"Nos ha costado mucho llegar hasta aquí, pero nos debemos felicitar entre todos; ya hay alguna comunidad autónoma que se ha interesado en hacer su propio estatuto rural", destacaba el alcalde de Montgai, municipio leridano de 600 vecinos, en una de las tres conversaciones de la primera Trobada de Municipis Rurals en el recinto del milenario monasterio de Sant Benet de Bages.
Lo decía frente a otros 300 ediles y representantes locales de todo signo político que respondieron a la convocatoria del Govern para oficializar el despliegue del Estatut de Municipis Rurals, la primera ley de la legislatura. El Ejecutivo socialista la llevó al Parlament "íntegramente, sin modificar una coma" de como salió de las comisiones, celebradas bajo la legislatura de Pere Aragonès.
Ha sido el propio president Salvador Illa quien lo ha recordado al inicio de su intervención, con la que ha abierto la jornada, mencionando asimismo a Marta Vilalta. La diputada de ERC fue la relatora de la ley y ha sido invitada en reconocimiento. "Hemos respetado el trabajo que se había hecho", ha añadido el dirigente para romper de inicio los corsés de la política a alto nivel.
De derecha a izquierda: el 'president' Salvador Illa con los 'consellers' Albert Dalmau, Alícia Romero, Ramon Espadaler y Sílvia Paneque, en la Trobada de Municipis Rurals
Portavoces del consenso
Precisamente los alcaldes se hicieron suya la permanente llamada del socialista en favor del consenso, para hacer de portavoces de esta máxima. De la decena de ediles que participaron en las mesas redondas encabezadas por los consellers Sílvia Paneque, Alícia Romero, Òscar Ordeig y Ramon Espadaler, la gran mayoría son de Junts o ERC, o están vinculados al independentismo.
Lo mismo se aplica a la sala, a rebosar de representantes locales.
"Muy pocas veces hemos dejado de lado nuestras diferencias políticas para hacer un proyecto de ley de interés general para reequilibrar el territorio y hacer avanzar a Cataluña", recordaba Omar Noumri, de Castelló de Farfanya, localidad de Lleida con poco más de 500 habitantes: "Hagan consenso para hacer leyes de país, no podemos tenerlo detenido, dejen de lado sus diferencias ideológicas".
La mesa redonda de la 'consellera' Sílvia Paneque en la primera Trobada de Municipis Rurals del Govern
El "éxito" del estatuto
El leridano provocaba así los aplausos de los asistentes, apelando al "éxito" del estatuto, que beneficiará a 608 pueblos con 20 millones de euros para la rehabilitación de 400 inmuebles y equipamientos abandonados, incentivos fiscales para fomentar la llegada de familias, y un refuerzo de medios técnicos de los ayuntamientos a través del Incasòl e Infraestructures.cat, entre otras medidas.
También se felicitaba Gerard Sabarich, alcalde de la pirenaica Rialp, a tres horas de Món de Sant Benet, al definir la jornada como "un día festivo para muchos de nosotros". "Pensábamos que no llegaría el momento de reivindicar nuestros derechos", agregó, arrojando un dato demoledor: el 70% de los 231 municipios de la provincia de Lleida tienen menos de 1.000 habitantes, "y bajando".
La figura del consenso aparecía en todas las conversaciones hasta el cierre de la primera edición de un evento que pretende ser anual. Albert Dalmau, titular de Presidència y organizador del mismo, evidenciaba hacia el final que "todas las formaciones han hablado aquí de consenso", poniendo como ejemplo la política rural: "Hay alcaldes que tienen mayoría absoluta y aún así pactan los presupuestos".
En manos del Parlament
En este sentido, pidió mantener "ese espíritu de colaboración" y "dejar atrás el partidismo para el despliegue del estatuto, un camino complejo que requiere de aprobaciones y modificaciones normativas y legislativas". Como la ley de Territorio, sobre la que el Govern calcula tener una propuesta el primer trimestre de 2026 y que inicie su tramitación para salir aprobada antes de acabar el año.
El Parlament estará llamado a facilitar el planeamiento urbanístico, farragoso para cualquier ayuntamiento --en especial, para aquellos con pocos recursos técnicos--, y que frena la creación de vivienda, la instalación de empresas y la construcción de nuevos equipamientos, empujando también al abandono de fincas.
"He hablado con 50 alcaldes y todos me han dicho que modifiquemos la ley de Territorio", reconocía Paneque, mientras más voces municipales se referían a la cuestión urbanística como una "losa". También a la ley de Estabilidad Presupuestaria, que restringe la capacidad de gasto de sus recursos y subvenciones, y contra la que Romero ha pedido armar un frente común en el Congreso, al ser estatal.
A la espera de los presupuestos
No obstante, la Cámara catalana ya tramita la ley de Finanzas Locales para paliar sus efectos. Dalmau la elevó a la consideración de "salto en el sistema de financiación" y a "uno de los objetivos de 2026". Un esfuerzo tras otro del Govern que confluyen, en último término, en la ansiada aprobación de los nuevos presupuestos, que aún siguen siquiera sin negociarse.
Si bien el secretario general de Governs Locals i Relacions amb l'Aran, Xavier Amor, había deslizado en un contacto con los medios el día anterior que las medidas mencionadas se desplegarían a medio gas si no se logra una actualización de las cuentas, el conseller apostilló este sábado: "Espero que lo veamos [el consenso] en el futuro proyecto de presupuestos, en el que tendremos la oportunidad de concretar estas cuestiones".