Imagen de una planta de bombeo de ATLL / CG
Generalitat y Acciona alcanzan un acuerdo para cerrar el caso ATLL a cambio de unos 120 millones
La fallida privatización de la empresa Aigües Ter Llobregat se ejecutó bajo el gobierno de Artur Mas y ha costado alrededor de 500 millones a las arcas catalanas
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El Govern y Acciona ultiman un acuerdo fuera de los tribunales para resolver el caso sobre la fallida privatización de la empresa Aigües Ter Llobregat (ATLL).
A cambio, se prevé que la Administración catalana compense a la constructora de la familia Entrecanales con un pago cercano a los 120 millones de euros.
500 millones de euros
La fracasada privatización de ATLL se ejecutó bajo el gobierno de Artur Mas en 2012. Rodeada de acusaciones sobre pagos irregulares en paraísos fiscales y sospechas de manipulaciones, ha costado alrededor de 500 millones a las arcas catalanas.
El anterior gobierno de Pere Aragonès ya desembolsó 365 millones en mayo del año pasado, quedando pendientes otros 12 millones. A esta cifra se suman aproximadamente 120 millones adicionales que se acordarán en los próximos días, según avanza La Vanguardia.
El primer pago de 377 millones (365 millones más 12) respondió a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de diciembre de 2022, que determinó que la concesión de ATLL a Acciona y sus socios era ilegal, aunque reconoció el derecho de esta última a recibir una compensación.
Bajo el mando de Mas-Colell
La concesión se otorgó a finales de 2012 por un plazo de 50 años y un valor total de 1.000 millones. De esta cantidad, Acciona abonó casi 300 millones en ese momento, lo que, en plena crisis financiera, permitió al entonces conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, hacer frente al pago de las nóminas de los empleados públicos de la Generalitat.
La resolución del TSJC no puso fin al conflicto, ya que ambas partes no llegaron a un acuerdo: la Administración se oponía a reconocer el derecho a una indemnización, mientras que Acciona exigía casi 900 millones por la reversión de la concesión.
Ante esta situación, ambos recurrieron al Tribunal Supremo, que actualmente está examinando el caso y aún no ha emitido su fallo.
Agbar y Acciona
El inicio del proceso legal se remonta al recurso presentado por Agbar, que también competía por la concesión de ATLL, impugnando la adjudicación a Acciona.
Para protegerse, Acciona solicitó en ese momento a la Generalitat garantías sobre las inversiones que realizaría en ATLL en caso de que la concesión fuera revertida, lo que finalmente sucedió.
La constructora recibió garantías formales por escrito de Andreu Mas-Colell y del nuevo conseller de Territori, Santi Vila. Ese documento de respaldo, que ha podido consultar La Vanguardia y que Acciona presentó en el proceso ante el Supremo, establece que "se tendría que compensar a la sociedad concesionaria (Acciona y sus socios) por los daños y perjuicios que correspondan incluyendo en la compensación el importe de la inversión".
Fuentes cercanas al Departamento de Economía han señalado que este punto es el principal motivo para llegar a un acuerdo con Acciona y busca que el pago se distribuya en un plazo de cuatro años.
