La Ley de Amnistía del procés impulsada por el Gobierno de PSOE y Sumar a cambio del apoyo de sus socios parlamentarios secesionistas (Junts y ERC) ha exonerado de juicio a los cuatro procesados por el corte de trenes de alta velocidad (AVE) en Girona durante las protestas del primer aniversario del referéndum ilegal y unilateral del 1-O.

Los cuatro investigados por dicho sabotaje han visto sobreseídas y archivadas las actuaciones judiciales en su contra, al serles aplicada dicha ley de impunidad por el juzgado penal 2 de Girona.

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Desórdenes públicos y desobediencia

Según la sentencia, la solicitud de la defensa, ejercida por el exdiputado de la CUP Benet Salellas y Montserrat Vinyets, obtuvo una respuesta favorable del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado.

La sentencia avala el sobreseimiento del procedimiento y su archivo por entender que la Ley de Amnistía impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez contempla un caso como éste en actos que tengan que ver con el proceso ultranacionalista catalán.
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Hasta cuatro años de prisión

Derogado previamente el delito de sedición por el propio Gobierno a la medida de sus socios secesionistas, la desobediencia y los desórdenes públicos son dos delitos relacionados con el corte del AVE de 2018.

Los cuatro acusados se arriesgaban a penas que podían llegar a hasta cuatro años de prisión y sanciones económicas por los perjuicios causados. Sin embargo, al estar relacionadas sus acciones con el golpe secesionista de Cataluña, y en el marco temporal que fija el artículo 1 de la Ley de Amnistía, ahora quedan impunes.

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