El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que este lunes su Ejecutivo ha puesto en marcha el reparto de 200 millones de euros para ayudas de alquiler para jóvenes. Lo ha dicho este jueves en Barcelona, 24 horas después de la gran manifestación celebrada por decenas de miles de personas en Madrid a favor del derecho a la vivienda.
Desde la capital catalana, Sánchez ha asegurado que el Gobierno pondrá en marcha un reglamento "para evitar los fraudes en contratos de alojamiento turístico y de temporada" y ha pedido a todas las administraciones con competencias en vivienda que "arrimen el hombro", llamando a que se aplique la Ley de Vivienda.
Esta ofrece "herramientas muy útiles a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas", ha dicho en una conferencia en el marco de la jornada 'World in Progress de Prisa'.
Prioridad "absoluta"
En el mismo encuentro, también ha asegurado que escucha con atención y comparte la demanda de la manifestación este domingo en Madrid por la vivienda, y ha avisado de que, si no se reacciona con contundencia ante este problema, la sociedad española acabará dividida en dos clases: "Y yo no quiero una España donde haya propietarios ricos e inquilinos pobres".
Ha defendido que su Gobierno ha fijado la vivienda como una prioridad absoluta, y ha destacado que en los 6 años que lleva gobernando se han aprobado "leyes pioneras", se ha multiplicado por 8 la inversión en vivienda hasta los 20.400 millones de euros y se está logrando contener las subidas de los precios del alquiler, según sus datos.
También ha puesto en valor el anuncio del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de la semana pasada para impulsar durante esta legislatura la construcción de 50.000 viviendas protegidas con una inversión de 4.400 millones de euros. "Es la senda que tenemos que continuar todas las administraciones conjuntamente. Ojalá todas las administraciones autonómicas y locales lo entiendan así de una vez por todas", ha subrayado.
Ley de resultados indeseados
Cataluña es, precisamente, la única región que ha aplicado el índice de precios a los alquileres en zonas declaradas tensionadas, y actualmente se aborda el desarrollo de un régimen sancionador para los propietarios que lo eviten. No obstante, los resultados son del todo indeseados, tal y como alertan voces del sector de forma reiterada y demuestran los datos.
Las medidas han empujado a los propietarios a dejar de ofrecer sus viviendas en el mercado permanente para hacerlo en el temporal o de habitaciones, libres de dicha regulación. De esta forma, se ha agravado la acuciante falta de oferta para la disparada demanda existente, y ha provocado también un aumento de precios.
Los contratos de alquiler han caído un 10% en las áreas tensionadas de Cataluña, mientras que Barcelona es la ciudad más cara de España para vivir. La capital catalana continúa como la capital de provincia con las rentas más altas, de hasta 21,6 euros por metro cuadrado, según los cálculos de Idealista.