El presidente de la Generalitat, Salavdor Illa, durante el incendio de la semana pasada en Guissona
La UME vuelve a Cataluña de la mano del Govern Illa
Se trata de un cambio significativo respecto a la actitud que los anteriores gobiernos independentistas han mostrado hacia el Ejército, con rechazo político y campañas de desprestigio
El Ejército ha vuelto a desplegarse en Cataluña. Esta vez, de la mano del presidente Salvador Illa y a petición expresa del Govern de la Generalitat. El líder socialista ha solicitado la intervención urgente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para apoyar a los Bombers de la Generalitat y a los servicios de emergencias en las labores de extinción del grave incendio forestal que arrasa el municipio de Paüls (Tarragona) y que ya ha quemado más de 2.900 hectáreas. El fuego, impulsado por fuertes rachas de viento, ha obligado a confinar a más de 18.000 personas.
Se trata de un cambio significativo respecto a la actitud que los gobiernos independentistas de los últimos años han mostrado hacia las Fuerzas Armadas. Desde el inicio del proceso secesionista, la mera presencia del Ejército en Cataluña ha sido objeto de rechazo político y campañas de descrédito promovidas por los partidos nacionalistas.
Incendio de Paüls Bombers
Según ha explicado el propio Illa, la solicitud de ayuda al Ejército se ha producido "ante el empeoramiento del comportamiento del incendio forestal de Paüls debido al viento", y responde a una petición expresa de los Bombers y los equipos de emergencias catalanes. La llegada de la UME al terreno representa no solo un refuerzo esencial en una situación crítica, sino también un cambio de tono institucional respecto a la cooperación con el Estado.
Años de desdén contra la UME
En los últimos años, el independentismo ha expresado públicamente su rechazo, cuando no desprecio, hacia la UME. Durante la pandemia del coronavirus, el entonces presidente Quim Torra rechazó inicialmente su colaboración, aunque más tarde acabó aceptándola por la presión sanitaria.
Imagen del fuego de Paüls, en Tarragona
En julio de 2021, la entonces presidenta del Parlament, Laura Borràs (Junts), protagonizó una sonada polémica al difundir un bulo durante los incendios del Cap de Creus (Girona). En vez de agradecer la ayuda estatal, utilizó el desastre para cargar contra el Gobierno español, afirmando falsamente que Francia podría prestar ayuda más eficaz. Obvió que el Estado ya había desplegado medios aéreos y recursos en la zona.
Un año más tarde, en 2022, durante los incendios de Artesa de Segre (Lleida), el diputado de Junts, Salvador Vergés, volvió a instrumentalizar la catástrofe natural para fines políticos. “Triste de ver que el Estado que nos expolia nos envía un Ejército que no sería necesario si pudiésemos permitirnos los medios adecuados”, publicó en redes sociales, sin tener en cuenta la gravedad de la situación ni el valor de la ayuda prestada por la UME.
Cooperación entre administraciones
La intervención militar en el incendio de Paüls se produce en un contexto en el que incluso otras comunidades autónomas han ofrecido su colaboración al Govern. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto a disposición de Cataluña los equipos de extinción madrileños.
Coordinación contra el incendio de Paüls, en Tarragona
“Vemos con preocupación el incendio forestal de Tarragona, en el inicio de un verano complicado en toda España”, ha escrito Ayuso en sus redes sociales. “Ofrecemos toda la ayuda posible y nuestro apoyo y cariño a los vecinos afectados”, añadió.
Un cambio de rumbo
La llegada de Illa a la Generalitat ha supuesto un giro en la gestión institucional de las emergencias. Frente a los vetos ideológicos al Ejército de los gobiernos de Carles Puigdemont, Quim Torra o Pere Aragonès, el nuevo Govern apuesta por la colaboración en situaciones tan graves como los incendios forestales.
La presencia de la UME en Cataluña es también el reflejo de una nueva etapa política que pone por delante la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, por encima de la retórica nacionalista que durante años condicionó la respuesta institucional ante las catástrofes.