El presidente de JxCat, Carles Puigdemont, ha pedido este domingo en las redes sociales a sus seguidores que, aquellos que puedan, acudan al juicio que comienza mañana contra su abogado, Gonzalo Boye.
Boye se sentará desde este lunes en el banquillo de la Audiencia Nacional junto al histórico narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, por presunto blanqueo de capitales en la 'Operación Mito', relativa a la introducción de casi cuatro toneladas de cocaína.
Boye, al banquillo por blanqueo
El juicio, que está previsto que se prolongue hasta el 30 de enero de 2025, reunirá a casi medio centenar de acusados en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid). Puigdemont indica en su texto que este es un juicio con el que "la alcantarilla del Estado pretende" quitar a su letrado de la "circulación", una vista, asegura además, que es "una manipulación descarada para hacerle pagar los fracasos de la represión española en Europa, y para tenerlo secuestrado".
"Se les debería caer la cara de vergüenza", agrega Puigdemont, quien defiende además la utilidad de las redes sociales para desenmascarar este tipo de operaciones, lo que "molesta en los medios de comunicación y de la política, acostumbrados a hacer y deshacer", concluye.
Segundo juicio de Boye: el primero fue por vínculos con ETA
Esta será la segunda vez que Boye se enfrente a un juicio como acusado en la Audiencia Nacional. El primero resultó en su condena a 14 años de prisión, en 1996, junto a otros dos miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) chileno por colaborar con ETA en el secuestro del industrial español Emiliano Revilla.
En esta ocasión, la Fiscalía Antidroga pide para él 9 años y medio por, supuestamente, blanquear beneficios de operaciones de narcotráfico de Sito Miñanco, al que hasta el momento de su detención representaba como letrado.
Multa millonaria y 9 años en la sombra
Para el narcotraficante gallego, Antidroga solicita una pena de 31 años y medio de prisión por dirigir presuntamente una red que pretendía introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína, y el pago de una multa de más de 950 millones de euros. Le acusa de un delito contra la salud pública, otro de blanqueo de capitales y otro continuado de falsificación.
Por estos dos últimos delitos el fiscal acusa también a Gonzalo Boye y le reclama al menos 3,1 millones de euros de multa, por contribuir, junto a otros dos abogados, a acreditar el origen lícito de los 889.620 euros que incautaron al entramado el 6 de febrero de 2017 a través de contratos de compraventa de letras de cambio.