agotado "los márgenes" para dar cabida a las demandas de ERC. Entre ellas, un plan de inversiones de de 400 millones hasta 2030 para eliminar los barracones de los centros educativos, 100 millones para climatizar aulas, 50 millones para el vale escolar, y el refuerzo de aulas de acogida y de los Centros de Educación Especial.
Aun así, los presupuestos "son vivos" y podrían encajar una mejora salarial siempre y cuando esta sea "asumible", puesto que las cuentas ya incluyen "un incremento muy importante de 500 millones solo para la parte retributiva; son muchos recursos que hemos debido encajar".
El proyecto también contempla un incremento de dotaciones, la reducción de ratios, un pago extra para los profesores que hagan salidas de colonias y el despliegue de la escuela inclusiva, aprobada en el Parlament. "Veremos cómo va la negociación [...] pero aumentos de 700 u 800 millones son complicados, habría que ver qué dejamos de hacer", en palabras de la consellera.
