Plataforma per la Llengua ha presentado una demanda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para recurrir su "exclusión", como entidad defensora del monolingüismo obligatorio en catalán en las escuelas, del proceso judicial sobre el 25% de clases en castellano en Cataluña.
La entidad ultranacionalista subvencionada por la Generalitat y otras administraciones públicas de Cataluña se une así a la acción de otra organización afín, Òmnium Cultural, que días atrás también denunció el caso al TEDH, alegando una supuesta "discriminación lingüística y una vulneración del derecho al trato igualitario".
Pendientes del Constitucional
El caso está a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la legalidad de la ley que los partidos nacionalistas aprobaron en el Parlament en 2022 para burlar la sentencia judicial firme que obliga a impartir al menos un 25% de clases en castellano en el sistema educativo monolingüe obligatorio en catalán impuesto por la Generalitat a lo largo de las tres últimas décadas.
Según Plataforma per la Llengua, el argumento del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña (TSJC) para no aceptar que estas entidades ultranacionalistas contrarias al bilingüismo se personaran en la causa fue "particularmente ridícula", ya que alegó que el caso "tenía que ver con la vehicularidad del castellano y no del catalán".
Bilingüismo
Plataforma per la Llengua lamenta que el tribunal diera voz a entidades defensoras de la libre elección de lengua y del bilingüismo en las aulas como Hablemos Español o Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB).
"Hay que tener en cuenta que un principio básico del derecho procesal es el principio de contradicción, y que no puede existir un proceso judicial en el que sólo se acepte la participación de una de las partes", sostiene la entidad ultranacionalista.
Plataforma per la Llengua cree que se han violado tres artículos del Convenio Europeo de los Derechos Humanos: el que prohíbe discriminar (artículo 14) y los que establecen los derechos a un juicio equitativo (artículo 6.1) y a un recurso efectivo (artículo 13).
Piden la recusación del TSJC
La entidad subvencionada por la Generalitat también ha presentado un recurso ante el TSJC para que admita a trámite la recusación del tribunal -por ahora, inadmitida- que en julio suspendió cautelarmente el Decreto de Régimen Lingüístico del sistema educativo impulsado por la conselleria de Educación del Govern secesionista.
Según Plataforma per la Llengua, la decisión de no aceptarla en el caso "no fue unánime", puesto que de los cinco miembros del TSJC, dos emitieron un voto particular en contra y el voto clave que deshizo el empate fue el del juez Javier Aguayo, presidente de la sala contencioso-administrativa del TSJC.
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