
El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, reunido con Puigdemont y Turull en Bruselas
Santos Cerdán, el hombre que negoció con Puigdemont sus acuerdos con el PSOE
El hasta hoy secretario de organización del partido socialista, a quien la UCO implica en el presunto cobro de comisiones a cambio de obras públicas, fue una figura clave para que los posconvergentes apoyaran la investidura de Pedro Sánchez
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Santos Cerdán ha presentado este jueves su dimisión como secretario de Organización del PSOE después de salir a la luz pública un informe de la unidad de investigación de la Guardia Civil sobre el crimen organizado (UCO) que le implica en el presunto cobro de comisiones a cambio de la concesión de obras públicas.
La UCO considera que Cerdán habría gestionado al menos 620.000 euros en "contraprestaciones económicas" pagadas, supuestamente, por Acciona al exministro de Fomento y de Transportes, José Luis Ábalos, y a su exasesor Koldo García.
La trama se ha desvelado a raíz de unas grabaciones interceptadas por la Benemérita a este último. Además de dicha cantidad, todavía quedarían -a criterio de Koldo- "450.000 euros pendientes de abono", según consta en el informe policial.
Hombre de confianza de Sánchez
Las sospechas de este caso de corrupción han propiciado que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente haya ofrecido a Cerdán declarar de forma voluntaria el próximo 25 de junio. Y, también, su caída en desgracia en el PSOE, donde durante la última década, y hasta hoy mismo, fue uno de los colaboradores cercanos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En una de las grabaciones intervenidas, la UCO sospecha que Cerdán pudo haber amañado las primarias en las que este último se proclamó secretario general de los socialistas en el año 2014.
Ya desde esa época, Cerdán ha sido un hombre de peso en el engranaje del PSOE. Y, en los últimos años, también para que Sánchez se mantuviera en el cargo, después de que el PP ganara las elecciones generales de 2023. Su labor resultó decisiva para sellar acuerdos con sus socios parlamentarios secesionistas. Y, de forma especial, con Junts per Catalunya.
Reuniones con Puigdemont en el extranjero
Sus idas y venidas al extranjero para reunirse con el líder de la formación posconvergente, Carles Puigdemont -fugado de la justicia en Bélgica desde el golpe secesionista de 2017- tuvieron su cénit a final de octubre de 2023. Fue entonces cuando, después de fotografiarse con el prófugo en Bruselas, en una sala con un gran cuadro conmemorativo del referéndum ilegal del 1-O, anunció el acuerdo del PSOE con Junts a cambio de la investidura de Sánchez.

Santos Cerdán y Puigdemont se reúnen en una sala con una foto de una urna del 1-O, retirada por el Parlamento europeo
El propio Cerdán firmó ese pacto, en representación del PSOE, con el secretario general de Junts, Jordi Turull. Y, a continuación, compareció ante los medios para explicar su contenido, que incluyó la polémica ley de amnistía para los condenados y encausados por el procés desde 2012 a 2023. Entre ellos, varios de los dirigentes a quienes Sánchez necesitaba como socios.
El acuerdo generó controversia, ya que la formación socialista asumió por escrito parte del relato independentista sobre la historia de Cataluña y su relación con el resto de España, aludiendo por ejemplo a un supuesto "conflicto histórico" entre ambas partes. Y también en cuestiones de actualidad, como aludir a lo que los secesionistas llaman "judicialización de la política" y "lawfare", o aceptar la verificación posterior de lo pactado por parte de un relator internacional.
Negociaciones con Junts
En dicho documento, Junts exponía exigencias como "la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña" a la Generalitat, mientras el PSOE planteaba, por su parte, "medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Cataluña".
En esas cuatro páginas, se hablaba de dar un "reconocimiento nacional" a Cataluña. Algo para lo cual los neoconvergentes reclamaban "un referéndum de autodeterminación", mientras los socialistas se comprometían a defender el desarrollo del Estatut de Autonomía del 2006, tumbado parcialmente por el Tribunal Constitucional, "así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña"