El número de personas que han sido beneficiadas por la amnistía al procés asciende al menos a 98, entre condenados que han sido exonerados y absueltos que han visto cancelados sus antecedentes, incluidos los policiales, desde que la norma entró en vigor el pasado 10 de junio. Ello se traduce en que, en el primer mes y medio de vida de la ley, el 20% de los encausados han sido amnistiados toda vez que la Fiscalía General calcula unos 486 posibles beneficiados.
No se encuentran entre ellos, sin embargo, el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y sus consellers Toni Comín y Lluís Puig, pues el Tribunal Supremo optó por mantener las causas por malversación, delitos que, en sus casos, no consideró amnistiables según lo descrito en el texto.
Todas las amnistías concedidas hasta ahora han sido acordadas en los tribunales y juzgados con sede en Cataluña. Se han visto beneficiadas personas encausadas por delitos de malversación, prevaricación, desobediencia, desórdenes públicos, pertenencia a grupo criminal, tenencia de artefactos explosivos, delitos contra la seguridad vial, atentado contra la autoridad, delitos contra la integridad moral y lesiones.
Seis amnistiados la última semana
Esta semana, un juzgado de Solsona (Lleida) ha amnistiado a cuatro miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que en agosto de 2023 intentaron boicotear sin éxito la Vuelta Ciclista a España.
Días antes, el Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona amnistió la malversación que se le atribuía al exconseller de Presidencia de la Generalitat Francesc Homs y al exsecretario de exteriores Senén Florensa. La juez entendió que los gastos que investigaba relativos a 2012 "no motivaron enriquecimiento o beneficio personal, sino que se destinaron a sufragar viajes y actividades de terceros, vinculadas a la promoción de la independencia de Catalunya" y que, por lo tanto, era actos amnistiables.
Buch y Escolà, los primeros amnistiados
Estos casos se suman a los 92 registrados en semanas anteriores. Los primeros fueron el exconseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, y el escolta del expresidente Carles Puigdemont, Lluís Escolà.
El exconseller de Interior de la Generalitat de Catalunya Miquel Buch, en 2023
El exconseller había sido condenado por malversación a cuatro años y medio de prisión por designar al mosso d'Esquadra Lluís Escolà, condenado a cuatro años por el mismo delito, como cargo de confianza para que escoltara al expresidente Puigdemont en el extranjero cuando huyó tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya.
Alcaldes y cargos municipales
En la lista de beneficiados también figura la exalcaldesa de Figueres (Girona), que fue procesada por desobediencia y se encontraba a la espera de juicio por su participación en la preparación del referéndum independentista del 1-O.
Asimismo, consta el caso de un exsecretario del Ayuntamiento de Hostalric (Girona), que fue condenado por prevaricación a 9 años de inhabilitación especial para empleo de cargo público por "exagerar" la actuación de un grupo de personas que acudieron al pueblo para retirar lazos amarillos y pancartas en apoyo al proceso independentista.
50 policías amnistiados
También han resultado amnistiados 46 agentes de la Policía Nacional que estaban siendo investigados por las cargas del 1-O en colegios electorales de Barcelona. El juez consideró que la amnistía debía ser aplicada en este caso porque "las actuaciones investigadas fueron de escasa duración individual" y estuvieron "enmarcadas en un objetivo policial definido" que no se prolongó en el tiempo "más allá de la propia maniobra policial de entrada y salida de los distintos colegios electorales".
Un furgón policial durante una manifestación convocada por Tsunami Democràtic en 2019
La Audiencia de Barcelona, por su parte, ha amnistiado a cuatro miembros de los Mossos d'Esquadra acusados de delitos contra la integridad moral y lesiones.
Una treintena de manifestantes
Al margen, la amnistía también ha afectado a una treintena de manifestantes en las últimas semanas. Unos habían sido condenados por un delito de atentado contra la autoridad durante las protestas del 1 de octubre de 2020 en Barcelona; otros por las manifestaciones en Catalunya entre 2018 y 2019 a favor del procés.
El TSJ catalán también ha amnistiado a una persona que había sido condenada por un delito de tenencia de artefactos explosivos después de que en diciembre 2018 los Mossos d'Esquadra le requisaran la mochila en una manifestación.
El hombre llevaba, entre otras cuestiones, una botella de plástico con un líquido "muy corrosivo que produce quemaduras en contacto con la piel, por ingestión o por inhalación de sus vapores" envuelta en cinta de embalar con la inscripción de "Puta España". El tribunal ha amnistiado también a otras dos personas que fueron absueltas en el mismo procedimiento.
Casi 500 personas se podrían beneficiar
La Fiscalía General del Estado calcula que 486 personas podrían beneficiarse de la norma. Según informó el Ministerio Público, la ley afectaría "aproximadamente" a 82 procedimientos penales que se encuentran actualmente en tramitación. Dichas causas se reparten entre el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y juzgados y tribunales de Cataluña.
Sin embargo, matizó que es posible que no se pueda aplicar la amnistía en los 82 procedimientos porque hay causas con delitos que no se incluyen en la ley, como por ejemplo, delitos de odio, en conjunto con otros que sí se contemplan en el texto legal.
A la espera del Constitucional
Hasta el momento, varios tribunales han acordado esperar a aplicar la amnistía ante las dudas que tienen sobre la legalidad de la ley. El Tribunal Supremo ha consultado ya al Tribunal Constitucional por la amnistía a los desórdenes públicos del procés al considerar que vulnera el derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica.
Al margen, el alto tribunal ha planteado a las acusaciones y defensas la posibilidad de consultar al Tribunal Constitucional sobre la redacción de la norma en lo relativo a los delitos de desobediencia. Está pendiente que resuelva qué va a hacer.
Por su parte, en la Audiencia Nacional y el TSJ de Catalunya han barajado preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la aplicabilidad de la ley a los delitos de terrorismo, desobediencia, prevaricación y malversación. De hecho, ya el pasado 1 de julio el Supremo rechazó aplicar la amnistía al delito de malversación en el caso de Puigdemont, Comín y Puig.