
El abogado Miguel Durán y el Hospital Vall d'Hebron
Miguel Durán ideó un gran caso de corrupción en la sanidad catalana: fracasó
El abogado denunció financiación ilegal de UGT por medio del Hospital Vall d'Hebron: la juez del 'caso Negreira' no le creyó
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Hace exactamente un año --365 días,-- un 2 de julio de 2024, el juez sobreseyó en silencio el que se vendió como gran caso de corrupción de la sanidad catalana. El abogado Miguel Durán había iniciado una cruzada ante un caso de malas praxis en el Hospital Vall d'Hebron, el mayor de Cataluña, y buscó extender esa acusación al sindicato UGT. La juez Silvia López, instructora de los casos Negreira y Laura Borràs, lo archivó.
Lo detallan fuentes cercanas al escándalo un año después de que colapsara el caso judicial contra la guardería de Vall d'Hebron, que acogía a 80 niños y a unos 15 profesores.
Doce meses después del fin de la crisis judicial, en el que llegaron a estar investigados nueve altos cargos del Ayuntamiento de Barcelona y el Instituto Catalán de Salud (ICS), se quejan de que la causa "ha quedado en nada, pese a que se le dio bombo y platillo".
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Por partes, la juez López, una de las estrellas de la magistratura catalana, dio carpetazo al caso guardería el 2 de julio de 2024, sin que nadie recurriera ni diera parte de ello.
Casi un año antes, en verano de 2023, estallaba un escándalo: una sindicalista de UGT había roto el silencio y, con la ayuda del abogado Miguel Durán, se había querellado contra el mayor hospital catalán por, decía, operar un jardín de infancia ilegal y desviar los fondos al sindicato.

Imagen del hospital Materno-Infantil de Vall d'Hebron
Cesión
Cinco años antes, la misma activista ya había defendido la ilegalidad del centro ante los medios informativos. En 2023, llevó el asunto ante la justicia con la ayuda del exdirector general de la ONCE.
Todo partía de la cesión de la guardería de Vall d'Hebron a sus trabajadores en 2013. La denunciante aseguró que el ICS, que gestiona el gran hospital, cedió la instalación a su plantilla, irregularmente, sin licitación ni licencia.
De este modo, un beneficio laboral para los sanitarios acabó siendo gestionado por éstos sin competencia.
Fondos
Pero es que además, la sindicalista aseguró que parte de los fondos que costeaban el equipamiento, y que eran públicos, se desviaron al sindicato UGT.
Es por ello por lo que se llegó a comparar el caso guardería de Barcelona con el caso ERE de Andalucía, donde la agrupación sindical sí cometió desvío de dinero público.
Imputados nueve altos cargos
El asunto se vistió con tanta gravedad, que el juzgado de Instrucción 9, que tutela la juez López, inició una investigación. Para aclarar el asunto, citó como investigados a nueve altos cargos municipales y del ICS. Les imputó los delitos de prevaricación y malversación.
Entre los nombres más granados de las pesquisas judiciales figuraban Albert Salazar, aún gerente de la instalación; Pere Soley y Yolanda Lejardi, exgerentes del ICS, y Candela Calle, que dirigía entonces la empresa pública.
De hecho, en un momento de la instrucción, se llegó a citar como investigado al entonces conseller de Salut, Josep Maria Argimon. Éste había dirigido el ICS, por lo que le pidieron explicaciones.
Lo niegan y archivado
Todos los mandos del sistema sanitario negaron irregularidades. Eso sí, la juez condujo la investigación con mano de hierro, llegando a apartar a la Policía Nacional de las pesquisas para evitar presiones, puesto que un agente tenía relación con uno de los citados.
Confió en la Guardia Civil, aunque el instituto armado tampoco pudo acreditar las ilicitudes, solo un desajuste administrativo. Finalmente y tras meses de instrucción, la juez archivó el caso. Ningún medio informó de esa novedad.
Guardería cerrada
Eso sí, el gap administrativo provocó que el distrito clausurara el centro sanitario infantil. Los trabajadores interpusieron recurso contencioso ante la justicia, puesto que entendían que perdían un derecho. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) avaló el cierre.
Con ello, los cerca de 3.300 sanitarios perdieron un jardín de infancia a precio subvencionado para sus hijos. El edifico yació vacío durante meses, hasta que se reconvirtió.
Disputa sindical
Y es que ese era el fondo de la cuestión: una cesión del dispositivo mal hecha por la Administración. El ICS liquidó la gestión directa de la guardería al verla anticuada y la pasó a la asociación de madres y padres. Lo hizo mal.
Desde entonces, el equipamiento era irregular. Jamás se pudo legalizar una situación que nació viciada. En un momento dado, una activista sindical cambió de plataforma y destapó el asunto contra UGT, donde había militado antes. Algunas fuentes subrayaron entonces que el asunto era una vendetta sindical.
Sea como fuere, la causa creció durante un tiempo, pero quedó diluida en agua de borrajas, como ha demostrado la justicia.