Hospital Sant Joan de Reus
La justicia castiga 15 años después la corrupción sanitaria de CiU
El expresidente del Institut Català de la Salut (ICS), Josep Maria Prat, pacta con la Fiscalía después de admitir que malversó, prevaricó y falseó documentos; su condena se conocerá en los próximos días
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La justicia dictará sentencia en los próximos días acerca de uno de los casos de corrupción que, presuntamente, salpican a la ya desaparecida Convergència i Unió (CiU). Se trata del llamado caso Innova, en el cual se investigan diversas irregularidades económicas en el sector sanitario de Tarragona.
Uno de los principales acusados en el escándalo, el expresidente del Institut Català de la Salut (ICS), Josep Maria Prat, pactó este lunes con la Fiscalía tras admitir que prevaricó, malversó y falseó documentos en la construcción del Hospital de Reus. Su condena se conocerá en las próximas semanas, posiblemente, a inicios del verano.
Admisión de culpa
Prat presidió el ICS —la mayor empresa pública de servicios sanitarios de Cataluña— durante el mandato del exconvergente Artur Mas como presidente de la Generalitat y, al igual que el arquitecto Jorge Batesteza, se enfrentaba a una petición inicial de diez años de cárcel.
Ambos han llegado a un acuerdo con la Fiscalía, cuyos detalles se harán públicos en la recta final de juicio, según fuentes judiciales.
Fiscalía reclama de siete a diez años de cárcel
El juicio por el supuesto desvío de fondos para construir el Hospital Sant Joan de Reus a través del hólding municipal Innova empezó este lunes en la Audiencia de Tarragona, tras 14 años de instrucción, con el trámite de las cuestiones previas.
La Fiscalía reclama penas de entre siete y diez años de prisión para los ocho encausados en la presunta trama corrupta. Entre ellos figuran también el exalcalde socialista de Reus, Lluís Miquel Pérez —que en la época era presidente de Innova-, el exdirector del Catsalut, Carles Manté, y varios empresarios, bajo las acusaciones de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y tráfico de influencias.
Diez años
En su escrito de acusación, la Fiscalía pedía inicialmente diez años de cárcel y 20 de inhabilitación para los principales investigados, Prat, Batesteza y Pérez, además de una multa de 200.000 euros.
El juicio, que se suspendió en 2024, prevé 13 sesiones entre mayo y junio, y quedaría visto para sentencia el 1 de julio.
Presunto desvío de fondos
El juicio se centra en el supuesto desvío de más de un millón de euros de fondos destinados a alzar el Hospital Sant Joan de Reus hacia excargos del Catsalut mediante pagos que, según Fiscalía, no estaban justificados.
En el juicio se dirimirá la posible ilegalidad de esos pagos al exdirector del Catsalut, Carles Manté, y al arquitecto Jorge Batesteza autorizados por Prat, quien a su vez compaginaba la dirección del ICS con el cargo de director general de Innova.
Fiscalía, asimismo, cree que los contratos irregulares pudieron acordarse antes con Lluís Miquel Pérez, quien dejó la alcaldía de Reus tras perder las elecciones municipales en 2011.
Encargos al hólding Innova
Las facturas estaban relacionadas con la construcción del Hospital Sant Joan de Reus y con servicios de asesoramiento sanitario. Sin embargo, Fiscalía cree que los trabajos o bien no se realizaron, o se cobraron dos veces.
Batesteza era el responsable de infraestructuras del CatSalut, y cuando Manté y él cesaron en este organismo sanitario, recibieron los encargos del hólding municipal Innova.
Otros procesados
Según el ministerio público, el arquitecto cobró presuntamente dos veces por hacer el mismo trabajo tras ser contratado por Innova para supervisar las obras del hospital, por lo que percibió, por un lado, 387.000 euros y, a través de Innova Euroconsult, otros 186.000 euros por idéntica labor.
![El primer director general de los Mossos d'Esquadra y miembro fundador de CDC](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2015\/01\/09\/vida\/2011647_4779756_320x240.jpg"])
Respecto a Manté, la fiscal pide ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación, pena que también solicita para la exdirectora financiera de Innova, Esther Ventura. Asimismo, propone siete años de cárcel y 15 de inhabilitación para la exsecretaria del grupo, Natàlia Torrell.
Además, pide nueve años de prisión y una multa de 200.000 euros al exdirector de obras y proyectos de Innova, José Vicente Gómez, y para el responsable de la unión temporal de empresas (UTE) Euroconsult. Sergi Luqui, como presuntos autores de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
Ayuntamiento de Reus y la CUP, acusaciones particulares
Por su parte, el Ayuntamiento de Reus, que ejerce la acusación particular en la causa a través de la abogada Maria Saló, dirige su escrito sólo contra Prat, Batesteza y Manté, a quienes reclama que indemnicen a Innova con 1,2 millones de euros por el dinero que perdió el hólding municipal con los pagos por supuestos servicios ficticios.
En la causa también figura como acusación popular la CUP que, además de los delitos citados, acusa a los investigados de otro de organización criminal.
Qué es Innova
El hólding de empresas municipal Innova ha gestionado buena parte de las actividades de Reus hasta la actualidad: desde centros sanitarios a urbanismo, así como guarderías, el suministro de agua, aparcamientos, mercados, transporte público y ferias, entre otros servicios. Sus orígenes se remontan a comienzos de la alcaldía del socialista Josep Abelló, quien impulsó la creación de numerosas empresas municipales —en 1999 ya eran 17—.
![Bernardo Coslado, exadministrador de Ambulàncies Baix Ebre, junto a varias unidades de transporte sanitario / CG](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2015\/01\/30\/vida\/7261196_4784049_320x180.jpg"])
Ya en 2002 se creó Innova como empresa matriz que controlaría toda la red de sociedades municipales, apartándolas, con ello, del control y la contabilidad pública. En el momento en que estalló el escándalo, la empresa gestionaba tres de cada cuatro euros gastados por el Ayuntamiento de Reus, que en 2011 tenía un presupuesto de 396 millones de euros.
Déficit
Desde su fundación, el Ayuntamiento de Reus se involucró en proyectos cada vez más ambiciosos y con mayores riesgos, como el Tecnoparc, Shirota Functional Foods —empresa de investigación nutricional que acabó quebrando— y el centro comercial del Corte Inglés en la ciudad, promovido por Metrovacesa, en los terrenos de la antigua Fira de Reus, que permanece paralizado.
Proyectos que acabaron generando un déficit en el hólding y en la ciudad.
Derivadas
Por otra parte, la macrocausa Innova, el mayor escándalo de corrupción sanitaria en Cataluña, proyecta, a su vez, su sombra sobre otros ámbitos. Entre ellos, tal y como ha informado Crónica Global en las últimas semanas, el transporte sanitario en la Comunidad Valenciana.
El nexo de unión es el empresario Bernardo Coslado, exadministrador de Ambulàncies Baix Ebre e imputado en la pieza número 7 del caso por presuntos pagos irregulares al entonces director del ICS, Josep Prat.
Tras colapsar su estructura en territorio catalán, Coslado se consolidó en la provincia de Castellón a través de Ambulancias CSA, mercantil que ahora afronta denuncias por presuntas irregularidades en la ejecución de sus contratos públicos.
