El 'conseller' de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, durante un pleno en el Parlament
La Generalitat se plantea presentarse en juicios contra quienes "vulneren los derechos lingüísticos" de los catalanohablantes
El Govern reconoce en una respuesta parlamentaria a Junts que sopesa utilizar la figura de la "acción popular" para personarse en procesos penales en estos casos mediante una artimaña legal por una ley de ERC de 2023
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La Generalitat de Cataluña se plantea presentarse como "acción popular" en juicios abiertos contra quienes incurran en presuntos casos de "discriminación lingüística" de "los ciudadanos catalanoparlantes".
Así lo ha reconocido el Govern, por medio de su conseller de Política Lingüística Francesc Xavier Vila, en una respuesta a Junts per Catalunya en el Parlament.
Vía para "ejercer la acción penal"
La formación posconvergente preguntó por escrito al Ejecutivo de Salvador Illa si "piensa personarse en casos de discriminación lingüística que sufran los ciudadanos catalanoparlantes". Y, "en caso negativo, ¿cómo tiene previsto defender sus derechos?".
En su respuesta, publicada en el Boletín Oficial del Parlament de Cataluña (BOPC) del pasado 18 de febrero, el conseller Vila admite que sí se plantea sumarse a ese tipo de acciones judiciales, utilizando la figura de la "acción popular" como artimaña legal, que permite "ejercer la acción penal a quien no ha sido perjudicado por un delito".
"Doctrina" del Constitucional y una ley de 2023 como argucia legal
La Generalitat aduce que la "doctrina del Tribunal Constitucional" establece que para "que una administración pública pueda personarse en un procedimiento penal mediante la acción popular es necesario que una norma específica establezca esta posibilidad", ya que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) "no regula esta posibilidad para las administraciones públicas con carácter general".
Ello, a juicio del Vila, abre una vía para que el Govern pueda hacerlo, esgrimiendo la Ley 3/2023 de 16 de marzo, de acompañamiento a la Ley de Presupuestos de 2023, año en que ERC presidía el Ejecutivo catalán.
Uso de los abogados de la Generalitat
En la misma, según apunta el Govern en su respuesta a Junts, "se modificó la Ley de los servicios jurídicos de la Administración de la Generalitat para establecer la posibilidad de que los abogados de la Generalitat puedan ejercer la acción popular".
La Generalitat sostiene que el artículo 9.1.c) de la Ley 7/1996, de 5 de julio, de organización de los servicios jurídicos de la Administración de la Generalitat, abre esta posibilidad "en los procedimientos penales por hechos delictivos motivados por odio o discriminación o que puedan afectar de forma especialmente grave los derechos fundamentales".
"Medida contemplada" en el "Pacto Nacional por la Lengua"
Aferrándose a estos supuestos, el Govern catalán reconoce que "se podrían" incluir "determinadas vulneraciones de los derechos lingüísticos".
"Por tanto, en aquellos supuestos en que se cumplan todos los requisitos establecidos por la normativa vigente, los servicios jurídicos de la Administración de la Generalitat pueden ejercer la acción popular. Es una medida contemplada en el conjunto de acciones que prevé el Pacto Nacional por la Lengua", concluye el Govern en su respuesta a Junts.
Buzones de delación lingüística
El Ejecutivo de Salvador Illa, por otra parte, también recuerda la existencia de buzones de quejas para exponer supuestos casos de vulneración de los "derechos lingüísticos" de los catalanoparlantes.
Así lo explica en otra respuesta a Junts, acerca de las "herramientas" que tiene el Govern para que los ciudadanos "denuncien" estos casos.
Vila recuerda que su conselleria "dispone de un formulario específico para atender quejas y consultas". Y que también pueden presentarse a través de las consellerías de Sanidad, de Educación, de Universidades e Investigación, la Agencia Catalana del Consumo, la Dirección General de Comercio, la Oficina de Igualdad de Trato y No-Discriminación, "etcétera, según corresponda". Así como con el "Síndic de Greuges".
En este sentido, y en respuesta a una tercera pregunta de Junts sobre la utilidad de su consejería, Vila insiste en que ésta "tiene la vocación de mejorar la atención a las quejas, consultas y denuncias por vulneración de los derechos lingüísticos".
También en el ámbito sanitario
Por otra parte, el Govern también responde en términos similares una pregunta de ERC sobre el caso concreto del "respeto de los derechos lingüísticos de los pacientes en los centros hospitalarios y sanitarios", incluidos los privados y concertados.
Vila explica que su consejería "trabaja coordinadamente" con la de Salud para "impulsar el catalán" mediante "diversas iniciativas que incluyen el tratamiento de los expedientes de quejas y denuncias, formación e información sobre derechos lingüísticos". Y que, cuando se producen, ofrece "asesoramiento, apoyo y recursos de forma que se puedan corregir las carencias detectadas", así como diversos cursos y acciones de formación y subvenciones.
