La presidenta de JxCat, Laura Borràs, pronuncia su último discurso en el cargo EFE
Laura Borràs (Junts) pide suspender su ingreso en prisión mientras se decide su indulto
Borràs fue condenada en marzo de 2023 a cuatro años de cárcel por haber fraccionado y adjudicado contratos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC)
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La exdiputada, exconsellera de Cultura y expresidenta del Parlament Laura Borràs (Junts) ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que suspenda su condena de cuatro años y medio de cárcel por prevaricación y falsedad documental mientras el Gobierno decide si la indulta.
El abogado de Borràs, Gonzalo Boye, ha solicitado en un escrito la suspensión de su inminente ingreso en prisión "mientras se materializa" la petición de indulto que el tribunal elevó al Gobierno. Un indulto que, en aquellas fechas -marzo de 2023-, el Ejecutivo de Pedro Sánchez descartó que fuera a concederle, ni la dirigente de Junts pedirlo.
Adjudicación de contratos a dedo a un amigo
El TSJC dio el pasado 25 de febrero un plazo de diez días a Borràs para presentar alegaciones, después de que el Tribunal Supremo ratificara su pena de cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación y una multa de 36.000 euros por los delitos cometidos.
Borràs fue condenada en marzo de 2023 por haber fraccionado y adjudicado contratos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), al frente de la cual estuvo entre 2013 y 2018, por un valor total de 335.700 euros.
Indulto parcial
En un breve escrito, la defensa de la expresidenta del Parlament y de Junts apunta que el tribunal acordó "en el apartado 5.3 de la sentencia" plantear al Gobierno un indulto parcial para Laura Borràs, ceñido a la pena de prisión.
El tribunal admitió que la pena que le correspondía a Borràs son cuatro años y medio de cárcel, pero apreció que podía ser "desproporcionada y excesiva" para los delitos cometidos, puesto que no lo hizo por un "lucro personal".
13 años de inhabilitación
La Fiscalía no se ha opuesto por ahora a la medida de gracia planteada por el TSJC, y ahora deberá pronunciarse sobre esa petición de suspensión de la pena de Borràs.
El indulto no afectaría a los 13 años de inhabilitación impuestos a Borràs. Una pena que le impide presentarse a elecciones, ocupar cargos públicos, electivos ni de libre designación, aunque no limita su trabajo como docente en centros públicos.
