Plano general de la fachada de la Generalitat de Cataluña / EP
La Sindicatura de Cuentas ve "importantes deficiencias" en la gestión de vivienda social de la Generalitat en 2021 y 2022
El Govern cubrió sólo un 4% de las solicitudes inscritas en ese periodo, y el ente fiscalizador destaca la inexistencia de un contrato programa y de un registro único
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La Sindicatura de Cuentas catalana ha apreciado "importantes deficiencias" en la gestión de vivienda social por parte de la Agència de l'Habitatge de Catalunya, empresa dependiente de la Generalitat, durante los años 2021 y 2022.
El órgano fiscalizador destaca en su informe 30/2024 la inexistencia de un contrato programa "como documento e instrumento fundamental de gestión de la Agencia y, en concreto, de gestión del parque de viviendas que administra". Así como, también, la falta de un plan anual de actividades, previsto en sus estatutos, y de un documento de planificación.
Sólo cubrió un 4% de las solicitudes
La Agencia de la Vivienda de la Generalitat cubrió en esos dos años sólo un 4 % anual de las solicitudes de pisos de protección oficial inscritas en el registro que gestiona, y que rozó una media de 85.600 peticiones en ese periodo.
En total, la Agencia adjudicó una media anual aproximada de 3.450 viviendas, según indica la Sindicatura de Cuentas en su informe, que ha hecho llegar al Parlament.
CRÓNICA GLOBAL
Ese 4%, además, tiene en cuenta el conjunto de parques públicos y promociones privadas, pero se quedaría en apenas un 0,32% si sólo se considerara el parque administrado por la agencia.
"Grave desajuste"
La Sindicatura considera que este bajo porcentaje responde al "grave desajuste entre la demanda de vivienda social, creciente con la crisis económica, y la oferta de los parques de vivienda de las administraciones públicas y de las promociones públicas o privadas de vivienda de protección oficial".
Por lo que respecta a los casos de emergencia habitacional, la Mesa de emergencias económicas y sociales de Cataluña resolvió de forma favorable en el período 2019-2022 un total de 1.253 expedientes, y entregó una media anual de 655 viviendas, lo que supone un 52,27%.
El Incasòl, estancado
Según el informe, el parque de viviendas que administra la Agencia creció un 2,06% y 3,30% en 2021 y 2022, respectivamente. De este modo se pasó de 20.750 viviendas en 2020 a 21.177 a finales de 2021, y a 21.875 al término de 2022.
Este incremento se concentró en viviendas procedentes del ejercicio del derecho de tanteo y retracto y de la cesión de viviendas de titularidad privada, básicamente de entidades financieras y particulares.
Por su parte, las viviendas procedentes de Incasól y del traspaso de viviendas del Estado no presentan ningún incremento desde hace bastantes ejercicios, según señala el informe.
La tasa de ocupación del parque de viviendas administrado por la Agencia –viviendas entregadas respecto al total– fue del 86,68 % y del 87,18 % en 2021 y 2022, respectivamente.
Falta de un registro único de viviendas disponibles
La Sindicatura de Cuentas también denuncia que, a pesar de la existencia de un registro de solicitantes de vivienda de protección oficial, "no hay un registro único de viviendas disponibles, necesario para integrar todas las viviendas en un solo registro".
Además, los indicadores incluidos en la memoria del programa presupuestario "presentan importantes deficiencias". Lo cual, unido a la falta de seguimiento y supervisión, pone de manifiesto que la Agencia no usa los indicadores como herramienta de control de la gestión de su parque de viviendas, según el informe.
Recomendaciones
Por todo ello, la Sindicatura recomienda elaborar el contrato-programa y un documento de planificación y hacer una correcta elaboración y un seguimiento de los datos previstos y reales de la Memoria del programa presupuestario para "definir objetivos realistas".
También sugiere homogeneizar los procedimientos de los distintos registros municipales de solicitantes de viviendas, mejorar la coordinación entre la Agencia y los municipios con mesa de emergencia propia, implantar controles de seguimiento de la actividad y ampliar los existentes, e incluir indicadores de costes y plazos.
Alegaciones
En sus alegaciones, presentadas en diciembre de 2024, el Govern de Salvador Illa reconoce que no se ha formalizado el contrato programa entre la conselleria de Territorio de la Generalitat y la Agencia y, por tanto, tampoco se ha aprobado el Plan de actividades. Sin embargo, afirma que el "consejo de administración de la Agencia aprueba anualmente el presupuesto de esta entidad, donde se recogen las distintas líneas de actuaciones".
