"El trabajo jurídico ya está hecho. Nosotros hemos hecho el trabajo", reprochó una triunfalista Jéssica Albiach a Salvador Illa en la sesión de control al Govern del pasado miércoles, elevando la prohibición de la especulación inmobiliaria a "tema central" para negociar los presupuestos. "Voluntad toda, realismo también", respondió el presidente de la Generalitat para marcar distancias ante la líder de los Comuns, cuyas exigencias inquietan en el Ejecutivo catalán.
La formación morada se ha aupado a sí misma con un informe encargado por el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB) --cuya comisión ejecutiva la preside la concejal barcelonesa Janet Sanz-- y que les ha permitido vestir sus exigencias como legales. Una situación ante la que se han revuelto la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE), API y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona.
Éstos han aportado al debate un informe que desmonta la argumentación de la formación morada. Sus firmantes, Juan Manuel Trayter e Irene Araguàs, director e investigadora del Centro de Innovación y Gestión de las Administraciones Públicas de la Universidad de Girona, determinan que la propuesta "ataca el núcleo esencial del derecho de propiedad y lo hace irreconocible, lo que implica su inconstitucionalidad".
"Completamente ilegal"
¿Qué más dicen? "Es completamente ilegal", zanja el autor del estudio en conversación con este medio. Su texto tumba el supuesto encaje jurídico de la prohibición de operaciones en las que el comprador no pretende vivir en la vivienda que adquiere. Ambos expertos señalan que restringir la compra de un activo inmobiliario "en función del uso que le pretenda dar" contraviene el marco constitucional.
También censuran que se pretenda prohibir la adquisición de un piso para ponerlo en alquiler. Esto provocaría una mayor reducción de la oferta sin contribuir a la bajada de precios --que ya se encuentran limitados-- y "perjudicaría directamente a las personas que más están padeciendo la emergencia habitacional, pues no podrán acceder al alquiler de viviendas".
Asimismo, el informe del PEMB avala el veto a la compra de un inmueble para regalárselo a un familiar, cuando "imponer prohibiciones que afectan a las relaciones jurídicas entre particulares va mucho más allá del urbanismo, que es la función pública que tiene por objeto la regulación del uso del suelo, su urbanización y edificación", se encargan de aclarar. No obstante, la proposición de ley de los Comuns sí permitiría este extremo.
Un bloque de viviendas en Barcelona
Debate empantanado
De esta manera, el análisis del sector sostiene que las medidas aupadas no son ni proporcionales, ni eficaces, ni están respaldadas jurídicamente. La cuestión también se empantana en lo conceptual, ya que el concepto de compra especulativa "no está amparado en norma alguna" en el ordenamiento.
"Tal y como se plantea, la compra especulativa se basa en 'un piso, una familia' y si tienes dos, ya eres un especulador", censura Trayter en conversación con este medio, incidiendo además en que no pueden participar de la regulación tanto el Gobierno, como la Generalitat ni los ayuntamientos, como se propone: "El derecho público no lo tiene todo el mundo".
El informe que aúpa a los Comuns
El propósito de los promotores, agentes inmobiliarios y propietarios es que "la Administración tenga en cuenta" su informe, precisamente cuando arranca su camino parlamentario la proposición de ley de los Comuns. Iniciativa, asimismo, que no debe superar "ningún control de calidad", como sí debería hacerlo un proyecto de ley, que requiere de "una memoria jurídica, de impacto y trámites de información pública".
La sustenta el texto supramunicipal que firma Pablo Feu, presentado hace un mes y aupado por los círculos de la formación morada. El abogado asegura que la Constitución sí permite restringir la especulación inmobiliaria si ésta perjudica el interés general y si es temporal y se limita a las zonas de mercado residencial tensionado. Y para que no tropiece en los juzgados, la medida debe ser proporcional, reduciendo la rentabilidad del propietario pero sin liquidarla.
Jéssica Albiach escucha la intervención del 'president' de la Generalitat, Salvador Illa, en el Debate de Política General del Parlament
Inquietud y compromiso en el Govern
En el seno del Govern, la propuesta de máximos de los de Albiach es recibida con inquietud. El Ejecutivo socialista ha encargado sus propios informes para determinar los mecanismos más realistas para regular la especulación inmobiliaria, tales como, por ejemplo, adaptar la carga impositiva de la compraventa en función del número de viviendas ya en posesión, para desincentivar la acumulación de riqueza.
En este sentido, el compromiso del president Illa y la consellera de la que cuelga la cuestión, Silvia Paneque, es total para hacer que el uso residencial tenga preferencia ante la rentabilidad económica. Pero el dirigente catalán prometió en el Parlament que no hará "nada que no tenga la certeza jurídica de que es efectiva y tiene cabida". Por su parte, fuentes de los Comuns reconocen a este medio que tendrán cintura para aceptar otras fórmulas.