La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) asegura que con el reciente acuerdo entre PSC y ERC, Cataluña recibirá hasta 13.200 millones de euros de la caja común del Estado. A través de un informe, el organismo dirigido por Ángel De la Fuente, apunta que la Generalitat elevará la financiación homogénea entre un 25% y un 50%. El documento también describe que si el Gobierno amplía el acuerdo a otros territorios sin pérdida de financiación, el Estado deberá ajustar su gasto o reducir las prestaciones de sus competencias. 



De la Fuente, recuerda que una tradicional reivindicación de Cataluña es la de eliminar el déficit fiscal de la comunidad autónoma con el Estado, o más bien la estimación de esta magnitud que la Generalitat calcula todos los años por el cuestionable procedimiento del flujo monetario.

Una brecha de 22.000 millones

De acuerdo con la última estimación de la Generalitat, la brecha entre lo que la comunidad aporta y recibe del Gobierno central rondaría los 22.000 millones de euros, casi el 10% del PIB, una estimación que "está muy sesgada al alza", plantea el experto.  Según FEDEA, para el último año en el que la comparación es posible (2014), el déficit de máximos que estima la Generalitat fue un 65% superior al calculado por el Ministerio de Hacienda con un enfoque de carga-beneficio que es lo más parecido a un estándar metodológico internacionalmente aceptado que existe en esta literatura.

La Fundación también concreta que los problemas se agravarían muy considerablemente si el nuevo sistema se extendiera a Madrid y Baleares, las otras dos regiones que son contribuyentes netas al modelo de financiación autonómica. 



El Estado perdería 37.500 millones de euros adicionales en ingresos tributarios y si los correspondientes cupos se negociasen con criterios similares a los que quieren imponer los nacionalistas catalanes, los ingresos netos del Estado se desplomarían. Con todo, Fedea calcula que extender la medida al resto de las comunidades de régimen común en las mismas condiciones costaría entre 31.000 y 62.000 millones de euros adicionales.

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