Òmnium Cultural ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a la Escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) a impartir una segunda asignatura troncal en castellano.
En nombre de un grupo de familias, la entidad ha elevado así este jueves su ofensiva a la Corte de Garantías después de que el Tribunal Supremo avalara en octubre de 2023 la decisión de blindar una docencia mínima del 25% en lengua española. Se trata del primer recurso de amparo presentado por los afectados en los casos relacionados con la inmersión lingüística.
Si los magistrados consideran que no se vulnera ningún derecho, podrán entonces recurrir a la justicia europea.
"Pulso firme"
"Mantendremos el pulso firme contra un tribunal de parte, que ignora los criterios pedagógicos y se interpone al poder legislativo para imponer el castellano en las aulas", ha dicho el presidente de Òmnium, Xavier Antich, para el que "el TSJC utiliza casos como este para establecer un precedente que pretende generalizar todo el sistema educativo".
"Nuestra intención es seguir luchando y denunciar la vulneración los derechos de las familias y del alumnado que esta medida implica" con el objetivo de "elevar el caso hasta la justicia europea", ha añadido la entidad. También ha criticado duramente la intromisión judicial en la política educativa y lingüística de Cataluña.
El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich
"No aceptamos que un juez, que no ha sido elegido por nadie, tenga la legitimidad de desmantelar un modelo de escuela que cuenta con el apoyo de la comunidad educativa, de la inmensa mayoría de la sociedad y del 85% del Parlament de Cataluña", en palabras de Òmnium.
Pendiente de juicio
El caso tiene otra derivada en los juzgados. El titular de Instrucción número 12 de Barcelona anunció en mayo que enviaba a juicio a tres hombres acusados por presunto acoso a la alumna cuya familia hizo que se impartiera un 25% de clases en castellano en su escuela.
La acusación particular pide para ellos dos años de prisión por un delito contra el honor y otros cuatro años por un delito de odio.