
Vista panorámica de Barcelona, con La Basílica de la Sagrada Familia al fondo
El Constitucional cree que la ley catalana de vivienda no vulnera el derecho a la propiedad, pero anula algunos puntos
La sentencia de la magistrada Laura Díez, que cuenta cinco votos particulares en contra, considera que los mecanismos de intervención administrativa "no resultan excesivamente gravosos ni irrazonables", pero rechaza que Cataluña pueda fijar el precio de expropiaciones
Contenido relacionado: La Generalitat pacta con los Comuns multas de hasta 900.000 euros a propietarios que incumplan el tope al alquiler
Noticias relacionadas
El pleno de Tribunal Constitucional (TC) ha avalado en una sentencia la ley catalana de emergencia en el ámbito de la vivienda señalando que no vulnera el derecho a la propiedad privada.
El Constitucional, no obstante, ha anulado algunos puntos de la ley aprobada por el Parlament en 2022. Entre ellos, el referente al valor de una expropiación forzosa en caso de incumplimiento de la "función social" de la propiedad de la vivienda.
Desestima la mayoría de impugnaciones
En una nota de prensa, recogida por Europa Press, el tribunal informa de que desestima la mayoría de las impugnaciones que diputados de Vox incluyeron en su recurso de inconstitucionalidad contra dicha norma, al entender que los artículos en cuestión establecen una serie de incumplimientos de la función social de la propiedad y unos mecanismos de intervención administrativa cuando estos incumplimientos se producen.
Contra esta sentencia, ponencia de la magistrada Laura Díez -ex alto cargo de Moncloa, y propuesta por el Gobierno-, han anunciado voto particular cinco de los 12 magistrados del Tribunal: Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y José María Macías.
El Constitucional detalla que la ley catalana de vivienda califica como incumplimientos de la función social de la propiedad mantener una vivienda o un edificio de viviendas desocupados de forma permanente e injustificada durante más de dos años; y no destinar las viviendas de protección oficial a la residencia habitual y permanente de las personas.
Intervención administrativa en la propiedad privada
Ante estos "incumplimientos" de la función social, la ley catalana dispone unos mecanismos de intervención administrativa que comprenden, según los casos, desde un mero requerimiento o una declaración del incumplimiento de la función social de la propiedad, hasta la imposición de multas coercitivas, sanciones administrativas o, incluso, en algunos supuestos, la expropiación de las viviendas o la cesión temporal de su uso.
La sentencia de Díez desestima que los incumplimientos de la función social previstos en la ley catalana vulneren el contenido esencial del derecho a la propiedad privada. El Constitucional toma en consideración que se trata de medidas orientadas a combatir el problema social de la exclusión residencial y a evitar el fenómeno de las viviendas desocupadas.
"No despojan al propietario"
Por lo tanto, apunta, los preceptos recurridos persiguen una finalidad constitucionalmente legítima, conectada directamente con el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada recogido en el artículo 47 de la Constitución.
Añade que estas medidas "no despojan al propietario de su utilidad individual o económica ni hacen irreconocible el derecho de propiedad sobre la vivienda".
Medidas "no gravosas ni irrazonables"
El Pleno también desestima que los mecanismos de intervención administrativa para reaccionar ante los incumplimientos constituyan medidas irrazonables.
Por otro lado, la sentencia constata que se trata de medidas limitativas que "no resultan excesivamente gravosas ni irrazonables", por lo que se concluye que no desbordan el justo equilibrio entre la finalidad pretendida y los medios empleados para su consecución, en un ámbito, como el de las restricciones legales sobre la propiedad privada, en el que la doctrina constitucional ha venido reconociendo un amplio margen de apreciación al legislador.
Expropiaciones
Por otro lado, el Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de Vox a la ley catalana en tanto en cuanto resalta que la administración catalana no puede fijar el valor de una vivienda en el 50% en casos de expropiación.
El TC señala que la sentencia se refiere al precepto que indicaba que cuando el propietario de una vivienda no cumpla con la obligación de ocuparla para residencia de personas y se declarase, por este motivo, el incumplimiento de la función social de la propiedad de la vivienda, puede incoarse un procedimiento de expropiación forzosa, y que el valor de la propiedad se reduciría en un 50%.
"Invade la competencia estatal"
El Constitucional entiende que esto "invade la competencia estatal sobre legislación de expropiación forzosa", porque establecer los criterios del justiprecio le corresponde al Estado para "asegurar que los bienes y derechos expropiados sean evaluados de la misma manera en todo el territorio nacional".
Así, la sentencia declara inconstitucional y nulo el inciso del artículo 15.4 de la ley catalana: "Y de que, de conformidad con el artículo 49.3 del texto refundido de la Ley del suelo y de rehabilitación urbana, el contenido del derecho de propiedad se reduce en un 50% de su valor, cuya diferencia corresponde a la Administración expropiante".