La Generalitat de Cataluña pagó los 365,6 millones de euros fijados en la sentencia que le obliga a indemnizar a la concesionaria de agua Aigües del Ter-Llobregat (ATL) a finales de mayo, apenas dos semanas después de las elecciones autonómicas y con el Govern saliente de ERC en funciones.
Según ha avanzado este lunes El Confidencial, esta cantidad se abonó el 28 de mayo al fondo Fortress, algo que se ha sabido meses después.
Esa multa es fruto del litigio que ATL mantuvo con la Generalitat a causa de la fallida privatización en 2014 -siendo presidente Artur Mas- de la empresa pública de gestión de agua en alta ATL, que se había vendido a Acciona, según fuentes de la conselleria de Economía.
"Provisión"
En el informe mensual de ejecución presupuestaria correspondiente a mayo, que se dio a conocer meses más tarde, en julio, la conselleria de Economía del Govern de Pere Aragonès admitió que había hecho una "provisión para hacer frente a la sentencia de la anulación del contrato con ATL" por ese importe de 365,6 millones.
Fuentes de la consejería han esgrimido a EFE que técnicamente se habló de una "provisión" por tratarse "de una sentencia que aún no es firme".
"La sentencia se ha ejecutado (pagado) porque la empresa concesionaria pidió al TSJC la ejecución provisional y el tribunal lo aceptó", sostienen esas fuentes. Y aducen que "este gasto, en cuanto al importe, no se considera definitivo, ya que aún no hay sentencia firme" por parte del Tribunal Supremo.
El Govern no se lo comunicó a los medios
El Confidencial subraya que el Govern de Aragonès, con Natàlia Mas como consellera del ramo, no incluyó ese pago de los 365,6 millones de euros por la sentencia de ATL en la relación de acuerdos posteriores que se comunica a los medios de comunicación. Lo que implícitamente supone una ocultación.
Fuentes del anterior gobierno catalán han asegurado a EFE que la Generalitat "nunca escondió" este asunto, porque dio cuenta de los 365,6 millones en el informe de ejecución presupuestaria de mayo. E insisten en que el Govern anterior actuó "por orden judicial", "provisionando primero el importe y esperando a que el gasto se anule cuando se resuelva definitivamente".
Sin embargo, El Confidencial recuerda que, ese 28 de mayo en que se ocultaba el pago de los 365,6 millones, la Generalitat sí informó a los medios de comunicación de asuntos como las subvenciones por valor de 5,7 millones de euros a la Agencia Catalana de Residuos, el millón de euros asignado al acompañamiento judicial de víctimas de violencia de género o los 14 millones para reformar una residencia de la tercera edad.
Privatización fallida
Este contencioso se originó en 2012, a raíz de la adjudicación, por parte de la Generalitat, a un consorcio liderado por Acciona de la gestión de la empresa Aigües Ter-Llobregat.
El grupo Agbar impugnó esa decisión. Y, a partir de ahí, se inició un batalla legal que acabó con la anulación por parte de la justicia de la adjudicación a Acciona, así como la reclamación de una indemnización a la Generalitat.
ATLL, ahora denominada ATL, es la empresa pública que presta el servicio de abastecimiento de agua "en alta" -desde las cuencas de los ríos hasta los depósitos municipales- a Barcelona y su área metropolitana.
Esa batalla judicial de más de una década tuvo su punto culminante en diciembre de 2022, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictaminó que la antigua ATLL, liderada por Acciona, tenía derecho a recibir 304,4 millones por aquel intento fallido de privatización.
Acciona pidió más de 1.000 millones
El consorcio de Acciona llegó a pedir una compensación de más de 1.000 millones por la adjudicación fallida, pero no llegó a ningún acuerdo con la Generalitat.
Ya en 2019, Acciona anunció que había vendido por 170 millones de euros al fondo Fortress los derechos de cobro futuros de la indemnización.
Tras el fallo del TSJC, tanto la Generalitat como la concesionaria acabaron interponiendo un recurso de casación ante el Supremo, que aún está pendiente de resolución.
A la espera del Tribunal Supremo
A la espera de ver qué decisión toma el Supremo, en 2023 la concesionaria pidió al TSJC que la sentencia se ejecutara provisionalmente. Y, en abril de ese año, dicho tribunal dictó un auto a favor de esa ejecución provisional.
Al elaborar los Presupuestos de la Generalitat para 2023, el Govern no creyó necesario incluir una provisión por ATL, porque no preveía que este asunto tuviera impacto ese año. Pero, al final, el Govern ha acabado pagando este año -y con los mismos prorrogados- 365,6 millones.
Tras aquella privatización fallida, en 2019 la Generalitat asumió directamente la gestión de la nueva empresa pública de aguas, denominada Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat (ATL).