José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano

José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano Cedida

Política

Partidos y entidades constitucionalistas estallan contra el Pacto por la Lengua del Govern: "Es excluyente, monolingüe y autoritario"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, firmó hoy el acuerdo para movilizar 255 millones de euros para "defender" el catalán con apoyo de los grupos parlamentarios de ERC y Comuns y de importantes entidades sociales, empresariales y sindicales

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Partidos y entidades constitucionalistas han expresado su rechazo al Pacte Nacional per la Llengua firmado este martes por el Govern junto a sus socios parlamentarios ERC y Comuns, que entre otras cuestiones implica destinar 255 millones de euros a lo largo del año a medidas para aumentar el uso del catalán en todos los ámbitos. 

Partidos como PP y Vox, y entidades como Impulso Ciudadano, Societat Civil Catalana y Convivencia Cívica Catalana han criticado el acuerdo con contundencia, por considerarlo "autoritario" y "excluyente".

El PP lo tilda de "dictadura lingüística"

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha calificado el plan de "dictadura lingüística" por algunas de las medidas que se contemplan en el mismo. Entre ellas, varias relacionadas con el ámbito laboral y empresarial, y la inclusión del conocimiento del catalán como requisito para poder optar a adjudicaciones públicas de la Generalitat.

"Lo que quieren es extender y ampliar esta imposición, esta dictadura lingüística, a la empresa privada y a la administración en general", ha criticado el dirigente popular.

En su opinión, con dicho acuerdo, no se defiende el catalán, sino que se "secuestra a la lengua catalana para convertirla en un instrumento de poder al servicio del separatismo".

Vox lo ve una "imposición"

Desde Vox, su portavoz en el Parlament, Ignacio Garriga, ha criticado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, comparta, a su juicio, "agenda" con ERC y Junts.

"¡Basta de utilizar nuestras lenguas para enfrentarnos! ¡Basta de imposición!", ha expresado en su perfil de X.

Impulso ciudadano: "Es excluyente y autoritario"

Desde las entidades constitucionalistas, Impulso Ciudadano ha calificado el acuerdo del Govern por el catalán de "excluyente, monolingüe y autoritario". Y ha acusado al Ejecutivo autonómico de perpetuar la "marginación sistemática a los hispanohablantes" en Cataluña.

"Es un plan de ingeniería social para modelar conciencias y suprimir identidades personales", aseguran desde Impulso Ciudadano, especialmente preocupados por la imposición en el sistema educativo.

"Este pacto ignora deliberadamente a más de la mitad de los catalanes que tenemos el castellano como lengua materna", y "ahonda en la discriminación" que, añaden, sufren los hispanohablantes en la región, de forma acentuada desde los años del procés.

"Visión supremacista del catalán"

"Solo participan quienes comparten una visión supremacista del catalán", explica la entidad presidida por el exdiputado José Domingo.

Impulso Ciudadano exige el reconocimiento explícito del castellano como lengua igualmente propia de Cataluña, la supresión de las "multas lingüísticas" y el fin de la imposición de "requisitos lingüísticos desproporcionados para el acceso a la función pública", entre otras medidas.

Igualmente, la plataforma llama a sus seguidores a la movilización: "¡Es hora de alzar la voz y defender nuestros derechos!".

Convivencia Cívica Catalana: "Es antidemocrático"

Desde Convivencia Cívica Catalana, por su parte, van incluso más allá: "Este Pacte per la Llengua es impropio de un sistema democrático". Según esta organización, el Govern "invade espacios de libertad" a través de este acuerdo, y añaden que emprenderán "todas las acciones judiciales que sean necesarias para frenar esta falta de libertad".

"Lo impugnaremos", concluye Ángel Escolano, presidente de la entidad, también a través de un escrito. 

Societat Civil Catalana se suma al rechazo frontal

Finalmente, Societat Civil Catalana también ha hecho público su rechazo frontal a este Pacte Nacional per la Llengua.

"Es un proyecto de exclusión, un pago a ERC por su apoyo a la investidura de Illa", advierte la entidad a través de un mensaje de X, "bajo el pretexto de salvar el catalán, el pacto es pura imposición en ámbitos como la enseñanza y la sanidad para erradicar el uso social del español".

Junts y la CUP, fuera de la ecuación

Los partidos independentistas Junts per Catalunya y la CUP, por su parte, no formarán parte de este acuerdo pese a que el Govern, asegura, ha trabajado "incansablemente" para que fuera "lo más amplio y transversal posible".

La formación de Carles Puigdemont alega, igual que los anticapitalistas, que las propuestas son "insuficientes", y piden al Ejecutivo de Illa "firmeza" para desobedecer las sentencias judiciales que eventualmente obliguen al Departamento de Educación a garantizar un mínimo del 25% de castellano en las aulas.

El Pacte Nacional, que apenas cuenta con el apoyo político de la mitad del hemiciclo, sí incorporará, no obstante, la rúbrica de las patronales Foment y Pimec y las organizaciones sindicales CCOO y UGT, además de las entidades nacionalistas Òmnium Cultural y Plataforma per la Llengua, entre otras.