Los 5 pasos que faltan para implementar la "financiación singular" de Cataluña

La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) se refuerza en el nuevo curso político como órgano autonómico. El Govern acaba de dar un paso importante para dotar a la agencia de plena autonomía a través de la aprobación de un decreto ley para modificar su régimen jurídico.

El objetivo final está claro: recaudar todos los impuestos que se pagan en Cataluña, aportando al Estado una parte en concepto de solidaridad. Aunque, hasta conseguir la asunción de todas las competencias fiscales de la región, el Govern todavía debe superar algunos escollos.

Para que la arquitectura se haga efectiva, se deberá hacer un despliegue progresivo con reformas legislativas, concreción del calendario y acuerdos políticos que todavía no están definidos. Entre tanto, quedan cinco pasos imprescindibles que determinarán el éxito o el fracaso de la reforma y sus tiempos.

Primer paso: cambios legislativos

La primera traba es jurídica. Para conseguir que el modelo de "financiación singular" progrese es necesario reformar varias leyes: la ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), llamada ley 8/1980; la del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, que se denomina ley 22/2009; y la del régimen de cesión de tributos del Estado a la comunidad autónoma de Cataluña; la 16/2010. Sin esta remodelación legislativa, los avances no tendrán ningún efecto.

Segundo paso: concreción del modelo

Los grupos de trabajo deberán avanzar en las concreciones del sistema para redactar un modelo definitivo. En el plan director publicado hasta ahora para su despliegue no detalla cómo se calculará la cuota de solidaridad ni en qué medida se aplicará el principio de ordinalidad. Este consiste en un mecanismo que garantiza que una región mantenga su posición en el ranking de ingresos per cápita una vez se haya producido la redistribución territorial de los recursos, una tarea de alta sensibilidad política.

El Gobierno central tiene ahora el encargo de presentar una propuesta detallada de modelo de financiación para todas las comunidades en un próximo Consejo de Ministros tras el verano. Este deberá clarificar los detalles y sus implicaciones para el conjunto del sistema de financiación autonómica.

Tercer paso: reforzar la ATC

El tercer desafío se encuentra en el ámbito administrativo. Actualmente, la ATC cuenta con 850 empleados, frente a los más de 4.400 que tiene la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) desplegados en Cataluña. Por ello, en la campaña de la renta de 2025 —que se presentará en 2026— el organismo se limitará a prestar información y asistencia a la campaña a los solicitantes de cita previa. Para ello, incorporará 400 agentes de refuerzo.

En 2027, la agencia catalana, aspira a asumir por completo la asistencia de la campaña de la renta, para lo que prevé contratar 700 inspectores e instalar nuevas oficinas que permitirán atender a 360.000 contribuyentes.

También deberá desplegar su plataforma digital para que los contribuyentes puedan acceder al servicio complementariamente a través del idCat Mòbil. La ATC dispone de medios digitales actualmente, pero estos han quedado desfasados y sin la capacidad suficiente que requiere recaudar el IRPF.

Cuarto paso: superar resistencias políticas

De momento, la financiación no cuenta con los 176 votos necesarios en el Congreso. El modelo choca con una cámara fragmentada y con el rechazo frontal del PP, que considera que será una "asfixia" para el bolsillo de los españoles, o Vox, que señala que es una "maniobra del PSOE para mantenerse en el poder". También hay reticencias por parte de varias autonomías, entre ellas muchas receptoras netas de fondos con el modelo actual.

Los gobiernos autonómicos críticos con el acuerdo no fueron solo los del Partido Popular, sino también los de Castilla-La Mancha y Asturias, ambos del PSOE. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado el acuerdo de “afrenta”.

Quinto paso: calendario realista

El último paso pendiente es concretar los tiempos. El primer pacto entre el PSC y ERC fijaba que la Generalitat asumiría la gestión del IRPF en 2026. Ahora, el horizonte se ha desplazado dos años más, como detalla el plan director. En 2027, la ATC prestará asistencia en la campaña de la renta, pero no será hasta 2028 cuando se haga cargo de la gestión plena.

El plan, además, no define cuándo asumirá la ATC el 100% de la gestión de todos los impuestos, aunque se apunta a una fase final "a partir de 2030", sin una fecha de resolución específica.

El propio Illa defendió en Shanghái que el calendario es “realista” y negó estar “vendiendo humo”. A su juicio, la prioridad es consolidar una estructura “sólida y segura” que evite fugas de fraude fiscal.