El exalcalde de Badalona, Rubén Guijarro, junto a los otros dos acusados de un delito sobre la ordenación del territorio
Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el exalcalde de Badalona Rubén Guijarro por sanciones irregulares
El exmandatario socialista está acusado de un presunto delito de ordenación del territorio; asegura que confió en los responsables técnicos y jurídicos al firmar, y que "jamás" tomó ese tipo de decisiones al frente de la concejalía de Urbanismo
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Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el exalcalde de la localidad barcelonesa de Badalona, Rubén Guijarro (PSC), y dos funcionarios del consistorio, a los cuales acusa de haber impuesto sanciones a los propietarios de unos terrenos por una serie de construcciones en suelo no urbanizable, en vez de hacerlo contra los ocupantes de dichas parcelas.
Guijarro ha asegurado, en el juicio que se celebra en la Audiencia de Barcelona, que "jamás" dio directrices sobre a quién se debían incoar o no expedientes sancionadores por infracciones urbanísticas mientras desempeñó el cargo de concejal de Urbanismo, entre el 25 de julio de 2018 y el 12 de mayo de 2020. Y ha sostenido que él se limitaba a firmarlos cuando el procedimiento llegaba a su fin.
16 años de inhabilitación
El ministerio público atribuye a cada uno de los acusados un delito contra la ordenación del territorio. Y, además de la pena de cárcel, pide para ellos 16 años de inhabilitación y una multa de 7.800 euros.
Los hechos por los que se acusa a Guijarro se remontan a la época en que éste era concejal de Territorio durante la alcaldía del socialista Àlex Pastor, por lo que era el responsable político en materia de Urbanismo.
La acusación también se dirige contra el exjefe del área de Urbanismo del Ayuntamiento y contra el responsable del área jurídica del mismo ámbito.
Área protegida
Fiscalía sostiene que personas distintas a los propietarios de los terrenos levantaron construcciones en dicho lugar, a pesar de no estar permitido, al ser un área boscosa no urbanizable y con protección ambiental en la sierra de Marina.
El ministerio público considera que los tres acusados eran conscientes de esas limitaciones urbanísticas. Y cree que incumplieron sus obligaciones al no perseguir a los ocupantes y responsables de las edificaciones, a pesar de tener conocimiento de la situación mediante informes de Agentes Rurals.
El Ayuntamiento de Badalona incoó diversos procedimientos contra los propietarios y los ocupantes de las fincas que obligaban a restaurar la legalidad y a destruir las edificaciones en un plazo de 48 horas, según el escrito del fiscal.
Sanciones sólo a los dueños
La acusación pública cree que los tres acusados acordaron no perseguir a la mayoría de ocupantes de las fincas, aunque las infracciones cometidas eran muy graves. Y les arribuye haber iniciado sólo procesos sancionadores contra los dueños de las parcelas.
El primero en declarar en el juicio -que ha quedado visto para sentencia- ha sido Guijarro. Su versión es que firmaba los expedientes que llegaban a su mesa tras comprobar que llevaban consigo las rúbricas pertinentes, tanto de los responsables técnicos como jurídicos que lo habían evaluado antes.
Asimismo, ha negado que supiera que existiera algún problema al respecto. Sobre si sabía que los expedientes sancionadores se habían incoado contra los legítimos propietarios, y no contra los ocupantes identificados, ha asegurado que no se le comunicó "nunca". Y ha explicado que tampoco se interesó, porque, en su opinión, no es competencia del representante público, del político, intervenir en ningún concepto jurídico o técnico.
Guijarro aduce que su firma era un "trámite"
"Son cosas de trámite en un ayuntamiento como el nuestro, donde se tramitan muchos expedientes", ha dicho Guijarro, que ha añadido que nunca mostró ningún interés en este caso, al ser cuestiones "del devenir normal" de cualquier consistorio.
Tras él, han declarado los otros dos procesados en el juicio, que han negado cualquier irregularidad en los expedientes urbanísticos incoados. Según uno de ellos, lo levantado en las parcelas no llegaba ni a la categoría de construcción, por lo que no procedía perseguir a los autores.
