Un juzgado de Girona aplaza un juicio del 'procés' por la tramitación de la amnistía

Los privilegios a los presuntos autores de delitos cometidos desde el secesionismo catalán a lo largo del procés empieza a tener algunos efectos a raíz de la tramitación de la ley de amnistía impulsada por el Gobierno y sus socios secesionistas. En concreto, en forma de aplazamiento a un año vista del juicio a cuatro acusados de desórdenes públicos por haber cortado las vías del AVE en 2018.

El Juzgado de lo Penal número 2 de Girona ha suspendido dicho juicio, fijado para este mismo diciembre, con el visto bueno de la Abogacía del Estado y a pesar de la oposición de la Fiscalía. El argumento esgrimido es que la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía y su previsible aprobación "habría hecho inútil la celebración" de esta vista oral.

Así se desprende de una resolución judicial, recogida por Europa Press, en la que se suspende el señalamiento previsto para los días 12 y 13 de este mismo mes después de que la Abogacía del Estado señalase en un informe que, "de aprobarse" la citada ley -cuya constitucionalidad ha sido cuestionada desde numerosos ámbitos judiciales-, "implicaría la extinción de la responsabilidad criminal de los cuatro acusados".

Prebenda

En concreto, a los acusados se les señala por su presunta participación en el corte de vías de la línea del AVE el 1 de octubre de 2018, coincidiendo con el primer aniversario de la celebración del referéndum ilegal y unilateral de secesión de Cataluña del 1-O.

En ese mismo informe se aludía además al "coste personal y material que para los acusados, las restantes partes y la propia Administración de Justicia implicaría la celebración de un juicio oral que puede quedar vacío de contenido, sin efecto alguno, de aprobarse" la citada proposición de ley orgánica pactada por el Gobierno de PSOE y Sumar con ERC y Junts per Catalunya (JxCat).

Aplazamiento hasta dentro de un año

Así las cosas, el juzgado estima "como más juicioso posponer la fecha de juicio con un margen temporal suficiente para clarificar la situación legislativa", señalándolo así para el 11 y 12 de noviembre de 2024. Es decir, dentro de un año.

Todo ello, a pesar de que la Fiscalía manifestó su oposición a la suspensión del juicio alegando que se solicitaba en base a una ley no vigente en la actualidad, de tramitación previsiblemente larga y con un ámbito de aplicación incierto en relación a los hechos de autos.