El pantano de Riudecanyes, en 2023

El pantano de Riudecanyes, en 2023 LAIA SOLANELLAS

Política

PSC y Junts votan juntos para eliminar las sanciones a los ayuntamientos por la sequía

El Govern considera que los municipios no cumplían "porque no podían" y señala las "ineficiencias" y la "falta de inversiones"

Más noticias: El Govern multa a una treintena de ayuntamientos por incumplir el plan de sequía

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El Parlament avala el decreto del Govern que deroga el régimen sancionador a los ayuntamientos que excedan el límite de consumo agua en fases de restricciones por sequía.

Han votado a favor de convalidar el decreto el PSC-Units, Junts, PPC y el grupo mixto conformado por Aliança Catalana.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha defendido "la importancia de trabajar codo con codo con los ayuntamientos" para hacer frente a la sequía.

Falta de inversiones

En este sentido, ha abogado por "abandonar la vía punitiva" hacia los municipios porque multar a los entes locales no responde al "principio de proporcionalidad y eficacia".

"Mayoritariamente, los ayuntamientos no han malbaratado agua sino que no cumplían porque no podían. Sufren de ineficiencias y de falta de inversiones, pero quieren ir por el camino de la colaboración y las soluciones conjuntas", ha asegurado.

Reproches de los socios

En este aspecto, el Govern no ha recibido el apoyo de sus socios de investidura, ERC y los Comuns.

La portavoz de los republicanos, Ester Capella, ha censurado el "retroceso en toda regla" que conlleva la convalidación de este decreto y, dirigiéndose a Paneque, ha dicho: "Así no, primera advertencia".

Ha tildado como "irresponsable" la supresión de este régimen sancionador, aprobado por el Govern de Pere Aragonès con voluntad "disuasoria y pedagógica". 

Según Capella, hay consistorios que han hecho los deberes y otros que no y no se puede lanzar el "mensaje pernicioso" de que "aquí hay barra libre" para consumir más agua de la debida.

Por su parte, Lluís Mijoler de los Comuns ha lamentado que la derogación de este régimen sancionador lanza "un mensaje de permisividad".

Mijoler ha defendido que la posibilidad de multar a los ayuntamientos es necesaria para asegurar la gestión sostenible del agua, para incentivar la modernización de las infraestructuras y para garantizar la corresponsabilidad.

Activo desde 2020

Este plan se activó por la sequía que comenzó en 2020 y que aún no ha terminado, con unos pantanos de las cuencas internas que tienen el doble de agua que hace un año pero que están aún al 34% de su capacidad.

En la época más crítica de la sequía, cuando la mayoría de la población catalana estaba con las restricciones más severas de la fase de emergencia, los municipios no podían rebasar los 200 litros por persona y día, contando todos los consumos (doméstico, industrial o lúdico), y en caso de hacerlo se exponían al inicio de un expediente sancionador.