Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat del Vallès

Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat del Vallès

Política

Sant Cugat se expone a una denuncia por su buzón de delaciones contra quienes no usan el catalán

La entidad constitucionalista Convivencia Cívica Catalana envía un requerimiento al ayuntamiento de este municipio gobernado por Junts para que retire la medida en 10 días, y le advierte de que no puede "funcionar como un CDR"

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La decisión del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès de abrir un buzón de quejas para delatar lo que denomina "vulneraciones de los derechos lingüísticos de los catalanoparlantes" corre el riesgo de acabar en los tribunales.

La entidad constitucionalista Convivencia Cívica Catalana (CCC) ha presentado este lunes un requerimiento al consistorio de este muncipio barcelonés gobernado por Junts para que, en el plazo de 10 días, retire dicho buzón de su página web.

En su escrito, CCC recuerda que el Ayuntamiento de Sant Cugat activó el pasado 13 de febrero dicho buzón de quejas lingüísticas contra "personas, colectivos y empresas", sin entrar en detalles sobre las acciones que llevará a cabo, y sin ofrecer "garantía alguna de salvaguarda de los datos personales de los denunciados".

Falta de "amparo administrativo"

Convivencia Cívica añade en su escrito que la creación de ese buzón de delaciones "carece", además, "de cualquier amparo administrativo".

El presidente de esta entidad, Ángel Escolano, ha advertido en sus redes sociales de que si el consistorio no retira su "infame buzón de denuncias" en los próximos días, "interpondremos la correspondiente demanda ante los juzgados de lo contencioso".

"Los ayuntamientos democráticos no funcionan como los CDR", añade Escolano, en alusión a los llamados Comitès de Defensa de la República.

El PP ve la medida como una "vulneración de las libertades"

La concejala de Política Lingüística de Sant Cugat, Núria Fernàndez, de Junts, esgrimió la semana pasada como argumento que dicho buzón "es un espacio de comunicación para proteger la lengua catalana de los abusos que a veces se cometen", según sus palabras.

PP y Vox ya expresaron días atrás su rechazo a la iniciativa. Los populares la calificaron en un comunicado como "una clara vulneración de las libertades individuales y empresariales". Desde Vox, su concejal Marcos Rodríguez, lo ve como una herramienta de "persecución contra el castellano".