Junts ha dado este jueves un paso más en la ruptura que anunció Carles Puigdemont en Perpiñán al anunciar el bloqueo de la legislatura por medio del veto a todas las leyes del Gobierno —las que están en trámite, las que eventualmente puedan llegar y naturalmente los presupuestos—, tal como ha anunciado la portavoz del prófugo en las Cortes, Míriam Nogueras.
Se trata de un movimiento que desoye las sugerencias de un empresariado catalán –históricamente próximo al espacio convergente y también cercano al expresident–, que de este modo se queda sin opción de influir en las políticas económicas de Madrid. Un peix al cove que parece haber llegado a su fin, de la mano de la legislatura. Y llega, además, en un día marcado por las alertas por el temporal en Cataluña.
Desde Moncloa, pese a que empiezan a tomarse en serio la amenaza como no habían hecho hasta ahora, insisten en la mano tendida y en la voluntad de agotar el mandato hasta 2027. La calculadora de Pedro Sánchez dictará si se cumple esta segunda premisa o si la irrelevancia a la que se arriesga Junts también en Madrid consigue, al menos, cobrarse la caída de un Gobierno español.
Enmienda a la totalidad
Mientras la líder posconvergente en Madrid concretaba la desconexión de Junts de la legislatura, su grupo parlamentario registraba enmiendas a la totalidad de las 25 leyes impulsadas por el PSOE y Sumar que aún no han arrancado su tramitación y comunicaba al Ejecutivo su voto en contra de otras 30 que ya están en fase de tramitación. Un total de más de 50 que quedan sin opciones de prosperar.
Entre ellas, la ley Bolaños o la ley Begoña --como la ha llamado Nogueras--, que se situaban como clave en esta fase del mandato y que Junts estaba dispuesto a negociar mientras se daba cumplimiento a los acuerdos de Bruselas y se negociaba discretamente en Suiza, con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el mismo Puigdemont y el mediador hondureño como interlocutores hasta hace apenas unas semanas.
Orriols, el detonante
Los empresarios no son los únicos que consideran que Junts se ha precipitado. De hecho, percibieron la ruptura de Perpiñán como un nuevo órdago al Gobierno en aras de acelerar carpetas como la oficialidad del catalán en la Unión Europea o la aplicación de la ley de amnistía, que todavía tienen margen para hacerse realidad al ser asumidas por Sánchez como un compromiso de Moncloa.
En cualquier caso, la razón principal del volantazo no es otra que una perspectiva electoral muy mala. Desde Junts temen el auge de la ultraderecha independentista de Aliança Catalana hasta el punto de interpretar que su poder en Madrid, prácticamente el único que le quedaba tras la muerte del procés, suponía más un lastre que una ventaja. Una maniobra que muchos sectores no han entendido.