La consellera Alícia Romero ha animado a hacer un frente común para lograr en el Congreso de los Diputados una modificación de la normativa que libere a los ayuntamientos de las ataduras que restringen en su capacidad de gastar los recursos de los que disponen.
En la primera Trobada de Municipis Rurals, la titular de Economia i Hisenda ha repasado los anuncios de la jornada --avanzados por el president Salvador Illa-- y ha abordado con tres alcaldes las dificultades en la gestión de sus localidades.
"Hago una llamada a encontrar el consenso e ir al Congreso y poder reformar la ley, es injusto que enviemos dinero a los ayuntamientos y que estos no tengan capacidad de gastárselo", ha dicho frente al edil de Mataró, David Bote, el de Masnou, Jaume Oliveras, y el de Riner, Joan Solà.
"Revisión radical"
Romero se ha referido en estos términos a las leyes de Estabilidad Presupuestaria y de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. La grave crisis del 2008 empujó a España a restringir la autonomía de los consistorios para revertir situaciones como el impago de nóminas a funcionarios públicos.
No obstante, esa misma normativa hoy les limita sobremanera. "Necesitamos una revisión radical de la ley porque lo que nos ahoga es que no podamos disponer de del remanente, del superávit que generamos. Si hacemos bien las cosas, ¿por qué no podemos utilizar nuestros recursos?", se ha preguntado Oliveras, también vicepresidente primero de la Associació Catalana de Municipis (ACM).
Consenso
Una situación que provoca que parte de las subvenciones que los consistorios reciben de la Generalitat vayan a "amortizar la deuda, y ese no es el objetivo de las ayudas", ha descrito la consellera. En este sentido, ha deseado "llevar una propuesta mayoritaria al Congreso" contra una ley que ha tachado de "injusta".
Precisamente Bote, presidente de la Federació de Municipis de Catalunya, ha aunado el consenso de distintos partidos políticos con representación en la Cámara baja, sin que esto se haya concretado por el momento, a pesar de que la ley limite la capacidad de todos los ayuntamientos de España, algo que se agrava en el caso de los más pequeños.
Alícia Romero, 'consellera' de Economia i Hisenda, en su mesa redonda en la primera Trobada de Municipis Rurals, en Món Sant Benet, comarca del Bages (Barcelona)
También en el Parlament
Aun así, Romero ha llamado al optimismo frente a "condicionantes que no ayudan", apelando a la futura aprobación de la ley de Financiación Local, en tramitación en el Parlament. "Los municipios necesitan una estabilidad y saber de qué recursos dispondrán. Trabajamos en ello e intentaremos que llegue cuanto antes", ha prometido.
Por su parte, el alcalde de Mataró ha reclamado "normas más ágiles para poder gastar reconociendo la realidad tan diversa del país", ya que "el dinero se debe tener, pero también se debe poder ejecutar el presupuesto". Y ha incidido, asimismo, en las dificultades para fichar a arquitectos, juristas y otros perfiles.
Dinero y recursos técnicos
"Es verdad que no todos son recursos, la mayoría de municipios son complejos de gobernar por su extensión o despoblación y hay que ayudarlos técnicamente", ha coincidido Romero, quien ha celebrado, asimismo, que el presupuesto de la Generalitat del año que viene --que aún se debe negociar con ERC y Comuns-- crecerá un 3,3%, y que el techo de gasto se ha fijado en 40.500 millones de euros.
La titular de Economia i Hisenda, en paralelo, ha recordado que el Govern publicará en febrero la lista de municipios beneficiados por el Fondo de Cooperación Local, que ha aumentado en 7,5 millones hasta los 9. El Consell Executiu recientemente también ha aprobado un fondo extraordinario de 22 millones de euros con "una especificidad para el mundo rural".
Primera Trobada de Municipis Rurals, en el Món Sant Benet, comarca del Bages (Barcelona)
Incentivos fiscales
Entre las medidas anunciadas por el president Illa este sábado, destacan nuevas deducciones de hasta el 20% por traslado de residencia, compra, rehabilitación y alquiler de vivienda habitual para jóvenes y familias con menores en edad de escolarización. Entrarán en vigor en 2026 para que puedan incorporarse en la campaña de la renta de 2027.
Incentivos que se añaden a los ya aprobados, como la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) de hasta el 4% y la bonificación del 75% en actas notariales para regularizar fincas rurales.
Todo ello, contemplado en la ley del Estatut de Municipis Rurals, sobre el que Joan Solà, alcalde de Riner y presidente de Micropobles ha manifestado su ilusión. "Nos brillan los ojos porque sabemos que podemos revertir la situación que vivimos. Nos debemos poner con ello, conseller", ha dicho en referencia a Albert Dalmau, titular de Presidencia, y frente a 300 representantes del mundo local.