Generalitat y Gobierno buscan desencallar la nueva financiación catalana a partir del traspaso del IRPF

Aunque dos semanas más tarde de lo previsto, la comisión bilateral por el nuevo modelo de financiación autonómico llega este lunes a Barcelona. Generalitat y Administración central están llamados a dar respuesta a la singularidad fiscal a la que se comprometieron PSC y ERC en los pactos de investidura del pasado verano; y el primer paso será un traspaso integral del IRPF, que empezará a ser recaudado por la Agència Tributària de Catalunya desde 2026.

Para ello, y se trata de uno de los pocos puntos en los que ya hay acuerdo a expensas de lo que suceda en las próximas horas --en las que las partes seguirán negociando intensamente--, la dotación de la hacienda catalana de recursos es imprescindible. La conselleria de Economía ya ha destinado partidas para preparar al organismo para la asunción gradual de la totalidad de los impuestos, pero también se prevé que la Administración central ponga de su parte, sobre todo cediendo personal.

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Este será uno de los avances más reivindicados en la bilateral –que se celebra a las 12 horas en Palau– si no hay más concreciones en relación a la aplicación o no del principio de ordinalidad, el porcentaje de solidaridad hacia otros territorios o los mecanismos legales para implementar el nuevo modelo, sobre el que ni siquiera se conoce si implicará una salida del régimen común, una reforma de la LOFCA o cualquier otra fórmula distinta. Muchas más dudas que certezas, por ahora.

Se seguirá negociando tras la bilateral

En cualquier caso y con más o menos flecos cerrados, la negociación entre Govern, Gobierno y ERC seguirá tras el cónclave de este lunes, en el que el papel de los republicanos se limitará a escuchar atentamente lo que venga a decir la consellera Alícia Romero a los grupos parlamentarios, convocados también por la mañana a la plaza Sant Jaume. Será un encuentro previo a la propia bilateral, a la que en representación de Moncloa no acudirá la vicepresidenta María Jesús Montero. 

Fuentes próximas a la negociación apuntan que, independientemente de una ausencia vinculada a la propia organización habitual de las cumbres entre ejecutivos y que cubrirá el ministro Ángel Víctor Torres, la asimismo candidata a la Junta de Andalucía es quien más trabas está poniendo en las últimas semanas. "Ha puesto el freno de mano", aseguran, "en contra de un acuerdo con un amplio consenso social y político y que en ningún caso supondrá un agravio para ninguna región".

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De ahí el retraso de un acuerdo que debía estar listo el pasado 30 de junio –también ha influido el encarcelamiento de Santos Cerdán– y de ahí que Oriol Junqueras, implicado de lleno en las negociaciones y conocedor de primera mano de los esfuerzos de Salvador Illa para cumplir con lo firmado, también se haya cubierto las espaldas propondiendo una modificación legal en el Congreso de los Diputados, que tarde o temprano tendrá que dar luz verde a la nueva financiación. 

El papel de Junts, potencialmente decisivo

Cuando llegue ese lejano punto, pues las partes aseguran que así lo condiciona la complejidad del traspaso no solo en cuanto a la recaudación sino especialmente en relación a la gestión de los propios tributos, el resto de formaciones políticas deberán decir la suya. Por ahora hay mucha prudencia a falta de conocer los detalles de lo que algunos llaman concierto económico, otros cupo y últimamente, en el entorno del acuerdo, más financiación justa que financiación singular.

Lo que es prácticamente unánime es que Cataluña está mal financiada, como advirtió también el pasado viernes Alberto Núñez Feijóo. Y otra de las claves es donde finalmente acabe posicionándose Junts, que a priori rechaza cualquier modelo que no se asemeje al vasco o navarro pero que, de votarse la propuesta en el arco parlamentario actual, tendría enormes presiones internas para cambiar de opinión y no entorpecerla. Ya las hay, de hecho, pues muchos lo consideran un "avance".

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El resultado final, "un modelo más justo"

Más allá de los cálculos políticos, que serán más fáciles para todos a toro pasado, el compromiso adquirido por el Govern –y también por el Gobierno de España– es que haya un nuevo modelo de financiación autonómico y que Cataluña aquiera progresivamente un régimen fiscal propio aunque al servicio de la equidad territorial. "Un modelo más justo" que según apuntan las partes "tardará años" en ser plenamente efectivo y funcional pero que "sí o sí, será una realidad".

Tanto en Madrid como en el Palau de la Generalitat saben que, como el propio Gabriel Rufián le advirtió a Pedro Sánchez hace unas semanas, les va la gobernabilidad en ello. Sin ERC, el Gobierno cae definitivamente; pero también Illa se vería en enormes dificultades para aprobar presupuestos en el Parlament. Desde Palau los dan hoy por sentados por la buena relación con sus socios, pero como dice el propio acuerdo de investidura dependen del nuevo modelo de financiación, que por ahora sigue encallada.