Agentes de los Mossos d'Esquadra, ante el Ayuntamiento de Salt
Las okupaciones en Salt y alrededores se disparan un 24% en un año, el doble que en el conjunto de Cataluña
Los altercados por el desalojo de un imán y su familia de una casa allanada en el municipio gerundense reavivan el debate sobre cómo abordar el derecho a la vivienda
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En Cataluña se produjeron 7.009 okupaciones en 2024, un 12% más que en 2023, cuando se registraron 6.258. Los datos confirman que es la comunidad autónoma con másokupaciones de España (cuatro de cada diez). De hecho, suma más casos que las tres siguientes juntas: Andalucía (2.207), la Comunidad Valenciana (1.767) y Madrid (1.451).
Son datos consultados por Crónica Global del Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, que no discrimina entre delitos de allanamiento y usurpación de inmuebles.
Fuerte incremento en Girona
Destaca la subida de la provincia de Girona, que, aunque no es la que más habitantes tiene, es la segunda de la lista en okupaciones, con 940 en 2024, un 24% más que en 2023, cuando fueron 759.
Las últimas posiciones las ocupan Tarragona, con un 13% más (de 691 a 785) y Lleida, con un crecimiento del 4% (de 198 a 207). Así, las okupaciones en la provincia gerundense son las que más crecen respecto al resto de provincias e incluso aumentan el doble que en el conjunto de Cataluña.
Agentes de la Brimo de los Mossos d'Esquadra, en las calles de Salt
Polémico desalojo en Salt
El acceso a la vivienda siempre ha sido uno de los puntos más candentes del debate político y social. Mientras que hay grupos de la sociedad que defienden las okupaciones como un método para denunciar la crisis habitacional y luchar contra el sistema, hay otros que defienden la actuación policial para evitarlas.
Y el debate vuelve a estar encima de la mesa tras los sucesos en Salt (Girona). Una desokupación de un imán ha desatado el caso en el municipio gerundense.
El origen de las protestas se remonta al viernes pasado, cuando el cuerpo policial desalojó al imán y a su familia de un piso en el centro de Salt en una intervención que se desarrolló sin incidentes.
Según fuentes municipales, el líder de la mezquita subsahariana de la localidad hacía años que no pagaba el alquiler. No obstante, el lunes por la tarde tres personas de origen subsahariano --entre ellas el imán-- trataron de acceder de nuevo a la vivienda y los Mossos les interceptaron después de que saltara la alarma.
Este intento de okupación provocó que la policía catalana montara un dispositivo para evitar el allanamiento. Situación que desencadenó las primeras protestas.
Crisis habitacional
La crisis habitacional en Cataluña es una realidad. Y Girona es una de las zonas que más padecen este problema.
Una crisis que se acentúa en Salt. "Desgraciadamente, tenemos los fondos buitre que son responsables de la situación actual", aseguró el alcalde del municipio, Jordi Viñas, en una entrevista en RAC1. En esta línea, pidió a la Sareb que ponga a disposición de los ayuntamientos los pisos de su propiedad.
Con suficiente dinero
Para hacer frente al problema de la vivienda, una de las soluciones de la Administración pasa por ofrecer a las familias vulnerables pisos sociales. Sin embargo, no es el caso del imán de Salt.
Si bien el alcalde reconoció que no pagaba la hipoteca desde hacía “tres o cuatro años”, aseguró que no pueden ofrecerle una vivienda social porque “tiene un sueldo que le permite pagar un alquiler”.
De Salt al Parlament
La gravedad de los hechos trascendió hasta el Parlament de Cataluña, donde los grupos políticos mantuvieron un caluroso rifirrafe sobre cómo abordar este tipo de situaciones.
En el pleno de este miércoles, la CUP hizo bandera de los disturbios. La diputada anticapitalista Laure Vega reivindicó que "lanzar piedras a los mossos y quemar contenedores es un rasgo cultural propio" de Cataluña y, por eso, dio la enhorabuena a la comunidad musulmana de Salt.
Las diputadas de la CUP Laia Estrada y Laure Vega EUROPA PRESS
"Añadiré otro propio, que es el de defender los derechos a decidir en un referéndum o el derecho a la vivienda por encima de las leyes injustas", dijo Vega, que defendió que, "en caso contrario, quizás no son tan catalanes".
Unas declaraciones que provocaron la reacción en cadena del bloque de derechas. Desde Aliança Catalana, Sílvia Orriols pidió al presidente del Parlament, Josep Rull, que investigue las palabras de Vega, que "aplauden y felicitan a los inmigrantes que atacan la comisaría" porque "ponen en peligro la vida de nuestros agentes". Unas palabras de Orriols aplaudidas por la bancada de Vox.
Silvia Orriols en el Parlament Barcelona
Precisamente, tanto Vox como el Partido Popular también pidieron a Rull la comparecencia de la consellera de Interior, Núria Parlón, ante la Comisión de Interior de la Cámara y la del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.
Ante estas acusaciones, el president no se mordió la lengua y recetó a la líder de Aliança Catalana "un curso acelerado en derechos humanos".
"Haría bien en guardarse el dedo y el buenismo para quien todavía se trague sus mentiras", le reprochó Illa, que aseguró que el Govern "trabaja abiertamente por la sustitución cultural, ética, demográfica y política".
Políticas efectivas
Ante los discursos promovidos por la extrema derecha, el alcalde de Salt subrayó que la respuesta debe ser "proponer soluciones y alternativas". Para Viñas, es esencial abordar el problema de la vivienda, y corresponde a quienes tienen responsabilidad gubernamental dar una respuesta a la ciudadanía.
Además, destaca la necesidad de que tanto la Generalitat como el Estado implementen políticas efectivas y que se pueda presionar a los grandes propietarios para que cedan viviendas a la Administración, con el fin de destinarlas al alquiler social.
