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El número de personas que ya han sido beneficiadas por la amnistía al procés secesionista de Cataluña asciende al menos a 154 personas, entre condenados que han sido exonerados y absueltos que han visto cancelados sus antecedentes -incluidos los policiales- desde que la norma impulsada por el Gobierno a cambio del apoyo de sus socios parlamentarios de ERC y Junts entró en vigor el 10 de junio.

Entre esos beneficiados se encuentran encausados por delitos de malversación, prevaricación, desobediencia, desórdenes públicos, pertenencia a grupo criminal, tenencia de artefactos explosivos, delitos contra la seguridad vial, atentado contra la autoridad, delitos contra la integridad moral y lesiones.

El 'exconseller' Buch, entre los primeros... y Joana Ortega, la más reciente

Los primeros amnistiados fueron el exconseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch (Junts per Catalunya), y el escolta del expresident Carles Puigdemont, Lluís Escolà. Buch había sido condenado por malversación a cuatro años y medio de prisión por designar al mosso d'Esquadra Lluís Escolà -condenado a cuatro años por el mismo delito- como cargo de confianza para que escoltara al prófugo durante su huida de la justicia en Bélgica.

Más recientemente, esta misma semana, el Juzgado Penal 10 de Barcelona amnistió a la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega (CiU) de un presunto delito de quebrantamiento de condena por aceptar un cargo público mientras estaba inhabilitada durante nueve meses por su implicación en la consulta secesionista del 9 de noviembre de 2015.

Francesc Homs, exonerado de malversación

En la lista de beneficiados también figura la exalcaldesa de Figueres (Girona), que fue procesada por desobediencia y estaba a la espera de juicio por su participación en la preparación del referéndum ilegal ultranacionalista del 1 de octubre de 2017.

Asimismo, consta el caso de un exsecretario del Ayuntamiento de Hostalric (Girona), que fue condenado por prevaricación a nueve años de inhabilitación especial para empleo de cargo público por "exagerar" la actuación de un grupo de personas que acudieron al pueblo para retirar lazos amarillos y pancartas en apoyo al procés.

Al margen, el Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona amnistió la malversación que se le atribuía al exconseller de Presidencia de la Generalitat Francesc Homs (CiU) y al exsecretario de exteriores Senén Florensa. La juez entendió que los gastos que investigaba relativos a 2012 "no motivaron enriquecimiento o beneficio personal, sino que se destinaron a sufragar viajes y actividades de terceros, vinculadas a la promoción de la independencia de Cataluña" y que, a su entender, eran actos amnistiables.

Fiscalía calcula medio millar de beneficiados

Con más de 150 amnistiados en los apenas cuatro meses transcurridos desde que el Congreso -con los votos a favor del Gobierno de PSOE y Sumar y sus socios secesionistas- aprobó la ley, se calcula que el 31% de los encausados del 'procés' han sido amnistiados, dado que la Fiscalía General cifra en unos 486 los posibles beneficiados.

Según informó el Ministerio Público, la ley afectaría "aproximadamente" a 82 procedimientos penales que se encuentran actualmente en tramitación. Dichas causas se reparten entre el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y juzgados y tribunales de Cataluña.

Sin embargo, matizó que es posible que no se pueda aplicar la amnistía en los 82 procedimientos porque hay causas con delitos que no se incluyen en la ley -como por ejemplo, delitos de odio- en conjunto con otros que sí se contemplan en el texto legal.

Manifestantes exonerados

Desde que entró en vigor la ley, también se han visto beneficiados una treintena de manifestantes. Unos fueron condenados por un delito de atentado contra la autoridad durante las protestas y violentos disturbios del 1 de octubre de 2020 en Barcelona; otros, por diversas manifestaciones ultranacionalistas de Cataluña entre 2018 y 2019 a favor del procés.

El TSJC también amnistió a una persona que había sido condenada por un delito de tenencia de artefactos explosivos después de que en diciembre 2018 los Mossos d'Esquadra le requisaran la mochila en una manifestación.

Asimismo, en un juzgado de Solsona (Lleida) se amnistió a cuatro miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) que en agosto de 2023 intentaron boicotear, sin éxito, la Vuelta Ciclista a España, al intentar verter litros de aceite sobre la carretera al paso de los corredores.

Mossos, policías y guardias civiles

Del total de amnistiados hasta ahora, la mayoría (95) son agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre policías nacionales, guardias civiles y Mossos d'Esquadra.

Esta misma semana, fueron amnistiados 45 agentes de la Guardia Civil investigados por su actuación durante el referéndum ilegal ultranacionalista del 1 de octubre de 2017. El Juzgado de Instrucción Número 4 de Mataró les ha exonerado de responsabilidad penal al entender que los hechos que se les atribuyen encajan en la ley de amnistía. También ha aplicado la norma al exalcalde Marc Bosc y al concejal Eduard García, según ha publicado El Món.

Estos 45 se suman a otros 46 agentes de la Policía Nacional que ya fueron amnistiados semanas atrás en una investigación sobre las cargas del 1-O en colegios electorales de Barcelona.

En aquel caso, el juez consideró que debía aplicarse la amnistía porque "las actuaciones investigadas fueron de escasa duración individual" y estuvieron "enmarcadas en un objetivo policial definido" que no se prolongó en el tiempo "más allá de la propia maniobra policial de entrada y salida de los distintos colegios electorales".

La Audiencia de Barcelona, por su parte, amnistió a cuatro miembros de los Mossos d'Esquadra acusados de delitos contra la integridad moral y lesiones.

Dudas del Tribunal Supremo ante el Constitucional

Hasta ahora, todas las amnistías concedidas se han acordado en tribunales y juzgados con sede en Cataluña.

En cambio, otros tribunales han acordado esperar a aplicar la amnistía por las dudas sobre la legalidad y constitucionalidad de la ley. El Tribunal Supremo ha consultado ya al Tribunal Constitucional por la amnistía a los desórdenes públicos del procés al considerar que vulnera el derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica.

Por su parte, en la Audiencia Nacional y el TSJC han preguntado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la aplicabilidad de la ley a los delitos de terrorismo, desobediencia, prevaricación y malversación. Ya el pasado 1 de julio, el Supremo sí rechazó aplicar la amnistía al delito de malversación.

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